Serpientes y escaleras - El gobernador y el fiscal

Al no poder poner orden en la FECC, el gobernador puede pasar de acusador a acusado.

El gobernador y el fiscal

La actuación Juan Salazar Núñez se ha convertido en un problema para muchos, menos para los corruptos. El proceder de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha dejado mucho que desear: desde que fue creada se la ha pasado dando tumbos, iniciando procesos deficientes y blindando jurídicamente a quienes acusa. Muchos cuestionan la capacidad profesional del fiscal y por sus resultados lo consideran incompetente, pero es posible que sus fallas sean a propósito, para ayudar a los ladrones.

Piensa, lectora lector queridos, en la forma como el titular de la FECC ha procedido contra los corruptos y el destino final que han tenido las acciones legales emprendidas por su oficina; las acciones de la dependencia, muchas veces con uso de la fuerza pública y violando el procedimiento terminan favoreciendo a los inculpados, porque al final los acusados obtienen el beneficio de ley debido a que sus acusadores actuaron de manera ilegal o no sustentaron correctamente las demandas. ¿Es error o plan con maña?

Pensemos que aunque llamativas, las acciones legales emprendidas no han tenido elementos suficientes, ni respetan el debido proceso, por ello la sentencia judicial siempre es favorable para denunciados; pudiera ser que por mutuo acuerdo los presuntos delincuentes aguantan vara y engullen tubérculo poblano a sabiendas que al final, por la incorrecta manera de actuar de las autoridades las denuncias se vendrán abajo y no podrán volver a ser imputados por dichos ilícitos.

Seguramente el fiscal Juan Salazar dirá lo contrario, defenderá a su oficina y la actuación de sus elementos, pero si nos remitimos a los resultados y se hace un balance de todas las personas contra las que ha procedido y se revisa a cuántas de ellas lograron llevar hasta el final del proceso, veremos que el saldo es negativo para la FECC.

La Fiscalía Estatal de Combate a la Corrupción y la Fiscalía General del Estado de Morelos son un permanente dolor de cabeza para el gobernador Cuauhtémoc Blanco; el caso particular de Juan Salazar se ha vuelto un problema serio en la agenda estatal porque el fiscal anticorrupción no solo es incompetente y abiertamente protege a los graquistas, ahora ha comenzado a actuar en contra del gobierno estatal y apuntala la estrategias del exgobernador para que en los próximos meses se pueda proceder legalmente contra varios funcionarios de la administración 2018-2024.

La FECC parece ser un dique que impide el avance de cualquier investigación contra los exfuncionarios acusados de corrupción y también se perfila como un espacio en donde se llevan a cabo investigaciones en contra del gobierno actual; cuentan quienes están cerca que Juan Salazar maneja información privilegiada que le llega extraoficialmente, al tiempo que orienta a su jefe Graco Ramírez sobre los pasos que debe dar en los próximos meses para torpedear al equipo de Cuauhtémoc Blanco.

Para nadie es secreto que dentro del gobierno estatal hay personajes que aún simpatizan con el tabasqueño y sirven a sus intereses; dentro del gabinete saben que mucha de la información que manejan se filtra, incluso se han dado cuenta que datos confidenciales o personales del ejecutivo, incluyendo sus actividades privadas, llegan con suma rapidez a sus adversarios.

El gabinete de Cuauhtémoc Blanco no solo ha sido incapaz de cumplir su única promesa de campaña, ni siquiera se ha acercado a los presuntos ladrones y ahora notan como los perseguidos asumen el rol de persecutores. Lo que ni el mandatario ni sus asesores alcanzan a observar es que esta falta de resultados no solo afecta la confianza y la credibilidad que existe en este gobierno, también abre la puerta a futuras acciones legales que terminarían de aniquilar la imagen del ex seleccionado nacional.

Recordemos algo: los primeros tres años del sexenio son muy importantes para cualquier gobernador, son la parte en la que el jefe del ejecutivo tiene más fuerza, mayor control de las cosas y un amplio respaldo social. Después del primer trienio empieza la bajada, comienzan a agudizarse los problemas y reviven todos los enemigos dejados en el camino. Los últimos cinco gobernadores de Morelos intentaron cumplir sus objetivos prioritarios en este periodo porque sabían que después las cosas se complicarían; el gobierno actual no ha hecho nada en más de dos años, salvo muchos enemigos.

Hay colaboradores cercanos del gobernador que aseguran que Blanco Bravo tiene trazado un plan, afirman después de las elecciones y habiéndose cumplido el plazo que establece la ley para ir a una nueva elección dejaría la gubernatura para incorporarse al gabinete federal, quizá en la Conade. “Ya lo habló con el presidente, por eso no le interesa mucho resolver las cosas, ni se preocupa por quien gane en el 2021”.

Suponiendo que esa hipótesis fuese real hay aspectos que podrían no estarse tomando en cuenta dentro del dream team del futbolista: el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene afecto personal por Cuauhtémoc Blanco, le interesa como gobernador porque es aliado y porque no quiere que se le complique la elección intermedia; pasadas las elecciones del 2021 el panorama va a cambiar, el mandatario morelense dejará de ser útil (sobre todo si pierde las elecciones locales) y quedaría a merced de sus enemigos si le logran cuadrar algunas acciones de corrupción.

Es ahí donde la figura y actuación del fiscal anticorrupción es clave, porque ha impedido que Cuauhtémoc Blanco cumpla su única promesa de campaña y al hacerlo golpea muy fuerte la percepción ciudadana que hay sobre su gobierno. Ahora, además, la FECC opera abiertamente contra el gobernador, contraviene los intereses del ejecutivo estatal y actúa de manera facciosa para que en un futuro cercano los conflictos sean contra gente del gobernador futbolista.

El actuar del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es peligroso porque se ha convertido en un actor político más, pero se debe entender que en política este tipo de situaciones no son extrañas. Digámoslo en castellano: se ve mal la forma como procede Juan Salazar Núñez, pero se ve peor que ni el gobernador Cuauhtémoc Blanco, ni su equipo, ni los diputados han tenido la capacidad de ponerle un alto ni son capaces de proceder formalmente para corregir este tipo de insurrecciones.

Si el gobierno estatal no es capaz de combatir la corrupción y ponerle un alto a los graquistas, lo que sigue es que el acusador se convertirá en acusado y en breve comenzaremos a ver acciones legales, políticas y sociales exhibiendo nuevos casos de corrupción, pero ahora dentro del régimen actual.

Lo que los cuauhtemistas no han medido es que ya existen muchos y muy delicados hechos de corrupción dentro del gobierno actual, se trata de acciones que pueden ser observadas y sancionadas y de personajes que están haciendo lo mismo que se hizo en el gobierno pasado.

Graco Ramírez tuvo un hijastro incómodo. Cuauhtémoc Blanco puede padecer los estragos de un compadre incómodo.

• posdata

Poco a poco desde hace varios meses se han ido acumulando denuncias contra varios funcionarios del gobierno actual. Sin hacer mucho ruido algunas personas acuden a oficinas federales y acusan a miembros cercanos al gobernador Cuauhtémoc Blanco de acciones que, dicen, representan actos sospechosos, ilícitos o punibles.

Compra de autos de más de medio millón de pesos en efectivo, transferencias bancarias, adquisición de propiedades a nombre de familiares cercanos, creación de empresas que de inmediato reciben contratos gubernamentales, cruce de datos sobre ingresos y egresos (incongruencia fiscal, le llaman), historias sobre viajes al extranjero…

Se trata de información que llega en cascada, sin hacer aspavientos, pero se acumula en varias dependencias federales; en algunos casos son denuncias anónimas, pero en casi todos los expedientes cuentan con lujo de detalle las supuestas acciones ilegales y los posibles hechos de corrupción.

De manera paralela, dicen, se multiplican las solicitudes de información pública a distintas dependencias estatales; piden detalles sobre empresas, informes de gastos, contratos, montos… todo tipo de cosas que a la postre servirán para armar expedientes y que simplemente buscan confirmar a través de caminos legales lo que ya se tiene por otros medios.

En el ejecutivo estatal parecen no haberse dado cuenta de este otro frente de ataque que avanza, que no hace ruido, pero que será sumamente peligroso. En este caso existe fuego amigo, porque la información que recopilan algunas veces es filtrada por personajes cercanos al gobernador, funcionarios con acceso a archivos que en los últimos meses se han convertido en acumuladores de datos.

La administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo tiene abiertos muchos frentes de ataque, se ha peleado con muchas personas (la mayoría de manera innecesaria) y ha descuidado la operación de algunas áreas muy importantes del gobierno. La oficina de Adjudicación de Contratos del gobierno estatal es una bomba de tiempo que en breve hará explosión y salpicará a muchas personas, su titular ya es conocido por personajes del ámbito local, pero también es observado por algunas instituciones fiscalizadoras federales.

El ejecutivo estatal debe ser sumamente cuidadoso de estos temas; en algunos podría tratarse de actos de corrupción y en otros simplemente de actos que no fueron realizados conforme a la norma y podrían ser observados. En cualquier caso, hablamos de responsabilidades legales que pueden ser muy delicadas si no se atienden o se politizan.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dejado de apoyar al gobernador de Morelos, cada vez que viene al estado refrenda su respaldo personal y le brinda cobijo político; pero el sostén presidencial no es eterno ni resuelve los problemas locales, para que el cariño político siga vigente, el gobernador Cuauhtémoc Blanco debe cuidar que ninguno de sus colaboradores cometa una equivocación grave o caiga en la tentación del dinero fácil, porque el ejecutivo federal no va a encubrir actos de corrupción comprobados.

Hay muchos interesados en pegarle al mandatario local, la obligación de su equipo es cuidarlo desde todos los frentes, empezando por una conducción personal y laboral correcta, legal y eficiente.

• nota

Un área que ha ayudado a mejorar la imagen del gobierno estatal es la secretaría de Salud. El manejo de la pandemia por parte de la dependencia ha sido adecuado a pesar de que hubo momentos de crisis y algunas pifias, como el comercial del hospital móvil. Marco Cantú y Héctor Barón han demostrado su lealtad al gobernador con trabajo y con resultados, su tarea en esta gravísima crisis sanitaria es plausible, lo mismo que su conducción personal: discreta, formal y sin salirse de su espacio técnico.

Otro personaje que también se ha ganado reconocimiento en el gabinete es Mauricio Robles, cercano colaborador de Pablo Ojeda y encargado de la oficina mientras el titular guarda la cuarentena de covid. Mauricio es un joven inteligente, metódico y dedicado que ayuda mucho a su jefe directo y al gobernador, ataja problemas que pudieron volverse un foco rojo en la agenda estatal y entiende que la política de la confrontación no es el camino para avanzar.

El gobernador necesita más colaboradores como estos en su gabinete, funcionarios que entiendan la enorme responsabilidad que llevan a cuestas y sepan que la mejor manera de agradecer la confianza es trabajando de manera profesional.

El desempeño de estas autoridades no solo fortalece la imagen del mandatario, también le garantizan que las cosas se hagan bien y lo ayudan a que en el futuro no tenga problemas sociales ni señalamientos jurídicos.

Sí es posible gobernar con amigos, pero los amigos responden con trabajo a la amistad.

• post it

El control político del congreso local lo tiene el PES; no hablo solo del manejo formal de la mesa directiva, que se ha convertido en el órgano legislativo más importante de la cámara de diputados, sino de la conducción en general de los diputados. El G7, el otrora bloque parlamentario insurrecto, ha desaparecido.

Precisamente por eso, porque ya no hay oposición parlamentaria, llama la atención que los legisladores no le entren de lleno al tema de la FECC e inicien una revisión a su proceder, a pesar de que hace unos días los ataques del fiscal anticorrupción ya tocaron a la estructura del poder legislativo.

Una de dos: o los diputados no se han dado cuenta de que ya tienen los votos suficientes para ponerle un alto al fiscal o hacen que no saben para que Juan Salazar siga golpeando al gobernador.

• redes sociales

A cada momento surgen campañas negras en redes sociales contra algunos funcionarios y figuras de la vida política estatal. ¿Todavía hay alguien que crea que este tipo de estrategias funciona?

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