Observador político - Temixco: El fracaso de un gobierno que nunca llegó
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes

A seis meses de asumir el poder, el alcalde de Temixco, Israel Piña, ha demostrado que no estaba preparado para gobernar, mucho menos para enfrentar el caos que significa administrar uno de los municipios más golpeados por la violencia estructural y la criminalidad en Morelos.
EL CAMBIO QUE NO HA LLEGADO.- Llegó con el discurso del cambio, con la promesa de poner orden, pero la realidad le ha estallado en la cara: el crimen no solo no ha cedido, sino que se ha intensificado y diversificado.
Los grupos delictivos siguen disputándose el territorio en una guerra que no comenzó con Piña, pero que se ha profundizado bajo su administración. Desde el asesinato de la alcaldesa Gisela Mota en 2016, Temixco se convirtió en sinónimo de impunidad, ejecuciones, desplazamiento silencioso y control criminal de espacios públicos. Y el actual edil no solo ha sido incapaz de revertir esta situación: ni siquiera ha logrado contenerla.
Colonias como Lomas del Carril, Rubén Jaramillo, La Nopalera, Alta Palmira y Los Presidentes viven bajo un régimen de facto impuesto por el narco. En ellas, los operativos de seguridad brillan por su
ausencia y la policía municipal parece más ocupada en fingir normalidad que en proteger a la población. La vida cotidiana se ha deformado: la gente cambia sus horarios, evita ciertas calles, deja de salir por las noches. La violencia es ubicua y selectiva, y lo peor es que ya se naturalizó.
PROMESAS INCUMPLIDAS.- ¿Y el alcalde? Entre sus negocios de paletas y su evidente desconexión con la realidad del municipio, Piña parece no haber entendido nunca el tamaño de la responsabilidad que asumió. Ganó la elección derrotando a Morena con el discurso de un “nuevo comienzo”, pero hasta ahora, lo único que ha empezado es una nueva fase de abandono.
La promesa del cambio fue humo, y el humo se ha disipado, dejando a la vista una estructura institucional frágil, capturada, sin rumbo; No basta con cambiar de partido, de siglas o de caras, no, se requiere una transformación profunda de las condiciones materiales que producen esta violencia: pobreza, exclusión, corrupción policial, colusión con el crimen organizado, impunidad judicial.
Mientras eso no cambie, Temixco seguirá siendo un campo de batalla -no entre buenos y malos-
sino entre la vida digna y la barbarie capitalista que avanza donde el Estado retrocede. La pregunta es: ¿hasta cuándo soportará la gente de Temixco este estado de excepción no declarado? Porque lo que está en juego no es solo la seguridad, sino la posibilidad misma de vivir sin miedo.
EL HABER DE RETIRO “DORADO” DE LOS INTOCABLES.- Mientras las escuelas se caen a pedazos, los hospitales públicos sobreviven con insumos limitados y los trabajadores estatales llevan
años sin incrementos salariales, el Poder Judicial de Morelos protagoniza una de las escenas más obscenas de la desigualdad institucionalizada: 2 mil millones de pesos se requieren y tendrán que ser destinados para liquidar a 20 magistrados y 60 jueces para el año 2027.
Una cifra insultante en un país con más de 50 millones de personas en situación de pobreza y lo más grotesco de este presupuesto no es solo su monto, sino su lógica perversa: la de premiar con millonarios retiros a funcionarios que, en su mayoría, apenas han ocupado el cargo durante un año, es decir, ni siquiera han tenido tiempo de demostrar mérito alguno, pero eso no importa ya que en la élite judicial, el cargo es un pase automático al privilegio vitalicio.
Y mientras se nos exige “apretarnos el cinturón”, los magistrados aprueban bonificaciones retroactivas de 10 mil pesos mensuales a ex colegas que ya se retiraron, a pesar del colapso financiero que ellos mismos reconocen en las dependencias públicas. Por tanto, este tipo de decisiones revelan una aristocracia judicial desconectada del país que jura representar.
Más preocupada por blindar su futuro económico que por garantizar justicia, esta cúpula se defiende con tecnicismos legales y amparos, usando el mismo aparato del Estado para conservar su zona de confort.
La narrativa oficial es cínica: “no compromete las finanzas”, “es un derecho adquirido”. Lo cierto es que se sigue transfiriendo riqueza pública a unos cuantos, mientras se niega el mismo derecho a los trabajadores de base.
¿Qué pasa con los empleados sindicalizados del tribunal, quienes no han visto mejoras salariales en años? ¿Dónde están sus “derechos adquiridos”?
Los salarios de los magistrados hoy en la actualidad, superan los 100 mil pesos mensuales y este caso retrata con claridad el verdadero rostro del sistema judicial: no un instrumento de justicia
social, sino una estructura vertical de poder donde se protege a los de arriba y se ignora a los de abajo.
Por ello, diversos sectores de la población han criticado y exigido más transparencia, rendición de cuentas y un trabajo eficiente y profesional en el Poder Judicial de Morelos que se encuentra en los últimos lugares en impartición de justicia en la república mexicana y como vamos, difícilmente podremos salir de este hoy negro en el que se encuentra el estado. Quizá por ello, muchos profesionistas del derechos han considerado que es tiempo de repensar el concepto del “haber de retiro” cuando se convierte en una herramienta de acumulación elitista. No se trata de negar derechos laborales, sino de cuestionar por qué unos pocos tienen derechos privilegiados mientras
millones no tienen ni lo básico garantizado.
Diversos sectores de la sociedad se han pronunciado y han rechazado tajantemente que el pueblo a través de sus contribuciones fiscales sea quien tenga que seguir financiando a quienes viven en una realidad distinta a la de millones de mexicanos que perciben apenas el salario mínimo, a diferencia suyo que son beneficiados con pensiones doradas, mediante amparos exprés y blindaje presupuestal; el presupuesto público debe ser una herramienta de redistribución, no un
botín.
Morelos no necesita más magistrados millonarios, lo que requiere urgentemente es justicia. Y
la justicia empieza por acabar con estos abusos.
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