Van empresarios contra la Ley de Videovigilancia
A través de diversos amparos interpuestos ante la justicia federal
Obliga entregar grabaciones de sus cámaras, sin una orden judicial
Guadalupe Flores
Los empresarios de Morelos iniciaron un proceso jurídico para echar abajo la Ley de Videoviligancia porque obliga a los negocios y condominios a entregar a la Fiscal General del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad una copia de las grabaciones de una cámara de seguridad, sin una orden judicial. Además, obliga a los establecimientos a instalar cámaras.
La Ley publicada en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el pasado 13 de agosto es una violación a la privacidad de los morelenses, mientras que en el caso de los negocios no respeta la privacidad de los clientes, según los empresarios.
La ley establece como plazo, a partir de su entrada en vigor el pasado 13 de agosto, 180 días para el cumplimiento de la instalación de aparatos de videograbación con el supuesto de inhibir delitos.
Por ello, a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), interpusieron cuatro demandas de amparo para detener la aplicación de la mencionada ley.
En conferencia de prensa, Antonio Sánchez Purón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco) en Cuernavaca, dijo que la ley transgrede los derechos fundamentales de los morelenses.
Aunque subrayó que la seguridad pública es de interés común, pero no puede transgredir la privacidad de las personas. Además lamentó que no fueron contemplados en la creación de la ley por el Congreso del estado cuando los obliga a instalar cámaras y a colaborar con sus grabaciones, incluso aunque sean conversaciones privadas y a entregar información personal de los trabajadores del establecimiento.
Mientras el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Israel Hernández Cruz dijo: “es inconstitucional esta ley, porque autoriza al responsable de un establecimiento a colocar e instalar cámaras no solo de imagen si no de audio y se puede estar grabando una conversación privada, y un comunicación privada no puede ser grabada de manera clandestina sin una orden judicial, esta Ley viola el derecho a la privacidad de las personas aunque estén en un lugar público”.
