Observador político - ¿Retiro o resistencia de Carmona ante vendaval político?

En la encrucijada política y judicial que enfrenta Uriel Carmona Gándara, actual Fiscal General del Estado, se vislumbra un panorama desafiante, sobre todo, ante la próxima llegada de Margarita González a la gubernatura y de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, por lo que las nubes de incertidumbre parecen oscurecer su horizonte.

TIEMPO DE DECISIONES.- El destino de Carmona Gándara ha estado marcado por la controversia desde el trágico caso de Ariadna Fernanda en el año 2022, a pesar de haber sido absuelto por el Poder Judicial de Ciudad de México, que cerró el caso y descartó las acusaciones de obstrucción a la justicia, las sombras de la sospecha no se disipan fácilmente en el ámbito político.

Hay que decir que el panorama habría sido radicalmente distinto si Lucía Meza Guzmán y Xóchitl Gálvez hubieran resultado victoriosas en la gubernatura y presidencia, dado su apoyo a Carmona Gándara, sin embargo, la realidad actual presenta un escenario menos favorable, con mandatarias electas que han expresado abiertamente su descontento hacia el fiscal en funciones.

El reciente cambio de balance en el Poder Judicial, tras el contundente ascenso de Morena en presidencia, gubernaturas, diputaciones federales y senado, así como en los Congresos estatales, también juega en su contra. Y es que, las amenazas de auditorías y persecuciones políticas parecen acechar tanto a Carmona Gándara como a su equipo.

En este contexto, Uriel Carmona se enfrenta a una decisión crucial: evaluar si seguir al frente de la Fiscalía General del Estado es viable o si retirarse podría ser la mejor estrategia para evitar represalias futuras; por lo que es momento de analizar detenidamente las cartas que quedan sobre la mesa, con el objetivo de salvaguardar tanto su integridad personal como el legado de su equipo.

El futuro inmediato de Uriel Carmona Gándara parece estar entrelazado con las complejidades políticas y judiciales que definirán los próximos capítulos de su carrera; sus posibles aliados se han esfumado, prácticamente se ha quedado solo, los diputados de la actual legislatura en breve también se irán y llegarán otros representantes populares que no comulgan con su actuar y por tanto, será objeto de auditorías al recurso que ha manejado en la FGE.

Por tanto, la historia juzgará si su permanencia en el cargo fue una resistencia valiente o una batalla perdida ante las mareas del cambio político, de ahí que la situación de Carmona Gándara no es solo un dilema personal, sino también un reflejo de las dinámicas políticas y judiciales que atraviesa México. El peso de las decisiones que tome no solo afectará su propio futuro, sino también la percepción pública de la institución que representa.

DESVIOS Y OPACIDAD.- La reciente revelación de que el fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, no solo no adquirió el helicóptero prometido con fondos públicos asignados desde 2023, sino que además ha gastado más de mil millones de pesos en gasto corriente, es un ejemplo claro de la falta de transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Desde el inicio, Carmona Gándara había asegurado que los fondos estaban disponibles y que se procedería con la compra de la aeronave en el primer semestre de 2023, sin embargo, las afirmaciones recientes de que el presupuesto fue desviado hacia gastos operativos y contratación de personal revelan un nivel de irresponsabilidad alarmante. Este manejo negligente de los recursos no solo pone en duda la capacidad de la Fiscalía para cumplir con sus funciones esenciales, sino que también genera una profunda desconfianza entre la ciudadanía, que espera un uso diligente y transparente de sus impuestos.

Es especialmente preocupante el contexto político en el cual estas decisiones han sido tomadas, con una mayoría de legisladores entrantes provenientes de Morena, quienes ahora solicitan explicaciones, queda claro que la fiscalización y rendición de cuentas deben ser prioridades absolutas en la próxima legislatura. No es suficiente con reprogramar comparecencias o culpar a ausencias de diputados durante periodos electorales; lo que se requiere es un compromiso genuino con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.

El hecho de que se haya dilapidado una cantidad tan significativa de dinero en gastos no relacionados con el propósito inicialmente anunciado es un golpe directo a la credibilidad del sistema de justicia en Morelos; más, porque los recursos públicos no deben ser utilizados de manera discrecional ni para fines distintos a los aprobados por el Congreso. Aunque todo eso se debe, a la falta de supervisión efectiva y la aparente falta de controles internos adecuados son síntomas de un problema estructural más amplio que debe ser abordado con urgencia.

Lo cierto es que el caso del helicóptero en Morelos es más que una simple controversia administrativa; es un ejemplo emblemático de cómo la falta de transparencia y la mala gestión pueden socavar la confianza pública en las instituciones democráticas.

De ahí que es responsabilidad de los nuevos legisladores y de la sociedad en su conjunto exigir respuestas claras y tomar medidas concretas para garantizar que situaciones como estas no se repitan en el futuro; sobre todo por la rendición de cuentas es un principio fundamental de la democracia que debe ser protegido y fortalecido en todo momento.

SINOPSIS.- Traición y Contradicción: En los últimos días, la escena política en Morelos ha sido testigo de una jugada que revela no solo la inconformidad, sino también la traición de algunos diputados de Morena hacia el proyecto de la 4T, encarnado en la figura de Margarita González Saravia. Y es que, tras la reciente votación de 14 legisladores salientes, en contra de las iniciativas representativas de este proyecto, no solo deja en entredicho la lealtad política, sino que también plantea serias dudas sobre el futuro de la coalición que llevará las riendas del estado.

Es evidente que estos movimientos políticos complican el panorama para la próxima gobernadora, quien se enfrentará a la difícil tarea de negociar con aquellos diputados que, movidos por prebendas políticas, han decidido apartarse del ala morenista. Este desafío se vuelve aún más arduo al considerar que la reunión de los 14 votos necesarios para revertir las reformas aprobadas en la última sesión legislativa parece una meta cada vez más distante.

Particularmente revelador es el rechazo manifestado por Tania Valentina Rodríguez Ruiz, líder del Partido del Trabajo y diputada electa, quien todo indica que ha decidido distanciarse de la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia; por lo que este giro en su postura subraya las grietas internas que podrían profundizarse en los próximos meses, desafiando la estabilidad y cohesión del frente político que busca perpetuar el proyecto de transformación iniciado por la 4T.

La decisión de los 14 votos en la legislatura saliente no solo refleja la disidencia interna y las estrategias divergentes dentro de Morena en Morelos, sino que también plantea serias interrogantes sobre la viabilidad del gobierno entrante para implementar su agenda política; la lealtad y la cohesión parecen estar en juego, y solo el tiempo dirá si estas fisuras podrán ser reparadas o si terminarán por fracturar el frente político de la 4T en la región.

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