Un “infierno”, los penales de Morelos: Martínez Cruz
Para la CIDH existen “grupos de poder” que asuelan el penal de Atlacholoaya
Juan Lagunas
Para José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, existen “grupos de poder” que asuelan el penal de Atlacholoaya, donde, este jueves, se registró otro conflicto violento, que trajo consigo dos decesos. Todos los centros de reclusión son “un infierno”.
Luego de comparar estos espacios con un “erebo”, dijo que las personas fueron privadas de su libertad, “porque cometieron algún delito”; en algunos casos, “graves”, por lo que tuvieron que apartarlas, al convertirse en “presos de alta peligrosidad”. Sin embargo, “hay muchos que están sujetos a proceso todavía; ni siquiera están sentenciados”.
Algunos de ellos, adujo, “aunque están separados, cuando hay motines, pues pueden llegar a donde sea”. De esta forma, planteó “una revisión a fondo de las condiciones carcelarias”; sobre todo, en lo que compete al Sistema de Readaptación Social, a efecto de que (como último eslabón de la procuración de justicia) se “cumpla con los objetivos de readaptación”.
Asimismo, y ante situaciones de “crisis” (como la suscitada recientemente, en que fueron asesinadas dos personas, como lo confirmó el gobierno del estado, a través de un comunicado oficial), lejos de que la autoridad minimice o “niegue información”, demandó que haya “claridad”, con el objeto de que, cuando exista “omisión de directivos”, éstos sean sancionados y “separados de su cargo”.
Martínez Cruz agregó que los funcionarios involucrados en estas deficiencias tienen que ser “sujetos a proceso, cuando incurren en incumplimiento”, que desemboca en “pérdidas de vidas humanas”.
Además, añadió que, ante el nuevo motín, la lectura es que: “… no hay atención a las causas que dieron origen a ese conflicto y que, por lo tanto, no basta con enviar 28 reos peligrosos a otra cárcel, sino, verdaderamente, atender el problema de fondo”; o sea, “grupos de ´poder que controlan los negocios dentro del penal”, con la complicidad de servidores públicos: “custodios y gente de fuera”.
Afirmó que “no se puede entender” cómo algunos custodios tienen el control de “áreas completas”, donde se da cabida a teléfonos móviles, armas y otros objetos prohibidos: “no deberían estar permitidos, según el reglamento”.
