Observador político - Sombras en la Justicia: ¿negocio o el precio de la opacidad?

En el oscuro telón de la noche, mientras la mayoría de la sociedad dormía ajena a las maquinaciones de sus representantes populares, se desplegó un acto que ha dejado a la justicia local sumida en sombras y cuestionamientos; la designación exprés de 10 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos ha despertado, con razón, las alarmas de aquellos que esperan una administración de justicia transparente y libre de sospechas.

APROBACIONES Y VISOS DE CORRUPCIÓN.- En medio de una investigación por presunta venta de magistraturas por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y en medio de un mar de quejas, cuestionamientos, rumores, y señalamientos directos por las designaciones a modo, de ayudar a los amigos sin importar incurrir en conflictos de interés y con personajes que en su mayoría no cuentan con la experiencia necesaria pero al final, los diputados decidieron designar a los magistrados, con sueldos que podrían calificarse como exorbitantes en una sociedad que clama por equidad, no hace más que socavar la confianza en las instituciones al percibir 100 mil pesos mensuales por un periodo de 14 años.

Las críticas a este proceso no se hicieron esperar por parte de las asociaciones civiles y empresarios quienes alzaron su voz, denunciando la falta de transparencia y los potenciales conflictos de interés que rondaron este acto de designación. Incluso desde las filas de la propia legislatura, la diputada Erika Hernández Gordillo, de Redes Sociales Progresistas, lideró la oposición, señalando la falta de transparencia y los vicios en el procedimiento.

El hecho de que María Luisa Sánchez Osorio (de las pocas con perfil, conocimiento, con un currículum extraordinario y experiencia comprobada), esposa del fiscal General Uriel Carmona, haya sido seleccionada como magistrada, solo añade un ingrediente más a la ya tensa situación; por tanto, este movimiento, interpretado como un desafío hacia los gobiernos federal y estatal, levanta interrogantes sobre la independencia real de los poderes y la influencia que puede ejercerse desde la sombra.

En medio de este turbio panorama, los ciudadanos y las asociaciones civiles exigieron en todo momento a los legisladores cumplir con los compromisos de transparencia asumidos al inicio de la legislatura, sin embargo, hicieron caso omiso y por ello, la opacidad persiste, y los nuevos magistrados han asumido sus funciones sin que la sociedad tenga claridad sobre los criterios y procesos que llevaron a su designación.

Los debates acalorados y las tensiones en la legislatura no son más que reflejo de la falta de consenso y legitimidad en este proceso, aunque se argumente que la elección cumplió con las normas jurídicas, la realidad es que la legalidad no siempre es sinónimo de legitimidad, y la percepción pública de este acto está lejos de ser positiva.

DESIGNACIÓN POLÉMICA; LA OPACIDAD Y FÉRREA DEFENSA.- En una sesión legislativa cargada de tensiones y descontento, el Congreso se vio envuelto en una nueva controversia con la designación de magistrados para el Poder Judicial. La disidente Erika Hernández Gordillo de Redes Sociales Progresistas, arrojó luz sobre un proceso que, según sus críticas, estuvo viciado de origen y caracterizado por la falta de transparencia.

La sobrina de la maestra Elba Esther Gordillo, ex dirigente del Sindicato del SNTE, la parlamentaria Erika Hernández Gordillo, manifestó su rechazo y cuestionó la legitimidad del proceso, señalando que desde el principio estuvo marcado por irregularidades. Esta crítica no solo provino de su posición política sino también de su convicción de que el Congreso debería ser un espacio democrático y transparente, donde cada decisión refleje la voluntad y la confianza de la ciudadanía.

La controversia alcanzó su punto álgido cuando 14 de los 20 diputados pertenecientes a una amalgama de partidos, desde el PAN, PRI, PANAL, MC y hasta una fracción de Morena, votaron con todo planchado previamente y al igual que la legislatura LIII, decidieron hacerlo al amparo de la noche en una sesión maratónica donde desahogaron todos sus intereses y designaciones que tenían amarradas al igual que siempre ha ocurrido en el Congreso local. Es crucial destacar que esta designación no es un hecho aislado. Se suma a la férrea defensa que el Congreso realizó en el pasado en favor del fiscal General Uriel Carmona, acusado de feminicidio. Esta coherencia en la acción legislativa levanta interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad del poder legislativo, especialmente cuando se trata de cuestiones judiciales sensibles.

La denuncia de varias diputadas y Arturo Pérez Flores, el ex diputado “solitito”, antes de la votación, expresando su inconformidad por no haber tenido acceso oportuno a los dictámenes, subraya aún más las sombras que rodean este proceso, así como la falta de transparencia y participación democrática mina la confianza en las instituciones, socavando la integridad del sistema democrático.

Esta polémica designación no solo impacta la composición del Poder Judicial, sino que también refleja la urgente necesidad de revisar los procesos legislativos para garantizar la transparencia y la representación genuina; más cuando la ciudadanía merece un Congreso que actúe con responsabilidad y refleje fielmente sus intereses, en lugar de ser un escenario para decisiones que generan divisiones y desconfianza.

Carlos Iván Arenas Ángeles, Ángel Garduño González, Rubén Jasso Diaz, y Norberto Calderón Ocampo, magistrados salientes, dejan un vacío que será llenado por Juan Gabriel Vargas Téllez, Cecilia Verónica López González, Arturo Loza Flores y Miriam Janet Uribe Peralta, respectivamente; estos cambios no solo alteran la dinámica del Poder Judicial, sino que también suscitan dudas sobre la continuidad y coherencia en las decisiones judiciales.

En conclusión, la designación de magistrados debería ser un proceso cuidadoso y transparente, asegurando la independencia del Poder Judicial y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. La falta de claridad, la aparente falta de consulta y la polarización evidente en las decisiones legislativas solo contribuyen a socavar la integridad del sistema y distanciar aún más a la ciudadanía de sus representantes; este episodio deja en claro la necesidad urgente de una reforma profunda en los procesos legislativos para garantizar una democracia más participativa, transparente y representativa.

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