EL DERECHO AL OLVIDO DIGITAL
En opinión de Hertino Avilés Albavera
Hertino Avilés Albavera 
El papel de la información se ha vuelto fundamental en la sociedad digital en la que vivimos hoy en día volviéndose un tema imprescindible, lo que por consecuencia genera inquietudes respecto al impacto de las plataformas tecnológicas; como los motores de búsqueda, los derechos legales de los usuarios como la permanencia, la difusión sin límites y la falta de contexto de la información que es expuesta en dichas plataformas.
Ante tales circunstancias existe una línea delgada entre la protección de datos personales y la libertad de expresión, posturas que sustentan cada una por su lado un derecho fundamental, Estos dos puntos de vista resaltan un conflicto entre derechos, dado que aceptar el derecho al olvido digital podría ser percibido como una suerte de censura, y por otro lado tenemos la vulneración de la privacidad de una persona, y es por eso que surge la necesidad de un marco normativo que equilibre ambas exigencias sin que una menoscabe a otra.
A pesar del constante medio digital que nos rodea hoy en día, México se ve sobrepasado ante las nuevas tecnologías en materia normativa y los debates que de estas se suscitan tal como en el caso del derecho al olvido, el cual busca proteger la privacidad y la dignidad de las personas en el entorno digital a través de la eliminación de información personal o sensible que ya no es relevante o precisa, especialmente cuando su presencia en internet puede causar daño o perjuicio injustificado a la persona.
Ante esto uno de los principales desafíos de establecerlo como un derecho es su naturaleza cambiante, pues el derecho digital requiere evolucionar constantemente de forma abrupta.
En este orden de ideas, es necesario no perder de vista que el derecho al olvido no implica la eliminación total y completa de la información, por el contrario, se refiere al debilitamiento de la conexión entre los datos personales del individuo y los resultados proporcionados por el motor de búsqueda. Esto porque la dificultad técnica para borrar completamente los datos representa un limitante, además de que su mala implementación podría considerarse como censura o una violación del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.
