Observador político - ¿Se respeta en Morelos el estado de Derecho?

Cuando un representante popular o los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial van a asumir un cargo, tienen forzosamente que tomar la protesta de ley, en virtud de que se trata de un mandato constitucional por el que todo servidor público se compromete a guardar y salvaguardar la Carta Magna antes de dar inicio con el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su encargo.

LA VIOLACIÓN CONSTANTE A LA CONSTITUCIÓN.- Por lo tanto, al protestar guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, se le da significado frente a los ciudadanos al compromiso de ejercer la función cuyo desempeño está regulado por nuestra Carta Magna.

Tristemente, en los últimos años se ha ido agudizando la violación constante y permanente a la Constitución y por consecuencia lógica, muchos de los representantes populares o integrantes de un poder, en este caso del Poder Judicial de Morelos han incumplido con estas normas al realizar actos y acciones que están en muchos de los casos fuera de toda normatividad jurídica.

Los magistrados en la actualidad son los encargados de integrar los Tribunales Superiores de Justicia, como la Corte Suprema de un país. En Morelos, su función principal es la de administrar justicia, es decir, son la base de las pruebas que se presentan y correspondan a casos en los que se haya infringido la ley. Para ello procede juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.

Bien, decía que desde hace años no se ha respetado la Ley en Morelos y por ello, desde el Tribunal Superior de Justicia, los grupos de poder que mantienen los magistrados son quienes deciden en una votación quien será el presidente del Poder Judicial. En reiteradas ocasiones han dejado a un lado los ordenamientos jurídicos y han prevalecido los intereses económicos, políticos y espacios de poder de los mismos togados quienes para ser favorecidos se pronuncian por aquél que les garantice sus prebendas.

Un caso ejemplar, fue la determinación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que confirmó el cese de seis magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos y que, con el respaldo del exgobernador Graco Ramírez habían reformado la constitución local para perpetuarse en el poder por lo menos 20 años.

Es decir, los ministros le dieron un golpe contundente al exmandatario perredista y a sus  esbirros exmagistrados quienes tuvieron que irse en virtud de que, fueron invalidados los artículos que permitieron el periodo de nombramiento de 14 a 20 años de antigüedad a magistrados locales.

Los magistrados que se fueron son: Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena, María del Carmen Cuevas López y José Valentín García.

Y además, dos magistrados más del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA): Jorge Estrada Cuevas y Martín Jasso Díaz.

Lo triste y preocupante es que estos dos últimos magistrados no se han ido como lo ordenó la SCJN y siguen laborando en el Tribunal de Justicia Administrativa con la complicidad de su presidente, el magistrado Joaquín Roque González Cerezo.

No fue sino hasta que Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados lo denunció públicamente a Martín Jasso Díaz, de estar ilegalmente ocupando el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, debido a que ya concluyó con su periodo de 14 años, período máximo para ocupar la magistratura tal y como lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Lo más grave es que Martín Jasso Díaz siga dictando sentencias sin tener personalidad jurídica para hacerlo, se sigue ostentando como magistrado cuando ya no lo es, deja de serlo desde mayo del 2020. Se tendrían que declarar de ilegales todas las sentencias que haya dictado puesto que fueron dictadas por una persona que legalmente se encontraba impedida para dictar desiciones judiciales, es decir; todas las sentencias a partir de que Martín Jasso Díaz deja de ser magistrado al concluir su período de 14 años son ilegales”, señaló. En días próximos, se vendrá una andanada de acciones jurídicas en contra de este personaje luego de que su hermano Rubén Jasso Díaz dejó de ser ya presidente del Poder Judicial derivado de la misma circunstancia: Cumplirá sus 14 años y no podía ser reelecto porque se violentaría otra vez más la Constitución.

LUIS JORGE GAMBOA OLEA, PRESIDENTE DEL TSJ. - Tras muchos yerros, el pleno del Poder Judicial de Morelos tomó una decisión acertada al no aprobar la reelección de Rubén Jasso Díaz, debido a que de hacerlo, habrían otra vez caído en la ilegalidad y violentarían la Carta Magna que ya se les había hecho costumbre en casi todas las decisiones para elegir al presidente del Tribunal Superior de Justicia.

En estos mismos espacios dijimos con anticipación que el doctor Rubén Jasso Díaz además de profesionista es un buen hombre, y su aspiración para mantenerse como titular del Poder Judicial en Morelos era ilegítima, sobre todo porque iba a poner en un predicamento otra vez al Poder Judicial el próximo año cuando se venzan sus 14 años de servicio y tuviera que están pugnando por mantenerse en el cargo sin importar, otra vez, violentar la Constitución. La decisión de los magistrados fue acertada.

Y lo que no hizo su homólogo Rubén Jasso ahora tendrá el compromiso de poner orden en los cargos de personal que ha sido cuestionado y que obedece a la administración de María del Carmen Verónica López Cuevas, el ahora magistrado presidente  Luis Jorge Gamboa Olea tras haber heredado el poder con el respaldo de sus iguales en sesión de pleno.

Es necesario que haya además de transparencia y rendición de cuentas, orden en la forma en cómo se han entregado y destinado las posiciones al interior del TSJ, así lo piden los abogados y los trabajadores sindicalizados que conocen al derecho y al revés como se ha contratado personal y jueces en los últimos años. Urge democratizar y ofrecer las posiciones a quienes tengan el mejor perfil sin importar que no sean sus amigos o familiares de los magistrados.

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