Serpientes y escaleras - Operación política

Elemento clave para la gobernabilidad y para anticipar problemas

Operación política

La operación política es un aspecto clave para cualquier gobierno, agrupa estrategias, acuerdos y tácticas que permiten convertir una idea en acciones concretas. La operación política no es un maquillaje ni un instrumento superficial, es el punto que vincula la visión del gobierno con su realización práctica. Sin operación política, incluso los mejores diagnósticos o programas pueden quedarse en el papel. ¿Funciona la operación política en el gobierno de Morelos?

Desde el sexenio pasado la operación política del ejecutivo estatal pasó de la secretaría de gobierno a la jefatura de la gubernatura, algo inusual en otras entidades federativas; la justificación para tomar esa decisión fue articular de manera directa y flexible la política pública con el ánimo y la agenda del ejecutivo estatal; la realidad es que el gobernador Cuauhtémoc Blanco quería darle más poder a su hombre de confianza.

Mover la operación política a la jefatura de la gubernatura entrañó riesgos de personalismo, fluctuación de poder y menos garantías de procedimiento e institucionalidad. La decisión de la gobernadora Margarita González Saravia de mantener el mismo modelo apuesta por una mayor agilidad y centralidad en el mando, sacrificando la solidez institucional y la continuidad técnica por rapidez y la eficiencia. ¿Es correcta la decisión?

El ajuste hecho en el sexenio pasado tiene luces y sombras: hay aspectos positivos, pero también cosas que exponen la complejidad de haber movido la política interna de su origen, empezando por la idea de que hay un super secretario, una figura todopoderosa que conduce al gabinete a veces por encima del propio gobernante. Ese fue el espacio que Cuauhtémoc Blanco le creó a José Manuel Sanz.

La división de la política interna en dos áreas, la jefatura de la gubernatura y la secretaría de gobierno tuvo un alto costo al momento de buscar acuerdos; al hacer de lado al secretario de gobierno y comisionar sus tareas a un hombre experimentado en negociaciones comerciales, pero no políticas, los problemas comenzaron a surgir casi de inmediato. La línea impuesta por el español Sanz generó una marcada división en el gabinete que explotó cuando apareció alguien con más influencia: Ulises Bravo.

El problema de reubicar la operación política de una oficina a otra no está solamente en la personalidad de los titulares, sino en la suma de atribuciones que complica el trabajo, satura la agenda y provoca discordia al interior del equipo. Las facultades que le quitaron a la secretaría de gobierno y se sumaron a la jefatura de la gubernatura obligaron a muchos sectores a seguir un camino que no conocían y ello hizo que varios asuntos se atrasaran y en el caso de ciertas negociaciones, se encarecieran.

En esta nueva etapa de gobierno la situación no ha cambiado del todo: como en el sexenio pasado, el secretario de gobierno es un florero gubernamental, enfocado a tareas menores, operativas y distintas a la política interna que históricamente atendía su oficina.

La jefatura de la gubernatura, por el contrario, se convirtió en un motor que trabaja a marchas forzadas, que tiene a su cargo muchas responsabilidades internas y a ellas se suma la atención de la política interna, la negociación con los poderes y la proyección política del gobierno.

Aunque aparentemente bueno, encargar tantos temas a una sola persona ha tenido un alto costo en lo operativo y en lo profesional. Veamos dos ejemplos: el presupuesto 2025 se votó en tiempo y forma, pero el precio fijado por los diputados fue la asignación de 280 millones de pesos a un fondo de infraestructura municipal, conocido también como “fondo para moches”, lo cual genera la idea de que persiste la compra de conciencias y el pago de favores a través de incentivos poco transparentes y sumamente onerosos para el erario.  

Luego vino la reforma judicial y la historia se repitió: el lugar de presentar un documento sólido en lo jurídico, que mostrara un avance sustantivo en materia de capacidad y rendición de cuentas, creando un consejo ciudadano de carrera judicial promoviera concursos abiertos y transparentes de oposición, que fortaleciera la autonomía presupuestal y administrativa, obligara a la transparencia, estableciera códigos de ética, impulsara la especialización de juzgados de enjuiciamiento restaurativo  y de protección a víctimas con perspectiva de género, apostara por la digitalización y los juicios en línea y abriera un buzón de quejas ciudadanas independiente, lo único que se hizo fue un copy paste de la reforma nacional.

La reforma judicial era el momento para incorporar estos mecanismos al poder judicial estatal, lo cual habría fortalecido la transparencia, la profesionalización, la rendición de cuentas, la eficacia y la independencia, evitando la discrecionalidad política, los escándalos de magistrados y la pérdida de confianza y legitimidad ciudadana. El copy paste que hicieron en la reforma local dejó ir la posibilidad de fortalecer el sistema de justicia en Morelos. Eso sí: se votó por unanimidad.

La reforma a medias no fue el único problema en la operación política en la reforma: la terna para que los magistrados eligieran al siguiente presidente se complicó por la falta de acompañamiento y ello provocó que lo que inicialmente parecía un asunto “planchado” se convirtiera en una historia de desencuentros que lastimó la imagen de la gobernadora.

La filtración de un audio donde se escuchaba la manera de negociar entre magistrados fue el corolario de una historia mal escrita y peor contada, fue un catálogo de errores políticos que confirmó los riesgos de la operación en un escenario donde los actores de poder son, en su mayoría, figuras sin talento, sin palabra, ambiciosas y poco institucionales.

Cambiar de sede la operación política estatal no es un error, el problema está en cargar tanto trabajo a una sola persona, porque se acumulan responsabilidades y a veces no se le otorgan todas las herramientas necesarias para negociar. Eso y que la de Morelos dejó de ser desde hace mucho una clase política, ahora tenemos una calaña política carente de valores, de moral, de ética, sumamente ambiciosa, inculta, poco preparada en lo profesional e intelectualmente pobre. Acordar con figuras así es complicado e incierto.

En otros tiempos las negociaciones políticas se regían por el valor de la palabra y los acuerdos, partían del beneficio colectivo; ahora lo que prevalece es la desconfianza porque pocos cumplen lo prometido y la mayoría busca un beneficio personal inmediato antes que una acción que ayude al estado y a su gente.

Con esos parámetros de actuación resulta muy difícil operar, sobre todo cuando hay dos áreas enfocadas a lo mismo, pero una sola con atribuciones para acordar. Lo ideal sería una operación híbrida basada en la división más efectiva de los roles: la secretaría de gobierno asegurando la institucionalidad, la continuidad y la rendición de cuentas y la jefatura de la gubernatura en un rol operativo más ágil, flexible y cercano, que lidere el trabajo, pero siempre se acompañe de las áreas que tienen que hacer valer los acuerdos.

En síntesis: una operación política combinada que mantenga la jefatura como el epicentro de la estrategia, pero incluya a la secretaría como el lugar desde donde se dé seguimiento a los acuerdos.

El gobierno del estado necesita un equipo que identifique y anticipe problemas, que acuerde, que negocie, que proyecte al gobierno y haga más eficiente el trabajo interno del gabinete, sin pugnas internas y con la misma línea política.

La operación política es clave para que el gobierno sea exitoso.

·         posdata

A Jorge Toledo le encomendaron una tarea que muchos quieren, pero para la cual pocos están preparados; encabezar la coordinación estatal del transporte no es un asunto sencillo, se trata de uno de los sectores más complejos, politizados y observados del gobierno, sin descontar que su antecesor dejó un basurero que obligó al nuevo titular a trabajar en dos vías: limpiar lo hecho en los últimos meses y atender la crisis de operatividad.

Conozco poco a Jorge Toledo, pero me parece que es un tipo bien intencionado, que acepta no ser experto en el tema, pero con la capacidad profesional para atender una situación que requiere, además de conocimiento en la materia, muchísima voluntad para evadir tentaciones.

Poco a poco la coordinación estatal del transporte ha ido retomando la operatividad normal, pero aún sigue siendo objeto de señalamientos por la falta de probidad de algunos de sus integrantes.

Al coordinador lo mandaron a atender una emergencia, pero no le dieron herramientas para trabajar, porque le impusieron funcionarios y eso lo dejó sin margen de maniobra; algunos de sus colaboradores se sienten protegidos, trabajan en paralelo y en lugar de solucionar problemas, los generan.

Ayer se informó sobre la salida de Laura Mendizabal, una mujer que destacó en el gobierno de Antonio Villalobos por ser, decían, su operadora de negocios. En el municipio la dama se creó una fama terrible, alimentada por su actitud, expresiones y comentarios publicados en sus redes sociales. De ser una discreta funcionaria municipal, terminó como una mujer millonaria, con propiedades y afecta a presumir sus lujos.

La salida de Laura Mendizabal es una buena señal en la coordinación del transporte, porque se trata de una figura identificada por haber llegado con una mentalidad depredadora, haciendo negocios con todo, como si nuevamente viviera el Año de Hidalgo en Cuernavaca.

Profesionalmente Laura Mendizabal sabe tanto del sector transporte como Jorge Toledo, la diferencia es que el segundo es un personaje discreto, institucional, cuidadoso de su proceder y sobre el cual, al menos hasta ahora, no pesan acusaciones de corrupción.

La otra es Laura Mendizabal.

·         nota

La gobernadora Margarita González Saravia reiteró que la existencia del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos ya no tiene razón de ser. Desde hace tiempo los diputados de Morena habían anunciado lo mismo, añadiendo que el proceso para su desaparición había iniciado.

Y está en lo cierto: el Instituto y la Secretaría de la mujer duplican funciones y consecuentemente representan un doble gasto. La decisión es que permanezca la secretaría es porque a través de ella el gobierno de Margarita González Saravia impulsará los programas insignia.

El ejecutivo ya presentó una iniciativa al congreso para la desaparición del Instituto de la Mujer y el IMIPE; ambos casos deben resolverse antes de que concluya el periodo ordinario el próximo 15 de julio.

Muchas veces el Instituto de la Mujer y su titular fueron centro de polémica, acusaciones y graves señalamientos; hoy que además duplica funciones, como bien afirma la gobernadora, ya no tiene razón de existir.

·         post it

El senador Víctor Mercado va a todas: ahora promociona el programa Tejedoras de la Patria y al hacerlo se posiciona en un sector muy importante para el gobierno federal y estatal.

Lo que hace Víctor Mercado lo debieran hacer otros actores políticos de Morena, pero no lo hacen; la falta de visión en la 4T permite que figuras como el senador crezcan y de manera silenciosa se apropien de muchas estructuras que estaban sueltas o que han sido desatendidas.

En la carrera de afiliaciones Víctor les lleva años luz de ventaja a todos.

También en este tipo de temas se requiere visión y operación política.

·         redes sociales

El alcalde de Cuernavaca se está convirtiendo de manera natural en el líder político de los alcaldes de oposición. José Luis Urióstegui es, sin duda, la figura más valiosa que tiene el PAN en Morelos, sin él la historia de Acción Nacional en el 2027 sería sumamente complicada.

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