Policias y manifestantes. ¿Dos derechos opuestos?

¿Dónde termina el derecho a manifestarse y donde principia el derecho de la sociedad a intervenir y controlar a los manifestantes de una protesta pública?

Desde luego, está en la ley y básicamente en la Constitución la libertad de manifestación. El problema reside en que esa libertad aunada a la democratización incipiente del país ha dado origen a un libertinaje en la que una parte de la  sociedad y manifestantes son víctimas inocentes. La necesidad de protestar se entiende y justifica  y esto viene a colación por lo que le pasó a Capella en Quintana Roo, donde tuvo que renunciar al cargo por ser el responsable, no de los hechos, sino del mando de una policía municipal que alega fue desobediente a sus órdenes de no reprimir. Pero eso, lejos de resolver el problema,  lo complica. ¿Porque la sociedad y muy en lo particular los ciudadanos que viven o comercian en las calles y locales de las avenidas o las carreteras donde se encuentran tienen que sufrir las consecuencia de los excesos  de unos cuantos? ¿Por qué la autoridad y en éste caso la sociedad representada por el gobierno de cualquier nivel tiene que tolerar los desmanes y abusos de quienes en el nombre de la libertad y de hechos ciertamente reprobables tienen que soportar los excesos y abusos e incluso de la destrucción de la propiedad pública o privada por parte de unos cuántos que protestan una injusticia?

Una cosa es manifestarse con respeto, lo cual prevé  la carta magna y otra muy diferente destruir en el nombre de un derecho violado o de una necesidad de grupo no satisfecha ¿Porqué o conqué derecho se impide al ciudadano transitar en una calle o en una carretera, víctima de pequeños o grandes grupos que lesionan el interés ajeno sin ninguna consecuencia? ¿Por qué el gobierno los tolera?, porque la ley dice claramente que esos hechos no se deben  hacer, es decir, de lesionar a terceros y lo hacen y lo han hecho y lo seguirán haciendo debido a la impunidad constante, debido a la omisión de la autoridad para cumplir con su obligación de retirarlos, de someterlos, de castigarlos cuando violan la ley. El gobierno debe imponer orden, claro bajo la premisa de no llegar, más que en caso extremo, a la represión, a la contención. Pero aquí no pasa nada que les impida a cualquier inconforme destruir en el nombre de su libertad de manifestarse. Eso no está bien, eso no es correcto. Vamos generando el desorden desde el mismo gobierno y desde la misma ley burlada cuando no se toman medidas en contra de aquellos que destruyen o que impiden el libre tránsito de los ciudadanos. Es un derecho público, garantizado constitucionalmente y dejado que se viole impunemente por la propia autoridad obligada a imponer y hacer respetar la ley. El ciudadano, al igual que el gobierno en una sociedad como la nuestra debe ser sometida a las leyes y si eso implica el uso de la fuerza, pues tendrá que ejercerse. Para eso es el gobierno, para eso las leyes se las hemos dado para que el monopolio de la fuerza bajo la ley y el orden lo establezca la autoridad. Para eso está la autoridad, para eso se es Gobernador y presidente Municipal o jefe de policía, etc. Es cuestión de principios violados que no se quiere atender por miedo a lo que vimos que pasó en Cancún: a la descalificación de la autoridad.

Los policías son víctimas del delincuente y nadie en su sano juicio puede de acuerdo a esas reglas someter a un manifestante violento so pena de ser acusado, sancionado, destituido. La sociedad actual no busca contratar policías, busca contratar a gente resignada que por un salario y un uniforme soporte golpes, ofensas y represión de particulares que se ensañan con muchos representantes de la ley. Una sociedad civilizada no debe ni puede tolerar los excesos de ningún tipo. Nosotros, soportamos todo. No defiendo a Capella, por cierto con triste historial en Morelos, pero, me pregunto, ante tanta violencia, ¿No tenían los policías la necesidad de someter al orden a los revoltosos?, claro, sin llegar a los extremos, pero someterlos. No hacerlo es fomentarlo y ésta sociedad está llena de violentos que han encontrado en esa actividad una fuente de abusos, como la toma de casetas o el robo destrucción de los bienes sin límite alguno. No imponer el orden nos va a costar cada día más caro porque cada día, la violencia seguirá aumentado al no imponer el límite justo que la ley existente contra el violento. Vamos mal.