Observador político - ¿Pesa más un amparo que una resolución de la SCJN?

Andrés Hipólito Prieto y Martín Jasso Díaz se encuentran en el ojo del huracán. El primero lleva ya 22 años como magistrado del Tribunal Superior de Justicia y el segundo va por los 16 años de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). Ambos están agarrados prácticamente con alfileres y se aferran al cargo a  través de un amparo que promovieron para evitar dejar los privilegios que durante décadas han obtenido como en su oneroso salario de casi 100 mil pesos mensuales que reciben, por lo que hacen caso omiso al resolutivo de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mandaron solo 14 años de servicio para los togados en Morelos.

¿Y e estado de derecho? En la tierra del general Emiliano Zapata han pasado varios presidentes del Poder Judicial, gobernadores y legislaturas locales sin que nadie haya querido entrarle al tema, sobre todo, porque está comprobado que en el Poder Judicial de Morelos los acuerdos políticos pesan más que lo estrictamente jurídico. Los encargados de exigir que se respete la ley hacen oídos sordos sin importarles que incurren en una violación fragrante y reiterada a la Constitución. Obvio, los magistrados in situ siguen “nadando de a muertito” pero viviendo del presupuesto… y bien!

Hay que recordar que en julio del año 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el cese de seis magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos quienes habrían reformado la Constitución local para mantenerse en el cargo al menos por 20 años y todo fue durante la administración gris del exgobernador Graco Ramírez, una vez que los ministros invalidaron el artículo tercero transitorio que ampliaba, que curioso, por única ocasión, el periodo de nombramiento de 14 a 20 años de antigüedad a magistrados locales.

Ante esta determinación de los ministros seis magistrados tuvieron que dejar el cargo debido a que su período constitucional había concluido. Las componendas y acuerdos políticos quedaron al descubierto y por ende se tuvieron que ir…al menos eso es lo que jurídicamente tenía que haber procedido. ¡Pero oh, sorpresa!

Los magistrados señalados y quienes tuvieron que dejar su escaño fueron: Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena, María del Carmen Cuevas López y José Valentín García, del Tribunal Superior de Justicia. (Y ahí continúa el caso de Andrés Hipólito Prieto que sigue nadando de a muertito y cobrando puntualmente con un amparo de circuito pese a lleva 22 años en el cargo). Dicha medida también alcanzó a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Jorge Estrada Cuevas y Martín Jasso Díaz... Empero, cómo es difícil dejar estos privilegios Jasso Díaz aprovechó los recovecos jurídicos y decidió ampararse y de manera extraña, dos años después sigue firmando como magistrado del TJA.

Para muchos estudiosos de la ley como el constitucionalista Eleal Acevedo no hay nada por encima de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Y entonces, ¿por qué siguen en el cargo sin darles oportunidad a los nuevos valores, a los profesionistas del derecho que aspiran a ocupar un cargo de esta naturaleza y con los consabidos privilegios que la ley les otorga? Eso, dirían los sacerdotes, es un misterio.

Hay que recordar que Andrés Hipólito después de haber sido delegado de la Colonia Antonio Barona por el Partido Acción Nacional llegó el 17 de mayo del año del dos mil a ocupar el cargo de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia, por  lo que hace unos días cumplió ya 22 años como togado. Algo irrisible, ilógico y fuera de todo lugar si tomamos en consideración que la SCJN solo otorga 14 años de servicio.  Otro tipo de privilegios que  gozan algunos representantes de la impartición de justicia. 

Lo que  sí es un hecho, es la clara omisión y evidente violación a la Ley en la que  han incurrido los presidentes de los Tribunales Superior de Justicia y de Justicia Administrativa al dejar pasar estos casos, sin importarles caer en omisión por una situación irregular que han sido aprovechadas al ser un voto más en los momentos cruciales de sus procesos internos como recientemente ocurrió con la designación de Jorge Gamboa Olea al frente del Poder Judicial.

Sería sano que tanto el TSJ como el Congreso e incluso los colegios, barras, foros, y demás organizaciones de abogados le entren de lleno al tema y le den certidumbre jurídica a un tema que para muchos es de interpretación y evitar así que con amparos, algunos personajes como los mencionados sigan agarrados con las uñas en el cargo, beneficiándose durante décadas de manera particular poniendo en entredicho la impartición de justicia y obstaculizando a las jóvenes promesas que aspiran a ocupar estas importantes posiciones.

¿PERO QUÉ DICE MARTÍN JASSO DÍAZ?- Basta con recordar que en mayo pasado se cumplieron dos años de que el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Martín Jasso Díaz, debió dejar el cargo debido a que en el año 2020 cumplió 14 años tal y como lo mandató la SCJN. Ello, a pesar de que un tribunal colegiado revocó el amparo que lo mantenía en el cargo. Ante esta disyuntiva decidió ampararse bajo el argumento del respeto a tratados en base a la reforma que la LII Legislatura de Morelos que aprobó extender de 14 a 20 años el tiempo de las magistraturas en Morelos.

Esta situación provocó que Pedro Martínez Bello del Foro Morelense de Abogados, a horas de la elección de magistrado presidente del Poder Judicial entre Rubén Jasso Díaz y Jorge Gamboa Olea, decidió intervenir y pronunciarse porque fuera investigado por la Fiscalía Anticorrupción, tras considerar como grave es que Martín Jasso Díaz siga dictando sentencias sin tener personalidad jurídica para hacerlo y seguirse ostentando como magistrado cuando dejó de serlo desde mayo del 2020. Incluso, argumentó que tendrían que declararse de ilegales las sentencias que haya
dictado en ese periodo. Obvio, el abogado Pedro Martínez Bello, jamás ha hecho un pronunciamiento del caso de Andrés Hipólito que es similar al de Martín, evidenciando que su participación fue política más que jurídica.

¿Y respecto de esta acusación, qué dice el señalado? En primer lugar Martín Jasso Díaz se negaba a declarar, por considerar que era un tema de interés para sus detractores no para él sin embargo, al final aunque un tanto cuanto molesto rechazó las acusaciones y negó que esté de forma ilegal en el cargo de magistrado. Sobre todo, porque su situación es una cuestión procesal constitucional.  “Lamento mucho las expresiones sin fundamento que hicieron del tema. Yo trabajo con cuatro juristas que son magistrados y ellos no permitirían que yo estuviera de alguna manera irregular en el Tribunal. Ellos están conscientes de la situación que vivo con los recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las que tengo derecho, nadie me lo pude impedir. Y sobre esa base es que yo sigo funcionando y en el momento que se falle en definitiva y haya una definición como tal en ese momento me tendría que retirar. De ahí en fuera no hay nada que apuntar, está todo publicado en el periódico Oficial tanto los resultados que se han dado como el último fallo donde declaran fundado una queja mía. No sería dable que cuatro magistrados juristas de reconocimiento permitieran que yo estuviera. Solo con esa pequeña razonabilidad y lógica se puede determinar”. ¿Además, los abogados referían los 14 años de la determinación de la SCJN? –Yo estoy sentado sobre la base de una impugnación de una impugnación de la Legislatura LIII, es el amparo que es un medio de protección constitucional distinto a la acción de inconstitucionalidad por lo que espera la resolución. Si no es favorable tendré que retirarme y si no, continuaré.

Hay que recordar que Joaquín Roque González Cerezo, presidente magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, se ha negado a declarar en torno al caso, se oculta, quiere ser un fantasma y bien valdría la pena que emita una opinión para evitar ser cómplice u omiso en el tema.

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