Observador político - Van 14 aspirantes para alcanzar una magistrados en el TSJ

El proceso para elegir a los siete magistrados vacantes en el Poder Judicial de Morelos parece estar sumido en una nube de controversia y dudas que empañan la integridad de la selección; hasta la fecha, van 14 aspirantes registrados y se espera se acumulen más durante la semana de una selección plagada de cuestionamientos y señalamientos por posibles acuerdos ya “amarrados” con algunos aspirantes y los diputados del G15 que mantienen el control político y económico del Congreso.

GRACIELA QUIÑONEZ, MIGUEL ROSETE Y JUAN SALAZAR.- Uno de los aspectos más preocupantes es la supuesta venta de estos cargos por sumas que alcanzan los cinco millones de pesos, una acusación formulada por el diputado morenista Arturo Pérez Flores en su momento y confirmada posteriormente por su homólogo, Agustín Alonso Gutiérrez, de Nueva Alianza. Esta denuncia pública, arroja una sombra oscura sobre la transparencia y la ética del proceso, ya que sugiere que el acceso a la justicia podría estar en manos de quienes pueden costearlo en lugar de estar basado en méritos y capacidad, algo que por cierto, no se les da a los integrantes del Poder Legislativo quienes durante décadas se han dedicado a repartirse las posiciones como ocurrió con los hermanos Yáñez quienes colocaron a su señor padre Roberto Yáñez, como comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así como en el propio Poder Judicial, donde el amiguismo y compadrazgo no fue la excepción.

Dentro de los 14 aspirantes que ya se registraron, hay tres figuras que destacan por su relevancia en el ámbito legal y político en Morelos:

La directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Graciela Quiñonez Bahena, quien en este mes cumple un mes al frente de esta importante unidad académica, y quien ahora busca ocupar una de las siete magistraturas vacantes en el Tribunal Superior de Justicia.

Miguel Ángel Rosete Flores, ex presidente de la Barra de Abogados de Morelos, quien ha sido uno de los críticos más vehementes de los poderes Ejecutivo y Judicial en la entidad; su participación en el proceso es interesante, pero también plantea la cuestión de si sus críticas previas influirán en su imparcialidad y objetividad como magistrado.

Juan Salazar Núñez, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, ha tomado un permiso de 30 días para aspirar al cargo; empero, de él circulan rumores sobre su cercanía con diputados que podrían influir en su selección. Esto podría generar una percepción de que el amiguismo y las relaciones políticas prevalecen sobre la meritocracia en la elección de magistrados, aunque él funcionario lo haya negado.

En medio de estas controversias, es esencial que el proceso de selección de magistrados en Morelos se lleve a cabo con la máxima transparencia y escrutinio público; sobre todo porque la confianza en el Poder Judicial es fundamental para el Estado de Derecho, y cualquier sombra de duda sobre la integridad de este proceso debe ser abordada de manera rigurosa. Más aún, porque el TSJ ha sido fuertemente cuestionado y señalado por sus constantes actos de corrupción en el que algunos de sus integrantes han caído y por ello, la ciudadanía merece un sistema judicial imparcial y confiable que no esté sujeto a influencias indebidas ni a prácticas cuestionables.

La figura de Juan Salazar Nuñez, el fiscal con licencia, se encuentra en el centro de una trama política y de justicia que plantea interrogantes sobre la integridad y la independencia del sistema legal en México; sobre todo porque en un contexto en el que se aproximan las elecciones del 2024 y las tensiones políticas se intensifican, es fundamental analizar con atención las declaraciones y acciones de quienes ocupan cargos públicos de alto calibre, como es el caso de Salazar.

En sus declaraciones, Salazar Nuñez rechaza tajantemente la idea de que esté en un acuerdo con los diputados del G15, quienes aparentemente tienen la intención de llevar a cabo un proceso judicial bajo su conveniencia, esto plantea dudas legítimas sobre la imparcialidad y la transparencia de dicho proceso, especialmente en un contexto electoral en el que se disputan importantes cargos públicos.

El fiscal con licencia también hace hincapié en su extensa experiencia en el servicio público, mencionando su trayectoria como magistrado, procurador fiscal del Estado, consejero jurídico, y su actual cargo como fiscal anticorrupción. Sin embargo, es importante recordar que la experiencia por sí sola no garantiza la imparcialidad ni la integridad en el ejercicio de la justicia.

Salazar también niega que su salida de la magistratura para asumir la Fiscalía Anticorrupción sea un intento de escapar de posibles acusaciones o persecuciones. Si bien él sostiene que su trayectoria es intachable, es deber de las autoridades investigar cualquier alegación de mala conducta, sin importar la posición de la persona involucrada.

DIPUTADOS DE LA LV EN LA MIRA DE LA ANTICORRUPCIÓN.- En medio de la lucha constante contra la corrupción en nuestro sistema político, la LV Legislatura Local se encuentra bajo la lupa de la opinión pública debido a las investigaciones en curso que amenazan con sacar a la luz la supuesta malversación de fondos y la corrupción entre algunos de sus miembros.

Uno de los aspectos más alarmantes de esta situación es la falta de transparencia en torno a las investigaciones en curso, aunque el virtual magistrado Juan Salazar reconoció que algunos de los diputados que integran la Legislatura LV están siendo investigados, empero, por la secrecía del caso, tiene que mantener en secreto los nombres de los involucrados.

A pesar de todo, hay que recordar el caso de Sandra Lagunas Ríos, quien anteriormente trabajaba en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso de Morelos (ESAF), y quien acusó al diputado Alejandro Martínez Bermúdez de exigirle un "moche" mensual de cinco mil pesos a cambio de conservar su empleo. Esta acusación arroja una sombra sobre la ética y la integridad de un legislador que debería estar trabajando en beneficio del pueblo.

Lo más inquietante de la historia de Lagunas Ríos es que afirma que no es un caso aislado y que otros empleados enfrentan una situación similar pero temen denunciar debido al miedo a perder sus empleos. Esto subraya la necesidad urgente de crear un ambiente seguro y protegido para que los denunciantes de corrupción puedan hablar sin temor a represalias.

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