Serpientes y escaleras - Uriel, la historia sigue

Las acciones legales contra el fiscal de Morelos continúan, ahora al detener a funcionarios de la Fiscalía de Feminicidios.

Uriel, la historia sigue

El proceso en contra del fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara parece haber entrado a una nueva etapa luego del operativo que el viernes pasado implementaron elementos de la Marina Armada de México, Sedena y Guardia Nacional en coordinación con la CES en las instalaciones de la Fiscalía de Feminicidios de Morelos. La historia que vemos es inédita, no tiene un antecedente en la entidad y marca un antes y un después en la forma de actuar del Estado Mexicano. Las detenciones van a continuar.

El primer paso del gobierno federal fue contra del titular de la FGE el 04 de agosto, cuando fuerzas federales rodearon su casa y luego de varias horas el acusado se entregó de manera voluntaria para ser trasladado a la Ciudad de México e ingresado al Reclusorio Sur. La actuación de la Marina fue considerada como un exceso de fuerza y una violación al fuero constitucional del fiscal, argumentos que fueron aceptados por el Juzgado Décimo de Distrito, quien hace un par de semanas concedió a Carmona Gándara una suspensión para que saliera inmediatamente de la cárcel. La respuesta de la Fiscalía de la Ciudad de México fue una segunda orden de aprehensión.

Días más tarde los abogados del fiscal morelense obtuvieron un nuevo amparo, pero antes de que lo hicieran valer, las autoridades capitalinas cumplimentaron una tercera orden de aprehensión; previamente el inculpado fue cambiado de cárcel: de manera repentina lo sacaron del Reclusorio Sur de la Ciudad de México y lo ingresaron al Centro de Readaptación Social Federal de Alta Seguridad del Altiplano en el Estado de México, una prisión que alberga a delincuentes de alta peligrosidad, como Ovidio Guzmán y La Tuta.

Hasta ese momento las acciones solo involucraban a Uriel Carmona, pero de acuerdo con las filtraciones pareciera que el fiscal es la pieza central de un engranaje que mueve diversas acciones ilegales desde la fiscalía, pero no el único involucrado en hechos ilícitos; los primeros datos revelados muestran diversos nombres, entre ellos de manera sobresaliente el del presidente municipal de Cuernavaca José Luis Urióstegui Salgado y el del diputado local Alejandro Martínez, este último relacionado con un secuestro.

La tarde del viernes pasado la historia dio un giro cuando un numeroso convoy federal cercó las instalaciones de la Fiscalía de Feminicidios y detuvo a dos personas relacionadas con el caso de la joven Ariadna Fernanda, el mismo que originó la detención del fiscal Uriel Carmona Gándara. Detengámonos en este punto.

Las investigaciones que realizan autoridades capitalinas y federales en torno al fiscal de Morelos incluyen el feminicidio de Ariadna Fernanda, pero no es el único delito que atribuyen a Uriel Carmona; la importancia de este caso es evidente más allá de la gravedad de lo ocurrido, porque se trata del punto a través del cual se pudo encarcelar al titular de la FGE Morelos y por el cual se suscitaría su relevo del cargo. Como Fiscal, Uriel Carmona goza de fuero constitucional, al dejar de serlo deberá enfrentar este y cualquier otra acusación sin inmunidad legal.

El duelo que libran las autoridades capitalinas y la defensa del fiscal es jurídico y político al mismo tiempo, Uriel Carmona es responsabilizado por diversas acciones y omisiones en el caso, pero también recibe una enorme presión política de diversas instituciones afines a la 4T; su defensa argumenta y expone razones constitucionales por las cuales el funcionario estatal debería ser liberado a pesar de su evidente responsabilidad en el caso y tiene de su lado al poder judicial, que a pesar de que los jueces aparentemente actúan conforme a derecho, hay evidencia de su enfado contra los gobiernos de Morena y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador luego del recorte a su presupuesto.

Precisamente por esto último, porque la animadversión del Poder Judicial contra la 4T es visible, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ha ampliado el espectro y comenzó a detener a más funcionarios involucrados en el caso de Ariadna Fernanda; a la FJCDMX le urge sumar elementos de prueba contra el fiscal para evitar que, como ha sucedido ya en dos ocasiones, un juez ordene su liberación inmediata y no les quede más que dejarlo salir.

Pero a diferencia del fiscal, los servidores públicos que fueron detenidos el viernes pasado no tienen fuero constitucional y por tanto deben responder por delitos estatales y quizá federales al mismo tiempo, dependiendo de lo que contengan las denuncias que hay en su contra. Para estas personas la situación es sumamente complicada porque momentáneamente ya perdieron su libertad y podrían quedar en prisión por varios años, lo cual, además, acabaría con sus carreras profesionales y afectaría drásticamente su vida.

Aquí comienzan las preguntas ¿Aguantarán los funcionarios detenidos la presión de las autoridades? ¿Estarán dispuestos a ir a la cárcel y arruinar su futuro por el fiscal? ¿O negociarán bajo el formato jurídico de Criterio de Oportunidad?

Entendamos algo: la FJCDMX y la FGR van tras el fiscal Uriel Carmona, les urge retirarle el fuero constitucional porque es el único argumento que su defensa han manejado sus abogados. Lográndolo, todo lo demás será mucho más fácil porque ya no podrá ser liberado y entonces sí presentarán todas las carpetas de investigación que tienen armadas y que no se han presentado precisamente porque el fiscal cuenta con fuero constitucional.

La lucha ha entrado en un momento crucial que puede ser definitivo en el desenlace de la historia: si los detenidos negocian su libertad o una pena menor a cambio de un trato preferencial y aportan pruebas que fortalezcan el caso contra el fiscal, lo que sigue involucra a muchos personajes de la vida pública cuyos nombres están relacionados con Uriel Carmona y que habrían participado en actos fuera de la ley.

Las filtraciones de las últimas semanas sobre las carpetas de investigación contra Uriel Carmona no son casuales, porque aunque formalmente no forman parte del proceso jurídico ni han sido avaladas por ninguna autoridad, de lo que se trata es de exponer públicamente lo que está ocurriendo al interior de la Fiscalía de Morelos y la importancia que tiene la actuación de las autoridades federales en el caso.

Vayamos más allá: en este momento ya hay más detenidos por el caso de Ariadna Fernanda, además del fiscal Uriel Carmona Gándara, desde el viernes están encarcelados algunos funcionarios más y vista esta acción queda claro que las autoridades seguirán presionando y actuando contra quienes consideren parte del proceso o puedan aportar elementos. ¿Quiénes están en la mira? ¿A cuántos más detendrá la Marina? ¿Involucrarán estas acciones a familiares de funcionarios de la FGE o del propio fiscal?

Lo cierto es que esta historia no ha terminado y no terminará hasta que Uriel Carmona sea relevado del cargo.

·         posdata

Los defensores de Uriel Carmona argumentan que el fiscal fue detenido de forma ilegal porque goza de fuero y su captura implicó una violación a la autonomía del estado. Y puede ser cierto, dependiendo del abogado al que se pregunte.

Lo que no dicen es que el delito que se le atribuye existe, que hubo actuaciones incorrectas que afectaron el proceso de investigación y tuvieron como objetivo proteger a los feminicidas. Por ese mismo delito cualquier otro funcionario sin fuero puede ser detenido inmediatamente. Eso ocurrió el viernes pasado.

Pongamos las cosas en perspectiva: más allá del evidente duelo político, lo de fondo es que estamos frente a un hecho terrible, el asesinato de una joven que trató de ser encubierto por la autoridad encargada de procurar justicia; quizá de acuerdo con la ley vigente la tipificación del delito no sea grave y no amerite prisión, pero no por ello deja de ser una situación terrible, que en este caso quedo en evidencia, pero que seguramente ocurre de manera constante en esta y todas las fiscalías del país a personas y familias que no reciben la atención del caso de Ariadna Fernanda.

·         nota

Tratando de aparentar tranquilidad, el alcalde de Cuernavaca José Luis Urióstegui Salgado salió al paso de la información que lo vincula con dos feminicidios; en su defensa intentó ubicar la historia en un plano político, en una lucha de poder partidista en la que interviene el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador y la coordinadora de los trabajos de la Cuarta Transformación Claudia Sheinbaum: así respondió el edil:

“Miren, yo soy abogado y como abogado me parece que la forma de actuar de la Fiscalía de la Ciudad de México es incorrecta y que se trata más de una venganza con títulos personales y del posicionamiento de una aspirante a la presidencia de la república, respaldada por el presidente de la república, no le veo otro tinte; serán las autoridades las que resuelvan, pero se ha violentado la figura del fuero constitucional y se han armado carpetas de investigación para mantener privado de la libertad al fiscal. Él verá cómo se defiende, pero (su detención) atenta contra el estado de derecho y cuando esto sucede todos, absolutamente todos, todas las personas, estamos en riesgo”.

Como abogado José Luis Urióstegui puede tener razón en el procedimiento, como alcalde del PAN es respetable su punto de vista político, pero como padre de familia es incomprensible su indolencia ante los hechos. Pongámoslo de esta manera:

Quienes defienden al fiscal lo hacen a partir del fuero, afirman que no se le puede detener porque tiene fuero., pero nada dicen de la protección a un feminicida.

Pregunta al abogado Urióstegui ¿El fuero constitucional fue concebido para que quien lo tenga pueda cometer delitos sin que haya consecuencia?

Pregunta al ciudadano: ¿Es más importante respetar la norma jurídica que castigar a los participantes del asesinato de una joven?

Pregunta al padre de dos hijas: ¿Qué es más riesgoso, atentar contra el estado de derecho o permitir que quien protege a feminicidas y delincuentes evada la ley, amparado en el fuero constitucional?

Ojo: ley y justicia no son la misma cosa.

·         post it

La preocupación de los diputados ante la detención del fiscal es evidente y se refleja en el intento de dotar de fuero al vicefiscal. La idea de los representantes populares es que éste se mantenga por tiempo indefinido como encargado de despacho, de esa manera podrían conservar el control de la fiscalía.

La ley es ambigua respecto al nombramiento del fiscal en caso de que los diputados no lleguen a acuerdos, es decir, bajo cualquier argumento la legislatura puede rechazar la terna o decidir no nombrar, porque no hay plazos ni sanciones para ello.

Pero como representantes populares sí tienen responsabilidad y un buen abogado los puede poner contra la pared en caso de que insistan en no designar a un nuevo fiscal. Es cuestión de revisar la ley.

·         redes sociales

Feministas y abogados solicitan que la FGR atraiga el caso de Erika Medina, expareja del regidor Fernando Carrillo, porque sospechan que la dama no se suicidó.

El tema todavía va a dar mucho de qué hablar porque es parte de una de las carpetas de investigación contra el fiscal.

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