Señoras y señores legisladores

Siempre perfectible y en permanente construcción, la Fiscalización Superior no ha agotado el campo de las posibilidades para potenciar su impacto en beneficio de la sociedad mexicana. Sin embargo, no hay que perder de vista que el alcance y utilidad de la fiscalización superior depende, en gran medida, del marco normativo que regula y condiciona su capacidad de incidencia ante un sector público en continua transformación.

 

La democracia —empleando las palabras de Norberto Bobbio— es el gobierno de las leyes por excelencia, lo cual enfatiza la importancia del orden legal y de las instituciones. 

Una de las razones que justifica la existencia de las instituciones es la certidumbre que proporcionan a diversos contextos sociales. Justamente, la enorme responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación descansa en la búsqueda de certeza en la operación de los entes públicos, a través de la identificación de los puntos críticos de su desempeño.

 

Rendir cuentas no es únicamente una obligación legal de la ASF, como órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, sino también una condición necesaria para generar confianza ciudadana en la Fiscalización Superior.

Hoy presentamos los resultados obtenidos hasta este momento en la revisión anual de la Cuenta Pública 2019, no sólo en observancia de nuestras obligaciones jurídicas y desarrolladas en el marco del principio de legalidad, sino como deber con el Estado de Derecho que mandata nuestra Constitución.

 

Precisamente, respetando el principio constitucional de legalidad, la primera parte de informes individuales de este año debió diferirse para poder llevar a cabo las ineludibles reuniones de confronta con los entes auditados y que estas pudieran ser concluidas. 

 

Derivado de la contingencia de salud pública por la pandemia de COVID-19 se afectó ampliamente la operación normal de los tres poderes de la Unión y de las Entidades Federativas. La totalidad de los gobiernos de las entidades federativas y la mayoría de los municipios, así como las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal y demás órganos federales, publicaron diversos acuerdos por los cuales se suspendieron o siguen suspendidas actividades administrativas, plazos y/o términos relacionados con la naturaleza de las funciones propias de las instancias referidas.

 

Lo anterior se manifestó en una limitada capacidad de respuesta de las entidades y dependencias fiscalizadas para atender las solicitudes de información y requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación.

 

No obstante, la ASF nunca dejó de laborar, ni aún en los tiempos más complejos de esta emergencia sanitaria que afecta a todos los países del mundo; ello no sólo porque la Ley dispone la entrega anual, a más tardar el 20 de febrero, del Informe del Resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública, así como en junio y octubre la presentación de los informes individuales que se hayan concluido durante dicho periodo, sino también por el compromiso natural de la institución con los fines de la fiscalización superior.

 

Por estos motivos, en junio pasado se presentó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación diversos documentos explicativos sobre los avances y la situación que presentaban a esa fecha las auditorías.

De hecho, siempre hubo personal de la ASF realizando diligencias judiciales en todo el país, llevando a cabo acciones de seguimiento de observaciones y recomendaciones y, tan pronto las autoridades sanitarias determinaron que había condiciones mínimas para volver a laborar en las oficinas con grandes concurrencias, volvimos a tener actividades presenciales en todas las áreas y niveles de responsabilidad desde el mes de julio.

 

Sirva esta mención para agradecer a la Cámara de Diputados el exhorto a las autoridades sanitarias para declarar a la fiscalización superior una actividad esencial, para evitar las negativas no justificadas en la entrega de información.

 

Ante estas circunstancias la ASF desarrolló diversas estrategias para que el proceso de fiscalización no se detuviera y, en cambio, se ajustara a las condiciones actuales, a través del uso de nuevas herramientas basadas en las tecnologías de la información. Este fue el impulso que aceleró los trabajos para la puesta en operación del Buzón Digital, el cual posibilita la ejecución de auditorías por medios electrónicos.

 

Como parte de esas estrategias y en el contexto de un entorno cambiante, la ASF ha realizado 5 modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de la Cuenta Pública 2019, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

 

Lo anterior implicó el análisis de diversos factores involucrados en nuestra metodología de programación de auditorías. A partir de ello se adicionaron nuevas revisiones, principalmente referentes a asuntos que adquirieron mayor relevancia, como los relacionados con los proyectos de obra pública, los programas sociales y de salud, entre otros.

 

Señoras y señores legisladores:

 

Hoy, comparto con ustedes los alcances de ese trabajo y las perspectivas de la ASF como máxima instancia de fiscalización superior en México, en razón de nuestros retos de Control Externo, totalmente diferentes en su alcance constitucional y legal al control interno, que  por su parte desarrollan en el ámbito de  sus competencias las contralorías de la Federación y las Entidades Federativas.

 

Estamos comprometidos con la atención inmediata, eficaz, eficiente, neutral, autónoma y transparente, a todas y cada una de las denuncias que recibimos, así como con la instrumentación de las labores de investigación necesarias para la acreditación de desvíos de recursos públicos, en el marco de las facultades que tiene conferidas.

 

Ahora bien, en lo que respecta a la presente entrega de informes individuales de auditoría, a continuación me referiré a diversos temas relacionados con las revisiones practicadas.

 

*** DESEMPEÑO***

 

En el caso de las auditorías de desempeño, el Programa Anual de Auditorías incluyó 104 revisiones de desempeño, 8 evaluaciones de política pública y 7 estudios, a cargo de la Auditoría Especial de Desempeño, de los cuales, para esta entrega se presentan 42 informes individuales.

 

De estas auditorías practicadas, 10 corresponden al grupo funcional de Desarrollo Social, en las cuales se revisó el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y la gestión en materia hídrica; 14 al Desarrollo Económico, dirigidas a revisar el desempeño en materia de mejora regulatoria, energía, autosuficiencia alimentaria, transporte y minería, y 18 sobre Gobierno y Finanzas, enfocadas a revisar los temas de suplantación de identidad en el sistema financiero; la gestión integral de riesgos en la atención de los sismos de 2017 y 2018, así como la implementación del Sistema de Justicia Penal.

 

****CUMPLIMIENTO FINANCIERO****

 

En relación con las auditorías de cumplimiento financiero, en esta segunda etapa se presentan los resultados de 75 auditorías, restando 188 para la tercera entrega en razón de la extensión de contenidos que en ellas se abordan.

 

En materia de Inversiones Físicas Federales se presentan 56 revisiones que cubren diversos proyectos relevantes del sector Comunicaciones y transportes, tales como la construcción y conservación de carreteras:

• 20 realizadas a la SCT y 4 a CAPUFE;
• 8 de infraestructura ferroviaria referentes al Tren Interurbano México Toluca y al Tren Eléctrico de Guadalajara;
• 1 de infraestructura aeroportuaria al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y
• 4 de infraestructura portuaria a las Administraciones Portuarias Integrales de Altamira, Ensenada y Veracruz, entre otras.

 

Por lo que se refiere al sector Energía se presentan los resultados de 5 auditorías a Pemex

Exploración y Producción y 1 a Pemex Fertilizantes por la rehabilitación de las plantas de fertilizantes nitrogenados en el Estado de Veracruz.

 

Respecto al sector Salud se presentan los resultados de 2 auditorías realizadas al IMSS, 1 al ISSSTE, 1 a los Laboratorios BIRMEX y 1 a SEMAR.

 

Por otra parte, en relación con las auditorías sobre Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en esta etapa se entregan las revisiones  al ISSSTE y PEMEX.

 

Con respecto a la revisión del ISSSTE, se analizaron 3 contrataciones relacionadas con las TIC con pagos en el 2019 de 1,157 millones de pesos, así como las capacidades de ciberseguridad que tiene el Instituto para hacer frente a ataques cibernéticos.

 

En materia de Deuda Pública del Gobierno Federal, se constató que en 2019 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con la normativa y procedimientos establecidos, así como con los Criterios Generales de Política Económica.

 

La Deuda Pública del Gobierno Federal se incrementó nominalmente, de 2018 a 2019, un 6.2%, alcanzando 8.8 billones de pesos, lo que representó el 36.4% del Producto Interno Bruto. Del total, la deuda interna representó el 78.7%, mientras que la deuda externa el 21.3%.

 

El pago de intereses, comisiones y gastos asociados ascendió en 2019 a 0.5 billones de pesos, el 8.6% del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado en el mismo periodo.

 

Por otro parte, también se presentan los resultados de 3 auditorías al Fondo de Gastos Catastróficos y al Programa de Vigilancia Epidemiológica del FONDEN.

 

En lo referente a la auditoría al Fondo de Gastos Catastróficos, es de mencionarse que el INSABI tiene pendiente de transferir a las unidades médicas y prestadores de servicios médicos 324 millones de pesos correspondientes a 12,726 intervenciones.

 

 

Finalmente, resalto que se tienen en ejecución auditorías tanto a la extinta Policía Federal como a la Guardia Nacional respecto de las transferencias de elementos e insumos que esta última recibió de la SEDENA y de la SEMAR, así como de las erogaciones que dichos órganos de seguridad efectuaron durante 2019, ambas con un universo y muestra a fiscalizar de 18,679 y 14,966 millones de pesos, respectivamente.

 

 

 

****GASTO FEDERALIZADO****

 

En 2019, en relación con la fiscalización del gasto federalizado, es importante recordar la importancia financiera y estratégica de este rubro del gasto, el cual, en sus dos componentes —gasto programable y participaciones federales— representa la principal fuente de los ingresos de los gobiernos locales.

 

En 2019, el gasto federalizado significó el 33.1% del gasto neto total de la Federación, el cual fue de 5.8 billones de pesos. Esto quiere decir que un poco más de una tercera parte del Presupuesto de Egresos de la Federación fue operado por las entidades federativas y los municipios.

 

En 2019, el 96.6% del gasto federalizado programable (1.05 billones de peso), realizado a través de 85 fondos y programas, fue clasificado como social, por lo que su participación en el gasto de este tipo realizado por la Federación fue del 29.5%; es decir, por cada peso que gastó el Gobierno Federal en materia social, casi 30 centavos corresponden al gasto federalizado, lo que destaca la relevancia de esos recursos.

 

Por estas razones, la fiscalización de esos recursos se ha convertido en un reto, debido al elevado número de ejecutores, así como su dispersión en el territorio nacional, como ejemplo, en 2019 había 2,452 municipios, ello sin considerar la asimetría y diferencias entre los mismos, como número de habitantes, población en  situación de pobreza, entre otros.

 

 

En esta ocasión se entregan los informes individuales de 370 auditorías de 14 fondos y programas; 337 al gasto federalizado programable y 33 a la distribución de las participaciones federales.

 

En la fiscalización de esta Cuenta Pública, en específico, respecto de los informes individuales de esta segunda entrega, se revisó la distribución y transferencia del FISMDF, el FORTAMUN-DF y las participaciones federales de la Federación a las entidades federativas y a su vez de estas últimas a todos los municipios y alcaldías de las Ciudad de México.

 

Se revisó, además, el ejercicio de los recursos del FASSA, el FAM, FAETA, Expansión de la Educación Inicial, Programa Nacional de Inglés, Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, Escuelas al Cien y Seguro Popular.

 

También se realizaron 14 auditorías a las dependencias federales para verificar su gestión como coordinadores de los fondos y programas.

 

Ahora bien, es de destacar que por segundo año consecutivo se verificará, en los Gobiernos de las 32 Entidades Federativas el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera y, por primera vez se fiscalizará el cumplimiento de dicha Ley en los 32 Congresos Locales, 13 Entidades de Fiscalización Superiores Locales, 11 Poderes Judiciales de Entidades Federativas y 1 a un Órgano Público Descentralizado.

 

Como resultado de estas auditorías se determinó un monto observado de 25,748 millones de pesos a las entidades fiscalizadas, de los cuales se recuperaron 738 mdp, es decir, las entidades fiscalizadas reintegraron esos recursos. Los 25,010 mdp restantes fueron montos que son susceptibles de aclararse por las entidades fiscalizadas.

Del monto total observado (25,748 mdp), 14,047 mdp, el 54.6%, correspondió a falta de documentación comprobatoria; el 8.0% a pagos improcedentes o en exceso; el 6.5% a recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, ni comprometidos y sin ser reintegrados a la TESOFE y el 4.9% a transferencias de recursos a otras cuentas bancarias. El 26.0% restante correspondió a otros conceptos.

 

 

Del monto total observado, el 83.1% fue determinado en las auditorías realizadas al gasto federalizado programable, el 13.2% a las revisiones del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y el 3.7% restante a la distribución de las participaciones federales.

Por su parte, en los fondos y programas del gasto federalizado programable en las auditorías al FASSA se concentró la mayor proporción del monto observado con el 38.4% (9,537 mdp); el Seguro Popular, representó el 34.3% (8,500 mdp); el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera (3,393 mdp), el 13.7%, y en la revisiones al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, el 10.7% (2,668 mdp); dichos fondos y programas concentran el 97.1% de ese importe.

Los fondos y programas auditados con los valores más altos en el indicador monto observado contra la muestra auditada fueron, en orden descendente, entre otros:

• 58.2% Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
• 28.9% Programa Nacional de inglés
• 21.9% Seguro Popular,
• 14.3% Expansión de la Educación Inicial

En el caso de la distribución de las participaciones federales ese indicador fue del 0.5%.

 

****AESII****

 

Por otra parte, respecto al seguimiento de acciones, cabe señalar que, desde la fiscalización de las Cuentas Públicas de 2014 a 2018, se han emitido 48,947 acciones; cifra que abarca las acciones que estaban en rezago y las nuevas que se han emitido. De ellas, actualmente se han solventado un total de 42,509 (86.8%), quedando a la fecha en seguimiento solamente 6,438 acciones (13.2%).

 

Los resultados que hoy presentamos y que corresponden al ejercicio 2019 entrarán en un proceso de notificación para que los entes auditados realicen las aclaraciones correspondientes, y posteriormente se realice su seguimiento para determinar si las observaciones se solventan o no.

 

Estos datos demuestran que la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, en dos años de actividades, de octubre de 2018 a octubre de 2020, ha reducido significativamente el rezago original, ya que ha incrementado su efectividad hasta en un 86.8% en la conclusión de las acciones.

 

El trabajo del área jurídica ha sido muy importante debido a que, con independencia de la práctica de las auditorías, la ASF ha llevado a cabo diversas acciones jurídicas con resultados positivos.

 

A continuación, me permitiré destacar algunos aspectos. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 9 de septiembre de 2020 que la ASF cuenta con facultades para fiscalizar al INFONAVIT, lo cual marca un hito en materia de fiscalización, ya que nunca se había siquiera intentado auditar a ese Instituto.

 

De igual forma, la Primera Sala de la SCJN el pasado mes de septiembre determinó que se justifica la publicación de los nombres de las empresas involucradas en alguna auditoría, como parte del contenido de los informes individuales, en virtud de que éstas utilizan recursos públicos al ser contratadas o apoyadas financieramente por entes gubernamentales.

 

Por lo que corresponde a los fincamientos de responsabilidad resarcitoria ―los cuales se inician una vez que se determina que los pliegos de observaciones no fueron solventados, previa comparecencia de los servidores públicos y particulares presuntamente responsables de haber causado un daño a la Hacienda Pública Federal― informo que se han iniciado más de 4,900 procedimientos que involucran alrededor de 14,000 presuntos responsables.

 

A la fecha, se tienen resoluciones firmes definitivas, es decir, que ya no admiten impugnación jurídica, respecto a más de 1,300 responsables, los cuales están en un listado público en la página de internet de la ASF.

 

Adicionalmente, un número importante de asuntos en los que la ASF ya emitió resolución determinando responsabilidad resarcitoria se encuentran en distintas etapas de impugnación, de los cuales se han obtenido resoluciones favorables a la institución, tanto por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como del Poder Judicial de la Federación.

 

Tan solo en este año se han ganado en esas instancias asuntos por un monto de alrededor de 5000 millones de pesos, que si bien todavía pudieran admitir alguna impugnación, se está avanzando para ratificar su definitividad.

 

Como he comentado, la ASF no ha detenido sus actividades en ningún momento. Esto se refleja en que desde el 23 de marzo y a la fecha, se han notificado alrededor de 300 procedimientos resarcitorios, que involucran a más de 1000 presuntos responsables.

 

En cuanto a las denuncias penales, es importante destacar el hecho de que a la Auditoría Superior de la Federación se le ha reconocido el papel de parte ofendida en los procesos judicializados. Gracias a este avance, la institución puede colaborar codo a codo con la Fiscalía General de la República en las distintas audiencias que se celebren, en virtud de la admisión de su carácter de órgano encargado de salvaguardar el patrimonio de la Hacienda Pública Federal.

 

La coordinación con la Fiscalía General de la República se ha fortalecido en todos los sentidos,  lo que se ha traducido en avances importantes respecto a la resolución de los casos que tramita la ASF.

Del 15 de marzo de 2018 a la fecha, hemos presentado 117 denuncias penales correspondientes a las Cuentas Públicas 2014 a 2018. No obstante, no debemos perder de vista que el proceso de presentación de denuncias penales es dinámico, y la ley establece que éstas deben presentarse únicamente cuando se cuente puntualmente con los elementos legales respectivos.

 

Estos primeros datos son reveladores de la naturaleza continua de nuestro trabajo, ya que el seguimiento a las acciones penales y administrativas promovidas por la ASF ha requerido la presencia de personal especializado en audiencias realizadas en todo el país. Todos estos esfuerzos son verificables tanto en los números que aquí se presentan, como en los  contundentes resultados favorables que ha obtenido la Auditoría Superior de la Federación ante los órganos jurisdiccionales.

 

 

Otro caso que ilustra los esfuerzos en nuestra tarea permanente de fortalecer la fiscalización superior se refiere al uso de las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la auditoría, las cuales posibilitan incrementar la cobertura de nuestras revisiones, así como potencializar las revisiones en tiempo y calidad; especialmente en el contexto actual causado por la pandemia de COVID-19.

 

Con el apoyo de ustedes señoras y señores legisladores, en un futuro próximo las auditorías concurrentes o en “tiempo real” serán otro de los instrumentos a disposición de la ASF para incidir positivamente en el correcto ejercicio del gasto público federal.

 

De hecho, como saben, el pasado 15 de octubre el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 305 votos a favor, el Dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en relación con el uso y funcionalidades del Buzón-Digital.

 

Sin duda, este logro legislativo fue resultado de la convicción compartida entre la ASF y los diputados, en todas sus comisiones, si bien nuestro trabajo más estrecho es especialmente con la Comisión de Vigilancia de la ASF, respecto a la necesidad de contar con mejores medios para aumentar la eficiencia de la Fiscalización Superior, y para ofrecer cada vez mayores resultados en esta tarea, siempre en el marco de nuestro orden jurídico y en el ejercicio extensivo de las facultades jurídicas de la institución.

 

Con la materialización del Proyecto de Decreto turnado al Senado de la República, se fortalecerá la Fiscalización Superior, al posibilitar el uso de las herramientas tecnológicas y se contribuye a transitar de un esquema de revisión en papel, a una verdadera auditoría electrónica, que se traducirá en una mayor eficiencia en el uso de recursos materiales y humanos, tanto de la Auditoría Superior de la Federación, como de las entidades fiscalizadas.

 

No obstante, la primera fase del “Buzón Digital-ASF”, en su etapa de uso opcional para las entidades fiscalizadas, fue puesta en marcha por este Órgano Fiscalizador desde el 20 de julio del presente año, contando a la fecha con un total de 179 auditorías aceptadas correspondientes a 24 entidades fiscalizadas de los cuales 15 son Gobiernos de los estados, 3 Municipios, 4 Universidades, 1 Congreso Estatal y 1 Entidad de Fiscalización Superior Local.

 

La implementación de esta herramienta tecnológica incidirá positivamente en la disminución de los tiempos de revisión y, por ende, en el incremento de la capacidad de fiscalización de la Auditoría Superior, así como en una notable mejora en la transparencia de los procesos de fiscalización, al establecer un canal digital seguro para la comunicación entre las partes.

 

A su vez, como parte de la implementación de procesos y tecnologías disruptivas en los procesos de fiscalización, en breve, se pondrá en marcha la implementación del SiCAF (Sistema de Control, Administración y Fiscalización de los Recursos del Gasto Federalizado) el cual, será la plataforma nacional de la Auditoría Superior de la Federación para la administración, gestión, seguimiento y control de obras públicas y adquisiciones, financiadas con recursos del Gasto Federalizado, específicamente con participaciones, en una primera etapa, realizadas por los Estados, Municipios y Alcaldías.

 

Esta herramienta tecnológica de última generación permitirá contar con documentación verificable y datos certeros sobre la gestión presupuestal de recursos provenientes de la federación y por ende la trazabilidad de su ejecución, ello, respecto de la totalidad de las Entidades Federativas, Municipios y Alcaldías y de manera previa al cierre de la cuenta pública.

 

De esta manera, la Auditoría Superior de la Federación se pone a la vanguardia en el uso de las tecnologías de la información, en pro de una fiscalización expedita, certera, de mayor alcance y enfocada a resultados y, sienta las bases para la realización de auditorías en tiempo real.

 

Para reforzar esa confianza y responder a quienes han puesto en nuestras manos la vigilancia del patrimonio público, además de las labores de fiscalización superior, hemos continuado los esfuerzos preventivos a través de las denominadas auditorías adelantadas. Este tipo de revisiones se han instrumentado en proyectos de particular relevancia para el Estado Mexicano, como lo son la construcción de la refinería de Dos Bocas y del Aeropuerto de Santa Lucía, que nos han permitido adelantar el flujo de información necesaria para la labor auditora, en la Cuenta Pública correspondiente.

 

De igual manera, se ha dado seguimiento a las solicitudes formuladas ante esta Institución por parte de legisladores y la ciudadanía para que la ASF ejerza sus atribuciones de fiscalización.

 

Al respecto, la institución cuenta con diversos mecanismos de participación, a partir de los cuales recibe solicitudes, denuncias y sugerencias -incluyendo hechos que son dados a conocer a la opinión pública en los medios de comunicación-, que si bien varían en su profundidad y alcance, todas constituyen elementos de información susceptibles de incorporarse a la metodología de planeación y programación de auditorías.

 

En el caso de las denuncias fundadas en el Título Cuarto de la ley de fiscalización ―las cuales pueden ser presentadas por cualquier persona en relación con presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos, con el propósito de que la ASF valore la pertinencia de practicar alguna auditoría sobre el ejercicio fiscal en curso o anteriores― cabe señalar que en 2020 se recibieron 32 denuncias de este tipo; 11 por parte de diputados federales, 6 de las cuales fueron remitidas por integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, y 21 por parte de ciudadanos.

 

Asimismo, como señalé previamente, la ASF da seguimiento a los escritos, solicitudes o peticiones de ciudadanos, así como a los requerimientos, puntos de acuerdo, o exhortos de legisladores respecto a presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, o sobre temas sensibles, de impacto social y relevantes en la agenda pública.

 

Al respecto, en 2020 se recibieron 68 solicitudes de este tipo, de las cuales 2 de ellas motivaron la adición de revisiones al Programa Anual de Auditorías; mientras que 34 solicitudes fueron referentes a temas que ya estaban siendo revisados, o que habían sido auditados con anterioridad.

 

Este tipo de prácticas, así como las innovaciones que referí previamente vinculadas con el Buzón Digital han posicionado a la ASF como referente en los espacios de colaboración  internacional de los que formamos parte. Por ejemplo, en el marco de la INTOSAI, nos sumamos a la iniciativa de intercambio de  buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de fiscalización en el contexto de la pandemia de  COVID-19.

 

De igual manera, la ASF fue designada como instancia coordinadora de los trabajos para el desarrollo de lineamientos sobre protección a denunciantes, en el marco de las acciones del Grupo de Trabajo de la Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de Capitales, también de la INTOSAI.

 

Asimismo, la ASF coordinó los trabajos regionales para la elaboración del documento denominado “GUID 5330 sobre Auditoría en la Gestión de Desastres”, el cual busca orientar a las Entidades Fiscalizadoras Superiores que forman parte de la INTOSAI para auditar las actividades previas a un desastre, la reducción y gestión integral de riesgos, la respuesta de los entes públicos ante las emergencias, así como las acciones de apoyo  posteriores a los desastres, como lo es la rehabilitación y reconstrucción de infraestructura, entre otros elementos.

 

En lo concerniente a los trabajos regionales en la OLACEFS, la ASF preside el Grupo de Trabajo de Desastres Naturales, en el cual se analizan temas como las epidemias y pandemias. Asimismo, dicha instancia desarrollará el próximo año una auditoría coordinada sobre el uso de fondos de emergencia para hacer frente al COVID-19, en conjunto con la “Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI”, mejor conocida como la IDI.

 

De igual manera, en el marco de la OLACEFS, la ASF participó en las Jornadas Eurosai-OLACEFS, en donde compartimos experiencias en torno a la práctica de auditorías de desempeño como modalidad efectiva para auditar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

En cuanto a nuestra participación en la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores ―la OCCEFS― presidimos la Comisión de Incremento de Capacidades, en la cual hemos emprendido diversas acciones para fortalecer la capacitación de las EFS de la región. Asimismo, estamos elaborando un diagnóstico a nivel regional para la detección de necesidades de capacitación en materia de fiscalización superior, respecto a la evaluación del avance en la implementación de la agenda 2030.

 

Otra arista de suma importancia sobre el desempeño institucional se refiere al cumplimiento de nuestras responsabilidades en materia de transparencia y acceso a la información. Al respecto, el principio rector de nuestra actuación ha sido procurar el equilibrio entre la satisfacción de las solicitudes, la protección de datos personales y la preservación de la reserva de información obligada por la norma, por ejemplo, como en el caso de las auditorías que no han concluido. Sobre este tema cabe mencionar que al 15 de octubre se recibieron 868 solicitudes de acceso a la información.

 

En la ASF refrendamos día a día nuestra vocación a favor de la transparencia, con la consciencia de su rol destacado en la construcción de una ciudadanía más informada y con capacidad de exigencia, lo que refuerza el control democrático del poder público.

 

Ello se complementa con otras estrategias de difusión a través de la APP ciudadana de la ASF; las tareas de profesionalización del Instituto de Capacitación y Desarrollo de Fiscalización Superior, el Centro de Estudios, así como la atención de todos los extremos del ejercicio de los derechos que otorga nuestra Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a través de la instalación de la Defensoría de Oficio en Faltas Administrativas Graves, área que pone especial atención en las y los mexicanos de grupos vulnerables.

 

En la entrega de los informes individuales que hoy se publican subyace la declaración de los principios que rigen nuestro trabajo: auditorías más exhaustivas, optimización de los recursos disponibles, colaboración con todos los actores con los que participamos en la defensa del patrimonio público, como lo es la Fiscalía General de la República y su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y, por supuesto, el cabal cumplimiento de nuestro mandato legal.

 

Si bien es posible percibir avances significativos en los resultados que hoy se informan, también es preciso identificar los desafíos que se avecinan en un mundo afectado por la pandemia del COVID-19, y dar solución a las restricciones normativas actuales a nuestro trabajo que no posibilitan llevar a cabo auditorías en tiempo real.

 

Ahí está justamente, a dos años del inicio de nuestra tarea en la ASF, una de las discusiones más importantes e impostergables de nuestros tiempos. ¿Qué futuro tiene la fiscalización superior si la legislación no considera en algún momento los criterios de una nueva realidad?

 

¿No sería necesario potenciar los esfuerzos ya tomados como el de regular las auditorías digitales y las estrategias de combate a la corrupción a través de herramientas de inteligencia artificial y Big Data, para que la ASF de la Cámara de Diputados cuente con referentes jurídicos como el tiempo real para cumplir ampliamente con su encomienda constitucional?

 

La labor de auditoría de la ASF necesita que el marco normativo, en las circunstancias actuales, se ajuste a las necesidades. La normativa vigente sólo autoriza las auditorías al ejercicio concluido, y únicamente se permiten las auditorías al ejercicio en curso en términos del Título Cuarto, como lo describí con anterioridad.

 

Si bien la ASF implementó una estrategia para llevar a cabo auditorías por adelantado a través de la celebración de convenios, es importante  señalar que con base en dichos instrumentos sólo podemos obtener información anticipada y, por lo tanto, las acciones que de éstos derivan no son vinculantes.

 

Este mismo tipo de limitaciones se repiten en lo referente al alcance de las recomendaciones que derivan de las auditorías de desempeño, las cuales únicamente surten efectos de manera acotada.

 

Por ello, desde mi perspectiva, es preciso modificar nuestro marco constitucional, a efecto de autorizar la práctica de auditorías en tiempo real, e incrementar el impacto de las revisiones de desempeño, tal y como sucede con las auditorías de gasto federalizado que simultáneamente también son de desempeño, lo que potencia sus resultados benèficos para la fiscalización.

 

Para concluir mi participación quiero invitar a todos los legisladores y a la ciudadanía a consultar los resultados derivados de los 487 informes individuales de auditoría que conforman esta entrega. Así, la Cámara de Diputados y todos los mexicanos pueden constatar que la Fiscalización Superior ofrece diversos beneficios para el país, y que ésta constituye una fuente de certidumbre para combatir efectivamente la corrupción en defensa del patrimonio público.

 

 

Muchas gracias.