Observador político - ¿Otra vez sin agua Cuernavaca por la crisis del SAPAC?

Diversos  sectores de la población que no han sufrido la carencia del agua en Cuernavaca -sí ocurrió en la mayoría de las colonias populares el año pasado-, podrían empezar a solidarse y exigir, de una vez por todas, que haya una solución y se castigue a los corruptos y ladrones, aquellos personajes que se enriquecieron en tan poco tiempo a costa de los ciudadanos capitalinos.

¿HABRÁ IMPUNIDAD? Es absurdo, inaudito, irrisible, ofensivo y grosero que pese a todo el saqueo financiero y los daños severos que sufrió y padeció la población al no tener por semanas y en muchos lugares hasta por meses pese a pagar servicio, jamás se les haya practicado una investigación y las auditorías necesarias para sancionar y castigar penalmente a quienes hayan incurrido en diversos delitos como la malversación de recursos, pero además, que se les inhabilite para no volver a ocupar algún cargo público en razón de que sin tener problemas por el dinero, los que se beneficiaron por prácticas ilícitas al interior del SAPAC volverán en los próximos comicios y buscarán ser representantes populares y/o integrarse en cargos de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Urge un castigo ejemplar contra los saqueadores del sistema operador del agua.

Hay que mencionar que diversos actores políticos y medios han señalado que el “Lobo” no recibirá su castigo y señalan de un posible acuerdo con José Luis Urióstegui Salgado, y como ejemplo argumentan que el abogado tenía gente de su confianza trabajando en la pasada administración, sin embargo, no fue el único ya que todos los regidores en su momento, se beneficiaron y lograron colocar a un número de empleados en diversas áreas del Ayuntamiento, desde Romualdo Salgado Valle, Irving Morales Escobar, Gerardo Enrique Güemes Manzo, Jesús Martínez Dorantes, Ulises Vargas Estrada y Adrián Martínez Estrada, además de las regidores que alcanzó a meter en ese proceso el único candidato independiente que se mantuvo en los primeros lugares de la votación por encima de los partidos como el PRI, PRD, Verde, entre otros.

Razón por la cual, los espacios que se les ofrece a los regidores es parte de la famosa cogobernabilidad y evitar que los concejales sean los primeros en generar una ingobernabilidad al interior del Ayuntamiento, algo que sucede en todos los municipios sin excepción.

Empero, Urióstegui Salgado, un especialista en cuestiones jurídicas tendrá que dar un golpe en la mesa y con toda la información que tiene, de presuntos actos ilícitos y donde la corrupción es la constante, se tendrá que presentar la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia, para mantener su idilio con la gente que lo llevó al triunfo en la elección del año pasado y al mismo tiempo, sentar un precedente para que quien pretenda hacer negocios al margen de la Ley, lo piense dos veces.

Ahora es el momento de que, con la información de la entrega recepción y las auditorías se presente la querella y se rompa con cualquier posible acuerdo. Algunos personajes de la pasada administración sobresalen para investigarlos por el poder y formas en cómo se presume se beneficiaron con los recursos públicos como fue el caso del ex tesorero y la ex titular de la Oficina de la Presidencia que presidió Laura Mendizal.

Por lo tanto, la crisis económica que se vive en el SAPAC sí puede afectar y de fea manera la distribución del agua potable porque, no ha podido regularizarse ya no la deuda de 300 millones de pesos que tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es decir, no ha podido pagar el servicio de energía eléctrica que gasta cada mes y eso fue suficiente para suspender la energía en algunos pozos como el del mercado Adolfo López Mateos, donde hay miles de comerciantes y personas que todos los días acuden a comprar su mandado.

En conclusión, la crisis del agua potable sí puede mermar el servicio y con ello, no solo la molestia sino las reacciones sociales que serán bien aprovechadas por la oposición para ponerle piedras en el camino a la actual administración.

puntual además de que buscarán contrarrestar la cartera vencida ya que actualmente se tiene

DEBEN RENUNCIAR EN LA ESAF.- Lo que sucede en el órgano operador del agua en la capital debe ser considerado como un monumento a la corrupción en donde muchos actores políticos son corresponsables, pero no es la única instancia, y como ejemplo de ello está el propio Ayuntamiento de Cuernavaca donde no se cantan mal las rancheras por los excesos, abusos y actos ilícitos que se cometieron en los últimos seis años pero sobre todo, en el trienio pasado de Antonio Villalobos Adán.

Por lo tanto, por esta y otras razones, América López Rodríguez, la titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, así como Caros Fernando Martínez Martínez, auditor especial de la Hacienda Pública Estatal;  Jorge Guevara Ramírez, titular de la Auditoría Especial de la Hacienda Pública Municipal;  Anahí Coral Castillo Martínez, Auditoría Especial de Organismos Públicos “B”; José Luis Heredia Guzmán, dirección general Jurídico; , Giovanna María González Cerezo, director general de Administración; y María de la Luz Peralta Rodríguez, directora general de Capacitación, todos de la ESAF por decencia tendrían que presentar sus renuncias al saber el severo daño que le ha causado a  la población morelense, por la omisión en la que han incurrido al ser cómplices de los excesos y abusos financieros que han incurrido durante años los presidentes municipales, las autoridades estatales, instituciones y órganos paraestatales.

Sin embargo, los groseros ingresos que perciben y que van desde los más de 110 mil pesos hasta los 66 mil hacen que esos espacios sean económicamente apetitosos y por ningún motivo permitirán que se los arrebaten, sin importarles que no tengan el perfil para ocupar esos cargos y mucho menos desempeñen un buen trabajo en favor de la sociedad.

Incluso, hay que recordar que la ESAF se ha convertido en el terror de los alcaldes que quieren algunos diputados como sucedió en las legislaturas LIII y LIV, sobre todo cuando se manifestaban los alcaldes en contra de las reformas constitucionales que desde el Congreso las aprobaba, como sucedió con el incremento en el número de legisladores que pretendían los de la pasada legislatura después de que ellos mismos decidieron reducir de 30 a 20 las curules en el Congreso de Morelos.

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