Breves de Abogados y Políticos - CERT: La sombra de la prisión

Pretender engañar a un juzgado federal tiene graves consecuencias. Y a pesar de ello, muchos servidores públicos insisten en jugarle al vivo, sin pensar en que el problema crecerá como bola de nieve hasta que no podrán mentir más.

Sobran los casos en los que mentirle a un juzgador federal, ha significado el fin de la carrera burocrática del servidor público falsario. Pero nadie escarmienta en cabeza ajena y los funcionarios locales se siguen tropezando con la misma piedra.

Un caso emblemático fue el del contador Gerardo Casamata Gómez, en aquel entonces titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, quien tuvo que dejar el cargo y enfrentar procedimiento penal y administrativo, por haber mentido en un Informe rendido ante un juez federal.

El mismo camino parece que va a seguir la titular de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales (CERT), Mónica Isabel Loyde García.

Impuesta en el cargo por el ex diputado local y actual secretario de Desarrollo Sustentable, José Luis Galindo Cortés, la funcionaria actualmente está en aprietos y ni siquiera le ha dado cuenta a su jefe del estado procesal del Juicio de Amparo número 53/2023, donde tiene una orden tajante del Juez Tercero de Distrito: o remite las constancias que se le solicitan o (de momento) será sancionada con doscientas Unidades de Medida de Actualización (UMA).

¿Pero de qué constancias se trata? ¿Por qué no quiere remitirlas? Resulta que ante la interposición de un amparo en el que una ex trabajadora se quejó de que la titular de la dependencia referida, se negaba a expedirle constancia de servicios (para efectos de jubilación), al rendir su informe previo Mónica Isabel Loyde García, simplemente negó el acto reclamado y argumentó que no le correspondía a ella entregar la documental referida, por no tener atribuciones.

Al ser ampliada la demanda de amparo, donde se exhibieron como prueba en copia simple los oficios 0278 y 0279, que ella misma firmó y que se trata de constancias de servicios expedidas a diversas personas, comenzó a ponerse el asunto color de hormiga. Dicen que “a una mentira le va pisando los talones otra mentira” y en el caso se confirma eso, pues al ser requerida de presentar en copia certificada los referidos los oficios 0278 y 0279, tuvo que recurrir a la falsedad nuevamente y argumentó que no existían dichos oficios, sino que los que había eran los números 278 y 279 (o sea sin el “0” a la izquierda). Al serle requeridos estos últimos, de plano se le “hizo bolas el engrudo” y recurrió a otra mentira, ahora para informar al juzgado que “realizó una búsqueda minuciosa en los documentos a su resguardo” y no los halló.

Presentar las documentales citadas, acreditaría plenamente que mintió en sus informes Previo y Justificado, pues argumentó que no tenía atribuciones para expedir dichas constancias -siendo que si las tiene-, lo cual en términos del artículo 262 de la Ley de Amparo, se penaliza con pena de prisión de hasta nueve años, multa e inhabilitación del servidor público que resulte responsable del informe falso.

Pareciera que la señora Loyde García desconoce que existe una Ley de Archivos; que en la burocracia se manejan minutarios y que existen procedimientos para el resguardo de la documentación original que expiden las dependencias. No se puede argumentar simplemente que “se realizó una minuciosa búsqueda” y así escurrir el problema.

Obvio que tanta mentira insultó la inteligencia del juzgador que por ahora ha hecho el tajante apercibimiento de multa, pero de persistir en la conducta contumaz, seguiría el resto de las sanciones previstas en el artículo mencionado, es decir la inhabilitación y procesamiento penal.

Es el problema cuando se improvisan funcionarios y se contrata a los amigos o aquellos que ayudaron en la campaña, tal y como lo hizo el ex diputado José Luis Galindo Cortés, quien por cierto, de desarrollo sustentable sabe nada.