Serpientes y escaleras - ¿Y la oposición?

Nunca un partido político había tenido un escenario tan fácil para ganar.

¿Y la oposición?

Desde hace años la oposición desapareció en Morelos; no importa quien sea el gobernador ni cómo lo haga, los partidos políticos distintos al que gobierna perdieron el brillo y el empuje que tuvieron décadas atrás. Hoy todo es posible en la tierra de Zapata, el triunfo electoral se convierte en una patente de Corso que permite a quien ejerce el poder hacer lo que quiera sin temer a las consecuencias. Sin oposición, los gobernantes se convirtieron en reyes.

Analiza lectora lector queridos: ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a un dirigente partidista alzar la voz contra los actos de autoridad, frente a los problemas sociales o ante los abusos de quienes manejan la administración pública? Y me refiero a lo que ocurre en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes del estado, no importa de qué partido o persona se trate; la única oposición que existe en Morelos proviene de los ciudadanos.

En los municipios hemos sido testigos mudos de infinidad de excesos, abusos y actos que visiblemente violentan la ley; los presidentes municipales hacen y deshacen en complicidad con sus cabildos, endeudan las comunas, contratan créditos millonarios y comprometen las finanzas más allá de su periodo sin que nadie haga o diga nada. En algunos casos, como en Cuernavaca y Jiutepec, los ediles salientes han echado mano de forma ilegal de los recursos de la próxima administración sin que pase nada.

¿Y qué decir de los congresos? Desde hace varias legislaturas el parlamento se convirtió en la cueva de Alí Babá, un lugar donde predominan las componendas, se privilegian los intereses personales y se acude con el único objetivo de hacer dinero. Las últimas tres legislaturas han recibido más de 500 millones de pesos anuales en promedio, de los cuales meno del 20% (¡veinte por ciento!) se destina a la operación y pago de salarios; el resto se reparte de manera discrecional entre los integrantes de la cámara. Los actuales legisladores, por ejemplo, reciben más de 400 mil pesos al mes.

El caso del gobierno estatal no es distinto: todos los gobernantes del presente siglo han tenido manga ancha para actuar, se asumen como la autoridad suprema por encima de los otros dos poderes, contratan créditos millonarios, asignan la obra de manera directa a sus amigos, encarecen los costos de los contratos, utilizan la cláusula de transferencia para jugar con los números y designan funcionarios que no cumplen los requisitos que marca la ley. ¿Alguien dice o hace algo? No.

Al voltear al poder judicial la dinámica sigue siendo la misma: el órgano impartidor de justicia ha venido a menos bajo la presidencia de personas sin escrúpulos que le ponen precio a sus fallos, que se vinculan con delincuentes, que protegen actos fuera de la ley y utilizan el presupuesto para enriquecerse. Desde hace años al TSJ le urge modernizarse tanto en los procesos como en la infraestructura, pero eso no ha sido posible porque la prioridad de los últimos magistrados ha sido el negocio y la componenda política con el gobernante en turno.  

El panorama es lamentable por donde se vea, sobre todo porque los morelenses nos hemos acostumbrado a ello; todos los días vemos situaciones graves que involucran a autoridades o personajes de poder, que reflejan actos de corrupción, hechos de sangre o desprecio social, pero no importa de lo que se trate, sabemos que nunca pasa nada.

La pasividad opositora en la que se encuentra el estado desde hace años ha provocado, entre otras cosas, el deterioro de la clase política local; es tan notorio el descrédito de los partidos políticos, todos, que los integrantes de las distintas fuerzas han quedado en el olvido y con muy poco margen de maniobra.

Atrás quedaron los líderes políticos que alzaban la voz, que marcaban agenda y encabezaban movimientos sociales; aquellos que en años recientes presumían liderazgo y estructura han sido borrados, los que inferían liderazgo en campaña fueron olvidados y de los que ocupaban cargos importantes en el pasado reciente ya no se sabe nada.

Esta historia no corresponde a un solo partido político, aplica en todos los casos, incluidos aquellos que participan en el gobierno. La poderosa legislatura que acompañó a Graco Ramírez durante la segunda mitad del sexenio pasó al olvido y todos sus integrantes quedaron hundidos en el descrédito; lo mismo ocurrió con la anterior, de la cual solo dos personas se mantienen vigentes en el gabinete, pero no porque hayan hecho un buen trabajo, sino porque el gobernador los aprecia.

De cara al proceso electoral venidero es difícil pensar que exista una verdadera oposición política más allá de la suma de siglas; el reto del partido gobernante estará en superar las diferencias internas y evitar una división antes de ir a las urnas. En los últimos años la crítica más fuerte que ha recibido el jefe del ejecutivo ha venido del partido que lo impulsó en el 2018, pero incluso ese reproche ha sido borrado por el respaldo presidencial.

Lo mismo que a nivel nacional, en Morelos la única oposición que tiene la clase gobernante proviene de la sociedad, de todos aquellos que están molestos con la manera como se ejerce el poder en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes del estado, y que se dan cuenta que más allá de las siglas, entre la clase gobernante existe complicidad para que no cambie el status quo de las cosas.

Los partidos políticos han perdido el rumbo, la ideología y el compromiso social, de ahí su desaparición del plano público. Incluso las oficinas de estas organizaciones dejaron de funcionar, se convirtieron en espacios vacíos, en desuso, sin personal, sin representatividad, ni militancia. Todo el dinero de las prerrogativas se los llevan los dirigentes y en algunos casos ni siquiera se toman la molestia de tener instalaciones.

La contienda del 2024 será entre el partido gobernante y la sociedad, entre aquellos que siguen convencidos de que el Movimiento de Regeneración Nacional es bueno (o menos malo que los demás), que quieren que cambie el rumbo de las instituciones y no están de acuerdo con la manera como se gobierna.

El enfado social ante la situación que vivimos es evidente, lo que no hay es alguien que articule las inconformidades, pero sobre todo que ofrezca una opción real, viable y confiable para cambiar lo que ya conocemos.

El reto está ahí: en que realmente haya oposición.

• posdata

Los diputados morelenses se reconciliaron, afirman que trabajarán a marchas forzadas (dos veces por semana), para recuperar el tiempo perdido y sacar adelante la agenda parlamentaria. A pesar de los buenos deseos, el primer intento de avanzar en los nombramientos pendientes fracasó.

En algunos temas el andar de los legisladores será difícil porque representa un encontronazo de ideas e intereses que no se resuelven de la noche a la mañana; la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización es un punto difícil de resolver, lo mismo que el resto de las designaciones.

Para que los meses que restan al primer año de trabajo legislativo no queden en blanco, nuestros representantes populares podrían entrarle al tema de las pensiones doradas, un fraude multimillonario cometido en la legislatura antepasada que representa un golpe mayúsculo a las finanzas públicas y un acto violatorio de la ley.

El tema se operó desde el congreso: funcionarios legislativos vendían las pensiones en 250 mil pesos, armaban los expedientes en complicidad con autoridades municipales, como las de Puente de Ixtla y se votaron en el pleno a sabiendas que era un fraude.

Clarificar el timo es simple, basta comparar las constancias expedidas por los ayuntamientos y cotejarlas con las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hablamos de cientos de expedientes falseados, de simulaciones que permitieron a los beneficiarios obtener pensiones vitalicias que van desde los 20 hasta los 60 mil pesos mensuales.

La historia representa un fraude millonario cometido en una legislatura graquista (la 53); el único punto de unión con esa historia lo representa Karina Arteaga, esposa del diputado Julio César Solís, a quien la Fiscalía Anticorrupción vinculó a proceso y luego, cuando el marido se volvió representante popular, le concedieron beneficios supralegales para no rendir cuentas por sus actos.

La complicidad para proteger a la esposa del legislador en este fraude millonario es evidente; el esfuerzo para no relacionarla con este fraude permite al resto de los participantes gozar de impunidad.

Así es la historia en los congresos: siempre hay un ladrón y muchos corruptos que lo protegen bajo la máxima de: “hoy por ti, mañana por mí”.

• nota

A propósito de las pensionnes doradas, esto informó la semana la Fiscalía Anticorrupción de Morelos:

“Por el delito de Fraude Procesal fue imputada una exempleada del Congreso de Morelos, después de trabajar sólo tres meses en el recinto legislativo, obtuvo su pensión por jubilación al presuntamente entregar constancias que acreditaban más de 19 años de labor en el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, pese a que durante ese tiempo estuvo en el sector privado.

Este miércoles, 6 de julio de 2022, en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, la Fiscalía Anticorrupción imputó a Araceli “N”, quien presuntamente, con el propósito de obtener de forma ilegal una pensión por 23 mil pesos mensuales, presentó una constancia por 19 años, un mes y siete días de trabajo del ayuntamiento de Puente de Ixtla, desde 1998 al 31 de enero de 2017, sin embargo, tras las investigaciones realizadas, se logró saber que esto no era cierto.

De acuerdo a los datos relacionados con la causa penal JC/1193/2021, al presentar el documento falso, Araceli, quién estuvo colaborando con el Partido Social Demócrata desde el 16 de mayo del 2017 al 23 de agosto del mismo año, ganando 35 mil pesos al mes, hizo incurrir al Congreso en un error y logró obtener su pensión por 23 mil pesos mensuales.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción demuestran que en el período que supuestamente Araceli trabajó para el Ayuntamiento,  realmente estuvo laborando para el sector privado, incluso, los informes del Instituto Mexicano del Seguro Social confirmaron que en este tiempo trabajó en empresas privadas, algunas de ellas ubicadas en la Ciudad de México.

El Juez impuso como medida cautelar contra Araceli “N” firma mensual ante la UMECA, en tanto, otorgó 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso.”

• post it

Afirma el exalcalde Antonio Villalobos que no le preocupan las acusaciones que en su contra existen por supuestos actos de corrupción o desvío de recursos. Entre los temas que carga a cuestas están el uso de recursos públicos por concepto de impuesto predial, correspondientes a la siguiente administración y la retención de dinero de los trabajadores del Sapac que no fue enterado al Instituto de Crédito.

Los hechos están comprobados y se realizaron con la complicidad del cuerpo edilicio; ambos ameritan sanciones que incluyen la reparación del daño.

En Antonio Villalobos el fiscal Juan Salazar tiene la oportunidad de mostrar que su lucha contra la corrupción es real; los delitos cometidos existen y políticamente hablando el sujeto no goza de ningún tipo de protección: esta distanciado de su sucesor, enfrentado con el gobernador, es repudiado por los partidos políticos y quedó socialmente desprestigiado.

Al menos en este caso la FECC puede hacer que la ley se aplique.

• redes sociales

La regidora Patricia Torres ya presentó denuncia por los hechos ocurridos en el paseo Ribereño; más allá de su personalidad, la dama está en su derecho de actuar en un asunto que afectó su salud y la tiene en riesgo de perder una extremidad.

El regidor panista Fernando Carrillo rechazó la solicitud de apoyo de la concejal bajo el argumento que “él también se lastimó”; el machismo del tipo puede fácilmente ser interpretado como una agresión de género.

La postura de los panistas es condenable no solo por su falta de solidaridad y empatía con la desgracia de una mujer que se lesionó trabajando, también porque se asumen como los propietarios del ayuntamiento.

Los hermanos Martínez Terrazas no tienen calidad humana ni moral; el daño que provocan al alcalde José Luis Urióstegui en breve será irreversible.

Comentarios para una columna optimista: eolopacheco@elregional.com.mx

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