Se frustra liberación prometida a Brenda Q.; queda presa en Coatlán
En audio insertado en video, se escucha su desesperado lamento
De nada han servido el decreto presidencial ni la exigencia de la ONU
Héctor Rangel Terrazas 
La promesa del gobierno federal de aplicar para Brenda Quevedo Cruz (una de las víctimas del caso Wallace) el decreto de liberación a personas que tuviesen más de 10 años sin sentencia o que hayan sido víctimas de tortura, quedó solo en buena intención. Por orden judicial, la mujer recluida en el penal femenil federal de Coatlán del Río se mantendrá ahí indefinidamente.
La mujer, cuyo caso ha sido documentado como fabricado por instancias nacionales e internacionales, lanzó desde la cárcel en Morelos angustiante mensaje de auxilio, previo a la decisión judicial de esta semana:
"Mi corazón llora día y noche en silencio, esperando sólo un milagro y que ya termine esto. ¡Por favor, pido que alguien más nos ayude; ya no sabemos a quién más recurrir!"
Este 17 de noviembre, se conoció que el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales, en la capital del país, determinó mantener a la interna en el penal federal femenil referido, al considerar que no se encuentra en los supuestos para cambiar la medida cautelar de “prisión preventiva”, aunado al supuesto alto riesgo de fuga de la procesada
La defensa de Quevedo Cruz había pedido formalmente al juez continuar su proceso en libertad, con la garantía de un brazalete electrónico, solicitud que el juzgador rechazó, y determinó que la joven se mantenga recluida en Morelos.
Ni las promesas de Andrés Manuel López Obrador y de la entonces secretaría de gobernación, Olga Sánchez Cordero, el pasado 29 de julio, ni la exigencia de hace más de un año por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que se exige al gobierno mexicano la inmediata libertad de Quevedo Cruz, han servido de algo.
Hacia finales de julio pasado, López Obrador y Sánchez Cordero prometieron que antes del 15 de septiembre, una de las acusadas falsamente, según ha quedado plenamente documentado por el asesinato de Hugo Alberto Wallace, estaría en libertad ante un decreto presidencial que la beneficiaria directamente como a otros cientos.
Brenda cubre al menos dos de las exigencias para hacerse acreedor a la libertad ofrecida por el presidente: 1) para presos sin sentencia después de 10 años, como ella y 2) quienes hayan sido víctimas de tortura para sustentar la imputación, justo como ella padeció, comprobado esto mediante el protocolo de Estambul.
En octubre del año pasado, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió un documento oficial en el que pidió la inmediata liberación de Brenda Quevedo Cruz, luego de encontrar graves violaciones a las garantías del debido proceso.
Grito de auxilio
Poco antes de que se conociera este nuevo fallo, en un audio difundido a la opinión pública y a la sociedad civil, Brenda solicitó desesperadamente auxilio a la opinión pública ante el escenario que ya veía venir. Lo anteriormente entrecomillado es parte de ese mensaje, junto con fuertes declaraciones como las siguientes:
"La verdad, tengo mi corazón y mi cabeza hechos un nudo entre frustración, a veces enojó y tristeza, por seguir encerrada lejos de todo, lejos de mi familia cuando más lo necesitamos y en estos momentos tan duros para todos.
"Entonces ahora pueden imaginarse estar en un lugar en el cual no puedes hacer otra cosa que esperar y esperar. A que algo se mueva dentro de un proceso que en mi caso lleva más 12 años y que no se ha podido resolver por mil escusas.
"Ya exijo por favor la intervención del Estado que debe vetar por un juicio justo e imparcial. Ya hay opiniones de organismos internacionales como la ONU pidiendo mi libertad", señala la mujer presuntamente encarcelada injustamente, según han comprobado distintos especialistas y organismos nacionales e internacionales.
Con ese audio se realizó un video con el mensaje íntegro de Brenda Quevedo, seguido por intervenciones de amigos, familiares, activistas y personajes que han defendido y documentado las violaciones en su caso. Entre otros, destacan las exigencias de libertad por parte de personas como la periodista Anabel Hernández (quien principalmente ha documentado inconsistencias y falsedades en las acusaciones a la reclusa en Morelos y a otros acusados) y el sacerdote activista, Alejandro Solalinde.
Este material puede atestiguarse en video en la siguiente liga:
