Escala de Grises - Ningún problema mayor

El jueves 7 de julio, Rosaura Samantha Luna Sosa salió de su casa (ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán) con la intención de llegar a su trabajo. Ese fue el último día que se tuvo contacto con la joven de 20 años. Tras perder comunicación con Rosaura, las personas más cercanas a ella comenzaron a movilizarse.

Unas horas después de no obtener respuestas por parte de Samantha, sus familiares acudieron a la Fiscalía de Michoacán, donde se presentó una denuncia por desaparición. Sin embargo, a pesar de que ya habían pasado algunos días, las acciones de búsqueda no se realizaron de manera inmediata.

Conscientes de la violencia de género que se ha registrado en México durante los últimos años, la familia Luna Sosa exigió a las autoridades iniciar la búsqueda de Samantha para que no se convirtiera en una cifra más y pudiera regresar a casa con vida. Con la intención de brindar la mayor cantidad de información para ubicar a la joven, su familia informó que la última localización de su teléfono había sido registrada en Guanajuato.

A partir de lo anterior, se solicitó que el personal de seguridad en Michoacán trabajara junto con la Fiscalía de Guanajuato; sin embargo, la única respuesta que obtuvieron por parte de las autoridades estatales fue el silencio. El caso de Samantha llamó la atención de colectivas feministas, mismas que se pronunciaron en contra de que Rosaura se volviera parte de las estadísticas de desaparición.

Todavía el 18 de julio, en Morelia, se realizó una marcha pacífica para ejercer presión en la búsqueda. Las protestas y comunicados resultaron insuficientes. Tres días después de que fuera vista por última vez, su cuerpo [con huellas de violencia] fue localizado en Silao, municipio de Guanajuato.

Sin embargo, no fue hasta el lunes 15 de agosto que la familia Luna Sosa recibió la noticia. Pasaron 35 días para que la familia de Samantha supiera que la joven había sido encontrada sin vida. Colectivas feministas (como el Frente Violeta Michoacán), tras informar que el cuerpo de Samantha había sido ubicado en Guanajuato, convocaron a una concentración de luto, colecta de apoyo para los gastos funerarios y una protesta por el feminicidio, bajo la etiqueta #JusticiaParaSamantha.

La situación que involucra a las autoridades de Michoacán y Guanajuato tampoco ha pasado desapercibida en medios de comunicación y plataformas digitales. Y es que, una vez más, la desaparición y feminicidio de Samantha son una muestra de la nula perspectiva de género al momento de abordar denuncias como la realizada por la familia Luna Sosa.

A pesar de que la denuncia por desaparición se realizó a tan solo unas horas del último contacto, no hay evidencia alguna de que se realizaran las acciones de búsqueda correspondientes ni en Michoacán ni en Guanajuato. Aunque la familia proporcionó información clave para encontrar a Samantha (como la última ubicación en tiempo real del teléfono de Samantha) la denuncia no fue abordada con la urgencia necesaria.

Lo que nos lleva, una vez más, a lo evidente. La mayoría del personal en las fiscalías, ministerios públicos y personal de seguridad a nivel nacional no cuenta con la capacitación necesaria para abordar delitos derivados de la violencia de género, como ocurrió con la desaparición y posterior asesinato [feminicidio] de Samantha.

Ahora, como si todo lo anterior no fuera suficiente, el tiempo transcurrido entre la localización del cuerpo y la notificación a la familia se suman a la lista de incompetencias por parte de las autoridades. De acuerdo con las estadísticas, el mismo día en que asesinaron a Samantha, asesinaron a diez mujeres más. Hablemos de negligencia.

El caso de Samantha se suma a la lista de feminicidios ocurridos durante las últimas décadas. Del mismo modo, forma parte de la ola de violencia registrada en Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California. Dichas entidades han reportado bloqueos, quema de vehículos, homicidios, ataques a la población civil y diferentes disturbios que, inevitablemente, se han viralizado.

Sin embargo, mientras en Morelia se exige justicia por el feminicidio de Rosaura, el mismísimo presidente de México asegura que no hay “ningún problema mayor” en materia de seguridad y que todo es cuestión de perspectiva. Tal vez la perspectiva que maneja el presidente se basa en ignorar la violencia [de género, en lo que respecta a esta columna] que se vive en todo el país.

Todos los días asesinan a 11 mujeres por razones de género, pero no hay ningún problema mayor. Durante el primer semestre del 2022, 32 mujeres solicitaron auxilio a la Red Nacional de Refugios por ataques de violencia feminicida, pero no hay ningún problema mayor.

Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio del 2022 se registraron 87 feminicidios, la cifra más alta del año hasta el momento; pero no hay ningún problema mayor. Durante el primer semestre del año, se  reconoció que 329 mujeres fueron víctimas de trata de personas, pero no hay ningún problema mayor.

Y la lista en materia de violencia de género podría seguir si contemplamos las agresiones físicas, el abuso sexual y la violencia familiar, entre otros. ¿Cuál es un problema mayor, entonces? ¿Cuál es la cifra que encendería todos los focos rojos y movilizaría a los tres niveles de gobierno y a todas las instituciones?

El problema mayor está implícito en cada caso de violencia de género, en la forma que tienen las autoridades para no abordarlo, en la invisibilización y normalización de las agresiones, en la negación constante de los problemas estructurales que nos han llevado al punto en el que nos encontramos ahora.

¿Avanzamos?

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