Serpientes y escaleras - Poder podrido

La reforma Judicial encuentra cada día más sustento para que nos vayamos todos: Jorge Gamboa

Poder podrido

Lo que ocurre en el poder judicial de Morelos es muy grave, no tiene precedente, ni manera de resolverse de buena manera. La destitución del presidente se enmarca en una lucha de poder interna que lleva más de un año, donde los integrantes se acusan mutuamente y generan una imagen terrible para la institución. La validez jurídica del nombramiento de Juan Gabriel Vargas Téllez está a debate, lo que está confirmado es que ese poder ya se pudrió.

Lo ocurrido la mañana del miércoles en la sede del Tribunal Superior de Justicia tomó por sorpresa a muchos, empezando por Jorge Gamboa Olea. A pesar de que la pugna con la mayoría de los integrantes del poder judicial es añeja, frontal y sin cuartel, el magistrado Gamboa no vio venir un golpe que estaba anunciado, que ya se había intentado, pero que en esta ocasión lo tomó desprevenido.

La historia comenzó desde que se convocó a sesión, se declaró quorum y repentinamente se puso en la mesa la continuidad del magistrado presidente. Lo mismo sucedió en una sesión meses atrás y la intentona fue atajada por Jorge Gamboa abandonando el salón de pleno y ordenando a sus incondicionales que hicieran lo mismo. Ahora no le funcionó.

En ese momento los nuevos magistrados no tenían claridad del proceso, ni experiencia en el cargo, por eso su el albazo fue contenido evitando las sesiones. Esta ocasión el sorprendido fue Gamboa, quien no vio venir el golpe y lo único que se le ocurrió hacer para tratar de frenar su remoción fue mandar cortar la energía eléctrica, inventar una amenaza de bomba y llamar a la fiscalía anticorrupción para que amedrentara a los inconformes.

El golpe de once magistrados fue contundente y expuso la severa crisis que existe al interior del poder judicial morelense; ambas partes argumentan tener razón jurídica y la ley de su parte: Jorge Gamboa Olea afirma que la sesión no fue válida porque no había quorum y su contraparte defiende sus acciones señalando que el quorum ya se había cantado. Hoy hay dos presidentes.

El tema se resolverá en tribunales, pero independientemente de ello ha quedado expuesto el caos que se vive en el poder judicial y la urgencia de que esa institución sea renovada en su totalidad.

En esta historia no hay buenos y malos, se trata de un desastre generalizado, de una situación terrible porque los encargados de impartir justicia en Morelos han evidenciado de forma reiterada sus ambiciones, sus componendas y el poco respeto que le tienen a la institución y a lo que representa.

La crisis en el TSJ morelense es añeja pero se agudizó desde que la pasada legislatura nombró a diez nuevos integrantes bajo una óptica política, pasando por alto la carrera judicial y con objetivos opuestos a la justicia. Simple: el que paga para llegar, llega para robar.

La destitución del magistrado presidente fue una acción sorpresiva, aunque preparada y anunciada desde hace mucho tiempo; Jorge Gamboa se confió, no hizo bien “las matemáticas” y por ello quedo expuesto y al menos momentáneamente expulsado. Puede ser que con el tiempo regrese al cargo, pero eso no resolverá la crisis de fondo, la división interna, los vínculos entre jueces y delincuentes, la corrupción de varias salas y las componentes evidentes entre el poder judicial y grupos de la delincuencia organizada. Para que esto cambie, se deben ir todos.

No es casual que la principal lucha de las autoridades de seguridad sea con los impartidores de justicia, porque es ahí donde se protege a los delincuentes y se dejan libres a los criminales; en independencia de los múltiples casos de corrupción denunciados en el poder judicial, de las constantes acusaciones en contra de jueces y magistrados por ponerle precio a la justicia o los reiterados señalamientos de tráfico de influencias, no puede dejarse de lado es el rol que juega el TSJ en las tareas de pacificación.

El caos en el poder judicial afecta a los otros dos poderes y los pone a prueba: ambos deberían mantenerse imparciales a esta lucha, pero hacer lo que les corresponde para solucionarla: el Ejecutivo fijará postura al decidir a cuál de los dos presidentes le otorga los recursos económicos que corresponden al TSJ en tanto que el congreso podría aprovechar esta crisis para, basados en la armonización de la reforma judicial, procedan a la renovación total totalmente del tribunal.

El pleito entre magistrados se suma a una larga cadena de errores cometidos en esa institución, todos en perjuicio de los justiciables y también en contra de un estado sumido en el caos. Reitero: en esta historia no hay buenos y malos, todos son culpables, responsables y deben irse, porque sea cual sea el arreglo interno y no importa quien quede al frente de la institución, es claro que el poder judicial de Morelos está podrido y le urge una renovación total.

Visto desde el ángulo de impartición de justicia, el TSJ enfrenta un rezago histórico que, según los magistrados, no ha podido ser resuelto por falta de personal y de recursos; a pesar de ello los funcionarios invierten cientos de millones de pesos en vehículos de lujo, escoltas y personal para su servicio.

En lo estructural hablamos de una institución muy importante para la sociedad, clave para la gobernabilidad y determinante en la lucha contra la delincuencia; en este último punto el problema es mayor porque una y otra vez se ha demostrado que jueces y magistrados son facilitadores de grupos delictivos y sin recato liberan criminales a pesar de la evidencia.

Políticamente hablando la situación también es mala porque tenemos un tribunal totalmente partidizado, construido a partir de intereses personales, con integrantes que responden a compromisos políticos y actitudes que en lugar de dar certeza jurídica, demuestran que son parte de una lucha de poder.

No hay manera de salvar al poder judicial morelense, no importa lo que se intente, quien termine al frente o a qué negociación se llegue, es claro que la podredumbre es total y para revertirse se requiere un cambio total de actores.

El momento y la situación son clave y permite que el cambio total se haga. El problema son las complicidades con los otros dos poderes.

·         posdata

¿Qué grupo conviene que quede al frente del poder judicial? Me pregunta alguien que a la vez se contesta a sí mismo: los dos son terribles.

La charla es más un monólogo, una reflexión en voz alta que sintetiza lo que hay y lo que puede venir:

“Todos son malos, ponerse del lado de alguno sería como elegir qué cártel queremos que nos extorsione: ¿el de Jalisco o la Familia Michoacana?” No tengo argumentos para debatir su punto.

Si lo vemos desde una perspectiva política, la lucha al interior del poder judicial se libra entre graquistas y cuauhtemistas, ambos quieren tener el control de la institución por razones simples: manejar el presupuesto, hacer negocio con la impartición de justicia e influir en el rumbo político del estado.

En este escenario la gobernadora Margarita González Saravia no tiene nada que ver, ni motivos para meterse al pleito; sería un gravísimo error tratar de apoyar a alguno de los grupos porque al final ninguno tiene compromiso con ella y los dos pueden darle la espalda en cualquier momento.

Para la gobernadora de Morena el mejor panorama es la renovación total del TSJ y la designación temporal o definitiva de nuevos magistrados, distintos a los actuales, sin alianzas políticas ni complicidades criminales.

La reforma judicial es el camino que permitiría sacar algo bueno de la crisis, pero para que eso suceda los diputados tienen que hacer su parte.

La crisis del poder judicial va a escalar, pega a la gobernabilidad y expone a toda la clase de poder que imparte justicia a los morelenses.

·         nota

Cuando el bloque disidente de magistrados intentó por primera vez destituir a Jorge Gamboa pecaron de inocentes y se quedaron en el camino; el presidente abandonó la sala, alegó que no había quorum y dejó a sus adversarios con un palmo de narices.

En esta ocasión pasó lo mismo: aunque los opositores nombraron a su propio presidente, dejaron ver su novatez cuando permitieron que elementos armados ingresaran a su sede y no hicieron nada.

No importa lo que diga el vice fiscal, los magistrados deben defender su autonomía y escalar el tema a niveles que pegarían no solo a la FECC, sino a otras instituciones de seguridad, por no brindar las garantías que marca la ley. Se les fue el momento.

Hoy las dos partes se escudan con los mismos argumentos y el mismo reglamento, pero adecuándolo a su conveniencia; ambos dicen tener la razón, acusan al adversario y presumen tener la presidencia. Corresponderá a una autoridad superior clarificar las cosas y dar certeza sobre lo que ocurre en el TSJ.

La papa caliente también caerá en la cancha de la gobernadora, quien en próximos días deberá entregar recursos económicos a la institución y deberá decidir a cuál de los dos presidentes le entrega el dinero; esa decisión también fijará postura y tendrá consecuencias.

Con Cuauhtémoc Blanco hubo caos en los tres poderes del estado; ahora lo hay en dos.

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Todo indica que Morena volverá a proteger a Cuauhtémoc Blanco; las acusaciones por intento de violación y los videos que lo exponen como un golpeador de mujeres no importan a los diputados.

El tema es complicado, tanto que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha desmarcado y dejado al congreso toda la carga; “es decisión de los diputados” dijo en una de sus conferencias de prensa.

La polémica en torno al exgobernador pega también en Morelos, donde dejó un mal sabor de boca por su actuación al frente del ejecutivo y muchos enemigos en todos los sectores por su manera de ejercer el poder y gusto por pelear a diestra y siniestra.

La percepción generalizada es que a Cuauhtémoc Blanco le perdonarán todo, no importa lo que haya hecho; hoy son las acusaciones por violencia de género, mañana podrían ser las denuncias por actos de corrupción.

La gobernadora debe mostrar que en su cancha no hay cabida para la impunidad; quizá la justicia no alcance al futbolista, pero debe aplicarse en sus colaboradores. No hacerlo, dañará irreversiblemente la imagen de Margarita González Saravia.

·         redes sociales

La contundencia de las acciones legales que la actual administración emprenda contra los corruptos del gobierno pasado pasan por la contraloría y su titular no tiene idea de lo que debe hacer.

Alejandra Pani llegó al gabinete como cuota política, era parte del grupo de Rabindranath Salazar, a quien traicionó, en campaña hablaba pestes de Margarita González Saravia y apoyó a Lucía Meza; hoy en el gobierno está más interesada en colocar incondicionales en otras áreas, que en hacer su trabajo.

Con esos colaboradores, la gobernadora no necesita enemigos.

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