Tiene el gobierno deuda de 30 años con los pueblos originarios
Gerardo Suarez Dorantes 
La reciente reestructuración reglamentaria responde a una demanda de más de 30 años de los pueblos originarios para ser reconocidos como sujetos de derecho público, señaló Carlos Ángel Matías Montoya, titular de la delegación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Morelos.
Esta reivindicación, dijo, se ha convertido en realidad y marca un paso significativo en la lucha por los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas del estado tras señalar como histórico para los hermanos y autoridades de las comunidades indígenas y afromexicanas de Morelos sean reconocidos expresó Matías Montoya.
Tras enfatizar que la reforma constitucional al artículo 2 es un paso crucial, y que ahora el reto es avanzar en la Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afros, que materialice derechos sobre recursos propios, lengua, medicina tradicional y sistemas normativos indígenas.
La conferencia "Reforma Constitucional, Armonización Legislativa y Presupuesto Directo", impartida por Hugo Aguilar Ortiz, Coordinador General de Derechos Indígenas del INPI, fue organizada junto al Congreso del Estado de Morelos a través de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Pueblos Indígenas.
Durante este evento, se destacó el creciente interés de las comunidades originarias y afrodescendientes en los avances sobre la reforma constitucional, subrayando la participación activa de estas comunidades en la discusión de sus derechos.
Matías Montoya resaltó el trabajo conjunto entre la Diputada Indígena Guillermina Maya, el INPI y las autoridades comunitarias para homologar la reforma al artículo 2, y subrayó que la armonización legislativa aún es un desafío importante. Sin embargo, confió en que, con el apoyo de los diputados y las comunidades, se logrará una legislación en Morelos que garantice los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en congruencia con la reforma nacional.
