Serpientes y escaleras - El negocio de los terrenos

Lo que ocurrió en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es ilegal… e inmoral

El negocio de los terrenos

La historia sobre lo ocurrido en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es larga y no se reduce a los tres últimos años del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, antes de que se destapara nuevamente la cloaca, otro director del Filateq fue objeto de señalamientos y puesto tras las rejas por tráfico de influencias. La impunidad ha sido la constante en el ejercicio público morelense.

Hagamos memoria: en octubre del 2023 quien fuera director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo en la administración del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, Jerónimo Bernal Soliveras fue detenido por elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos acusado de ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias.

Bernal Soliveras fue señalado por obtener contratos millonarios del gobierno estatal siendo funcionario de este; las empresas Berso Edificaciones y Terarq, de las cual era accionista, recibieron contratos de la Comisión Estatal del Agua y de la Secretaría de Obras Públicas cuando Juan Carlos Valencia y Patricia Izquierdo eran sus titulares; la segunda, por cierto, estuvo seis meses en la cárcel acusada de desvío de recursos y ejercicio indebido del servicio público.

Algunos de los contratos que recibió el entonces director del Filateq de parte del gobierno de Graco Ramírez están firmados por él en su calidad de administrador único de las empresas, otros por su padre y algunos más por sus empleadas. Entre otros, Berso Edificaciones recibió un contrato de 17 millones de pesos para la construcción de dos mercados municipales.

La historia de Jerónimo Bernal Soliveras antes de ser funcionario estatal la relatan sus propios amigos: “Era cadenero en Taizz y ahí se hizo muy cercano a Rodrigo Gayosso, él fue quien lo metió a trabajar al gobierno estatal y con él se reportaba en los negocios”. Al finalizar el sexenio de Graco Ramírez, el exdirector del Filateq se mudó a Puebla, donde se dedicó a la construcción a gran escala.

Históricamente el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo ha sido un espacio que poco se observa, donde se manejan muchos millones de pesos y constantemente está ligado a actos de corrupción. El fideicomiso es una especie de inmobiliaria, cuenta con reserva territorial en la zona del lago, la vende y divide las ganancias con los cuatro ejidos que participan. Esto último no ocurrió del 2021 al 2024.

La corrupción en ese organismo está siempre encabezada por su titular, pero no es el único que participa; el comité que regula la operación del organismo está integrado formalmente por varios secretarios, pero a él tienen acceso otras figuras de poder que se benefician del tráfico de influencias. Un ejemplo es Gerardo Becerra, quien al igual que Mónica Boggio, Sandra Anaya o Edgar Riou adquirió terrenos muy baratos, financiados a través del Instituto de Crédito del gobierno de Morelos.

En esta nueva historia de corrupción la figura central es el exdirector del organismo, Dionicio Álvarez; este personaje estuvo al frente del Filateq los últimos tres años del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, se le relaciona de manera estrecha con Ulises Bravo y actuaba bajo los lineamientos directos del exsecretario de Desarrollo Sustentable José Galindo.

Cualquier investigación que se lleve a cabo en el fideicomiso, sí es que se hace, tendrá a Dionicio Álvarez como figura central, será a él a quien llamarían a cuentas, el que personalmente tendría que explicar el manejo de la institución y/o afrontar las consecuencias de lo que ahí se hizo. Pero no es el único involucrado.

Los exfuncionarios que adquirieron predios baratos han quedado expuestos por el beneficio que consiguieron; como Sandra Anaya pueden afirmar que se trató de una transacción legal y que “compraron al precio que les dieron”, aún así no podrán borrar la idea generalizada de que abusaron de su posición, de que sacaron provecho del cargo y compraron con crédito del ICTSGEM, beneficio al que cientos o miles de trabajadores del estado no tienen acceso real, aunque legalmente digan que todos pueden obtenerlo.

La simpleza del funcionamiento del Filateq contrasta con la complejidad que existe en los negocios que ahí se hicieron: comprar terrenos baratos no es tan sencillo como parece: para que la transacción se lleve a cabo se requiere la validación del comité que forma parte del Fideicomiso y del comité de avalúos, es decir, los que dan el visto bueno para que la tierra se remate. No cualquiera compra al Filateq, como asegura Sandra Anaya.

Luego está el Instituto de Crédito de los Trabajadores del Gobierno del Estado, porque su titular otorgó financiamiento a funcionarios de primer para que compraran terrenos propiedad del estado a precio de ganga ¿Nunca le llamó la atención a la directora este tipo de transacciones? ¿Es normal que tantos funcionarios de primer nivel adquieran lotes en Tequesquitengo a precios irrisorios? ¿Fabiola Urióstegui también compró terrenos del Filateq?

Last but nos least está el proceso de escrituración de las propiedades ¿Qué notario o notarios formalizaron estas transacciones? ¿Puede un fedatario público validar la compra venta de propiedades muy por debajo de su precio comercial? ¿Los procesos se llevaron conforme a derecho o existe algún tipo de responsabilidad del notario que celebraba los actos? Recordemos que a los fedatarios no los investiga una autoridad cualquiera, en caso de existir algún tipo de irregularidad a ellos los revisa la UIF.

En la operación del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo existe una ámplia red de complicidades que permitieron múltiples actos de corrupción; el nuevo titular de la secretaría de Desarrollo Sustentable ha confirmado públicamente que hay denuncias ciudadanas por malos manejos en el Filateq y observaciones que deberán ser solventadas por el extitular. Un dato más de prueba: en una sola transacción un particular compró al Filatec 33 lotes que en suma representan más de 8 mil metros cuadros a un precio de 607 mil 256.65 pesos. ¿Quién aprobó la venta?

Ayer mismo el vicefiscal anticorrupción le entró al tema, confirmó que hay investigaciones abiertas y hechos que deberán ser revisados y atendidos ante la presunción de delitos. Edgar Núñez Urquiza no quería hablar, se había escondido de la prensa, pero ayer fue abordado por Verónica Bacaz y no tuvo más remedio que aceptar que hay pesquisas en curso. El nerviosismo del funcionario refleja la gravedad de un asunto que, insisto, involucra a muchas personas, porque se trata de un fraude millonario en el que, quizá, algunos integrantes de la FECC formen parte.

Comprar tierra barata en una zona turística es un negocio redondo para cualquiera, más cuando además se obtiene con financiamiento estatal, la protección del poder y el visto bueno de los representantes de los ejidos, quienes personalmente también se beneficiaron de este tipo de transacciones sin reportar a sus comunidades.

Lo que hicieron en el fideicomiso fue un robo millonario con la participación de muchos, algo que asemeja a la delincuencia organizada.

·         posdata

La red de protección de los graquistas está en las fiscalías: Uriel Carmona y Juan Salazar son personajes que formaron parte del gobierno perredista y llegaron a las posiciones que hoy ocupan a propuesta directa del tabasqueño. Las acciones interpuestas en contra de los funcionarios de ese gobierno duermen el sueño de los justos porque los encargados de revisarlos son parte del entramado de corrupción.

Para el cuauhtemismo la red de protección está en el Tribunal de Justicia Administrativa, por ello la integración a ese espacio de la operadora financiera de Cuauhtémoc Blanco, Mónica Boggio y de Vanessa Carmona, esposa del amigo de Cuauhtémoc Blanco, el magistrado presidente del TSJ Jorge Gamboa.

Al TJA llegarán las denuncias contra exfuncionarios del régimen pasado, la alianza entre los magistrados Guillermo Arroyo, Mónica Boggio y Vanessa Carmona apuesta a controlar los procesos, para que como en el caso de los graquistas en las fiscalías, ahí también se detenga todo.

Guillermo Arroyo es un personaje que varias veces a lo largo de su carrera ha estado en el ojo del huracán, como cuando de manera fugaz ocupó una subprocuraduría estatal en el periodo de Francisco Coronato o cuando fue parte del gobierno municipal del alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Los cuauhtemistas tienen mayoría en el Tribunal de Justicia Administrativa, no por ello garantía de que lograrán la impunidad para los suyos. Mónica Boggio formó parte del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, fue señalada de ser su operadora financiera, su nombre aparece en carpetas de investigación que tiene el gobierno federal y por tanto no podrá revisar los temas de esa administración, porque incurriría en conflicto de intereses.

Arroyo y Carmona pueden hacerlo, pero eso implicaría comprometer su futuro con el exgobernador a sabiendas de la mala relación que hay entre esa administración y la actual, la presunción de que vendrían acciones legales contra varios exfuncionarios y familiares del futbolista por diversos actos de corrupción y la mala idea de apostar por el pasado.

Uriel Carmona y Juan Salazar meten al pecho por Graco Ramírez porque el exgobernador los premió con cargos que les garantizan impunidad y solvencia económica; ¿A cambio de qué se la jugarían los magistrados del TJA con un exgobernador acusado de corrupción, desprestigiado socialmente y mal visto por la presidenta de México?

·         nota

Otra encuesta, ahora Demoscopía Digital, coloca a Margarita González Saravia en una buena posición dentro del ranking mensual de gobernadores.

Reitero: la credibilidad de las encuestas depende en gran medida de quien las haga, son una imagen del momento y en muchos casos responde a la inversión que ellas hagan los involucrados.

En este momento el gobierno de Morelos no está en condiciones de contratar encuestas porque no tiene dinero, a duras penas lograrán cumplir con los compromisos de fin de año, porque la administración anterior se gastó todo el presupuesto antes de irse.

La posición que las encuestas dan a Margarita González Saravia en su primer mes de trabajo puede ser cuestionable, de lo que ninguno tenemos dudas es que es mucho mejor gobernadora de lo que fue Cuauhtémoc Blanco.

·         post it

La gobernadora Margarita González Saravia se reunió ayer con los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa; por decisión de los magistrados el acceso a la prensa fue restringido, quizá para que los reporteros no cuestionaran a uno de sus integrantes por la compra de terrenos baratos.

El miedo no anda en burro.

·         redes sociales

Abogados piden que se audite a la legislatura pasada porque acusan actos de corrupción.

La petición no avanzará porque algunos de los ladrones de ese congreso tienen una curul en esta nueva etapa.

Nunca como ahora la mayoría de Morena en el parlamento local fue tan inservible para las decisiones que importan.

Comentarios para una columna optimista: eolopacheco@elregional.com.mx

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