Serpientes y escaleras - Las crisis que vienen

Destapar la cloaca del cuauhtemisto traerá consecuencias políticas y sociales

Las crisis que vienen

La revisión que el gobierno de Margarita González Saravia hace al trabajo realizado por la administración anterior en las diferentes áreas es importante no solo porque eventualmente identifique y castigue actos de corrupción, lo es también porque le permite anticipar problemas a punto de explotar; un caso específico es el mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca. Conforme avance el análisis de las dependencias, la jefa del ejecutivo se verá forzada a tomar decisiones que serán determinantes para su gobierno.

En varias áreas del gobierno morelense hay expedientes abiertos sobre acciones que han sido observadas, susceptibles de una acción legal en contra de funcionarios del régimen anterior; prácticamente ninguna oficina quedará exenta de observaciones, aunque en algunos casos se trata de hechos que, además de corrupción, implican problemas sociales. La remodelación del mercado Adolfo López Mateos es un claro ejemplo de ello. Veamos:

El ALM es la central de abasto más importante del estado; fue inaugurada el 7 de mayo de 1964 por el presidente Adolfo López Mateos y el gobernador Norberto López Avelar. La obra fue diseñada por el arquitecto Mario Pani, la edificación comenzó en 1961 y aunque fue concluida en 3 años, por varios meses el lugar permaneció vacío por la resistencia de los comerciantes del mercado Benito Juárez para ser reubicados, hasta que el viejo mercado fue demolido.

Durante seis décadas el mercado de Cuernavaca ha dado servicio a millones de personas, se ha convertido en el centro de distribución de alimentos más importante del estado y diariamente acuden a él miles de personas, principalmente de la zona metropolitana. En este tiempo el ALM ha sufrido dos incendios de gran magnitud: en noviembre del 2002 y en agosto del 2010.

El paso del tiempo, los incendios, los terremotos y la falta de mantenimiento ha provocado que el mercado se encuentre en una situación crítica desde hace muchos años; actualmente el domo se encuentra en riesgo de colapso y de acuerdo con un estudio de la Facultad de Arquitectura de la UAEM, la bóveda principal presenta deformaciones y daños estructurales, incluyendo una falla de aproximadamente 20 metros de diámetro conocida como “El lago”, que se agrava con cada temporada de lluvias.

Esta situación combinada con la falta de mantenimiento provoca que desde hace tiempo se desprendan partes del techo, lo que representan un grave riesgo para los usuarios; el sistema eléctrico también es un problema mayor y ha sido la razón de varios incendios. Luego está el drenaje, colapsado casi en su totalidad, lo que provoca inundaciones cuando llegan las lluvias.

Este escenario dio pie para a el gobierno de Cuauhtémoc Blanco presentara e iniciara un proyecto de remodelación que, según lo declarado por las autoridades de ese momento, rescataría en su totalidad la central de abastos, la modernizaría y resolvería todos los problemas, pero no fue así.

Los trabajos iniciaron con un presupuesto inicial de 100 millones de pesos provenientes del Fidecomp (Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo), con el objetivo fundamental de rehabilitar la bóveda principal del mercado, pero a pesar de la inversión, los planes y tiempos establecidos, para julio del 2024 se había completado menos del 20 por ciento de la obra.

Iniciada la nueva administración y frente a la molestia de los comerciantes de la central de abasto, el gobierno de Margarita González Saravia revisó el proyecto y la obra, detectando irregularidades que fueron observadas, documentadas e incorporadas a una denuncia; paralelamente la nueva administración anunció una auditoría para esclarecer el uso de los recursos.

Derivado de las inconsistencias en la planeación, ejecución e inversión en el proyecto se han denunciado a la exsecretaria de Desarrollo Económico del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, Cecilia Rodríguez, la de Obras Públicas Leticia Nolasco y al extitular del Fidecomp Juan Diego Pons.

Aunque para la extitular de Sedeco las observaciones hechas a su gestión “la matan de risa” y presume estar tranquila en una posición dentro de la secretaría del trabajo federal, la historia se le está complicando y en breve la obligará a contratar una defensa jurídica que evite que sean obligada a reparar el daño causado al patrimonio o la priven de su libertad.

Lo ocurrido en el mercado Adolfo López Mateos es uno de los varios casos pendientes por aclarar, se suma a los procesos y acciones que se están implementando en la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción y la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del estado. Es algo similar a lo que ocurrió en el gobierno de Graco Ramírez, con la diferencia que en esta ocasión los procesos se están llevando a cabo con más profesionalismo y los investigados no tienen la protección política que en su momento tuvo el exgobernador perredista.

La irrupción de comerciantes del mercado a la sede del poder ejecutivo estatal es una señal de las implicaciones sociales que traen aparejadas algunos de los casos que se investigan. Las faltas cometidas no se cuantifican solo en recursos económicos, también generan problemas sociales que, como en este caso, le pueden explotar al nuevo gobierno.

En el caso particular de la remodelación del mercado Adolfo López Mateos la historia es compleja porque los problemas no derivan solo del incumplimiento por parte de la empresa que obtuvo el contrato de remodelación, se añaden otros ingredientes delicados como los costos, los pagos, el tiempo, graves fallas técnicas, la falta de planeación y la complicidad de algunos líderes de comerciantes que avalaron las acciones de la autoridad a sabiendas de que las cosas no saldrían bien.

El caso del mercado ALM es una bomba de tiempo porque el proyecto inicial de remodelación no se podrá concluir de la forma que estaba proyectado y en el camino se han encontrado severas irregularidades técnicas que impiden continuar la obra, por el riesgo de colapso de la bóveda.

Políticamente hablando el tema también tiene su peculiaridad, porque las dos secretarias involucradas son gente cercanísima a Ulises Bravo y presumen tener su protección; iniciar acciones contra ambas puede derivar en una investigación que involucre al hermano del exgobernador.

Actuar contra la corrupción nunca ha sido algo sencillo, sobre todo cuando hablamos de temas de gobierno, porque siempre existen vasos comunicantes que unen a muchas personas, tejen redes de complicidad y generan impunidad.

González Saravia ha dejado claro que no solapará nada, que su gobierno pondrá un alto a la corrupción y a la impunidad, pero al hacerlo debe estar consciente de todo lo que este tipo de acciones traerá aparejado.

La gobernadora no solapará a nadie a sabiendas que el tema no es sencillo. Debe actuar con firmeza, pero también con inteligencia.

·         posdata

A pesar del descrédito público en el que ha caído, Cuauhtémoc Blanco sigue siendo una figura protegida; su padrino político es el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En este paquete de impunidad hay que anotar al hermano del futbolista y como consecuencia a figuras que durante seis años fueron muy cercanas a él, operadores políticos y/o financieros, como Cecilia Rodríguez, Dionicio Álvarez, Omar Taboada, Mónica Boggio, Jaime Juárez, Efrén Hernández, Christian Carmona, Leticia Nolasco, Sergio Pérez, José Isaías López y José Antonio Ortiz Guarneros.

Aunque algunos creen que el cuauhtemismo está políticamente acabado, el grupo está vigente en Morelos a través del delegado de Bienestar José Isaías López Rodríguez, incondicional de Ulises Bravo y del exsenador Sergio Pérez.

Esa tripleta jugó electoralmente en contra de Margarita González Saravia en la elección anterior y junto con otros funcionarios del estado apoyaron política, económicamente y con estructura a Lucía Meza; ahora hacen de la dependencia federal un refugio para el cuauhtemismo con miras al 2027.

Los procesos abiertos en contra de funcionarios de la administración anterior forman parte del mismo tema, porque la mayoría está fuertemente relacionado con Ulises Bravo y saben que su mejor defensa es el ataque.

Los cuauhtemistas tienen mucho dinero y en la delegación de Bienestar un espacio desde el cual operar; Ulises Bravo, dicen, no quita el dedo del renglón en el partido y dada su cercanía con el grupo de Mario Delgado, se han atrincherado en distintas áreas del gobierno federal para, desde ellas, construir su regreso a la política activa.

El exgobernador y su hermano están haciendo todo lo que está a su alcance para anular o suspender las investigaciones en las distintas áreas del gobierno pasado, para que los temas se olviden con el tiempo y lo extraviado se quede así, sin reclamo ni exigencia de que sea reingresado.

Los múltiples y escandalosos casos de corrupción del gobierno pasado ponen a prueba el discurso de honestidad de los gobiernos estatal y federal, porque las observaciones que se están haciendo al manejo financiero de la administración anterior es general, abarca los recursos propios y los que llegan de México; en ambos casos se ha informado que se deben aclarar miles de millones de pesos que se ejercieron de manera indebida.

Los cuauhtemistas no se han ido, su refugio son las oficinas de Bienestar.

·         nota

Sigamos con el tema:

La Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías en los registros financieros por 2 mil 639 millones de pesos en el ejercicio de recursos federales durante el penúltimo año de la administración de Cuauhtémoc Blanco; estas irregularidades fueron identificadas a través de auditorías realizadas a diversas áreas clave de la administración estatal.

El informe de la Cuenta Pública 2023 de la ASF expone  daños a la Hacienda Pública en sectores como salud, infraestructura, seguridad, IMSS-Bienestar y obra pública. Uno de los hallazgos más relevantes fue la falta de documentación en el manejo de mil 685 millones de pesos transferidos a la administración morelense por concepto de Participaciones Federales.

La ASF indica que se transfirieron dichos fondos y no se presentó evidencia de su correcta ejecución, lo que implica un posible daño a las finanzas públicas; el gobierno de Cuauhtémoc Blanco incumplió con la normativa vigente.

Otro de los puntos destacados fue la detección de 172 millones de pesos sin respaldo adecuado, correspondientes a contratos en diferentes dependencias; la ASF no encontró documentación que acreditara la entrega de los insumos solicitados ni pruebas de los gastos realizados en estos contratos.

La Comisión Estatal de Seguridad Pública fue señalada por contratar empresas vinculadas entre sí a través de socios o administradores comunes, práctica que podría implicar un incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dado que las empresas favorecidas podrían haber obtenido ventajas indebidas en los procesos de contratación pública.

La ASF inició acciones legales y continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer la posible malversación de recursos públicos y se espera que las indagatorias contribuyan a determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados en estas prácticas.

·         post it

Una vez más la presidenta de México Claudia Sheinbaum vino a Morelos; queda claro que le gusta el estado, que aprecia a la gobernadora y se siente cómoda aquí. Ahora falta que ese aprecio se traduzca en apoyos para la entidad, circunstancia que obligadamente pasa por los funcionarios estatales.

·         redes sociales

El ayuntamiento de Cuautla está en la mira de muchos; ayer Héctor de Mauleón escribió una columna demoledora que involucra al alcalde Jesús Corona y a su antecesor Rodrigo Arredondo. Ni a cuál irle.

Comentarios para una columna optimista: eolopacheco@elregional.com.mx

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