Observador político - La doble moral de Morena

En el discurso, Morena se presenta como el partido de las mujeres, de la justicia social y de la transformación ética del país. Pero la realidad, una vez más, deja al descubierto su doble moral, ya que, mientras la dirigencia nacional se indigna y actúa de inmediato ante un supuesto caso de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum, guardó un silencio cómplice frente a las denuncias graves que pesan sobre uno de los suyos: Cuauhtémoc Blanco Bravo.

LA DENUNCIA AL CUAUH.- Fabiola, media hermana del exgobernador de Morelos, lo acusó formalmente ante la Fiscalía General del estado por intento de violación en grado de tentativa; incluso, denunció amenazas, hostigamiento y miedo. Pidió justicia, pero no obtuvo ni respaldo ni atención por parte de Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, quien decidió mirar hacia otro lado.
Hoy, Blanco Bravo sigue cómodo en su curul como diputado federal plurinominal, protegido por el manto del partido guinda, sin que prospere una sola de las denuncias por corrupción, desvío de recursos, nepotismo o cohecho que arrastra desde su paso por la gubernatura de Morelos.

El caso fue mediático, sí, pero breve: se apagó al ritmo de la conveniencia política. La bancada morenista en San Lázaro cerró filas para impedir su desafuero, mientras el discurso feminista del partido se llenaba la boca con promesas de justicia y leyes contra el acoso. Una ironía dolorosa: cuando la víctima es una mujer cercana al poder, el aparato político se moviliza; cuando la víctima es una ciudadana común, incluso una familiar de un político influyente, la respuesta es el silencio.

Fabiola lo dijo con claridad y con miedo: “Uno vive con el temor porque sabemos de lo que esa gente es capaz”. Su denuncia fue desoída por un partido que prefiere proteger a sus figuras antes que defender a las mujeres que dice representar. Esa es la verdadera cara de la cuarta transformación: la que protege a los poderosos mientras deja a las víctimas en el abandono.

La doble moral de Morena no sólo lastima a las mujeres, sino que erosiona cualquier esperanza de cambio real. No se puede predicar justicia social si se encubre a los agresores; no se puede hablar de transformación moral mientras se protege a quienes reproducen la impunidad de siempre.
El silencio de Luisa María Alcalde ante la denuncia de Fabiola es más que una omisión: es un mensaje claro de que en Morena hay intocables, y que la justicia, como en los viejos tiempos, sigue siendo selectiva.

ENTRE EL CASOSO Y LA INCONGRUENCIA.- La indignación es legítima. Ninguna mujer -ni presidenta, ni trabajadora, ni estudiante- debe ser violentada en el espacio público; lo que le ocurrió a Claudia Sheinbaum Pardo en las calles de la Ciudad de México, cuando fue víctima de acoso y tocamientos sin su consentimiento, es un reflejo de una cultura patriarcal que sigue normalizando la invasión de los cuerpos de las mujeres. Hasta ahí, no hay duda: se debe condenar, se debe legislar y se debe reparar.

Sin embargo, lo que genera ruido no es la condena al acoso, sino la selectividad con la que el poder elige a quién defender. Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, se apresuró a exigir reformas legales para tipificar el acoso en todo el país, aprovechando las mayorías legislativas del partido. Dijo que era momento de reconocer como delito “que alguien llegue, te toque y te acose”. El discurso, impecable; la práctica, contradictoria.

Porque esa misma dirigente -y el mismo partido- guardaron silencio cuando una mujer pidió ayuda, denunciando haber sido víctima de un intento de violación por parte de su medio hermano, Cuauhtémoc Blanco, entonces gobernador de Morelos y hoy aliado político de la autodenominada “Cuarta Transformación”. La omisión duele, y sobre todo revela que la justicia del poder tiene rostro, filiación y conveniencia.

El feminismo no puede ser una bandera utilitaria ni una herramienta de marketing político, por lo que tipificar el acoso es urgente, sí, pero aún más urgente es desmantelar el doble discurso que se apropia de las causas de las mujeres cuando conviene y las abandona cuando incomodan a los aliados.

La reunión anunciada por Citlalli Hernández con las Comisiones de Género de los 32 estados podría ser un paso importante hacia un Plan Integral contra el Abuso Sexual, pero solo si parte de una autocrítica real: no se puede construir justicia desde la impunidad selectiva.

Morena tiene hoy la fuerza política para cambiar las leyes, pero también la obligación ética de romper con el machismo dentro de sus propias filas. Si no lo hace, todo discurso sobre igualdad quedará reducido a un gesto vacío, a una respuesta de ocasión frente a una cámara, a una consigna sin convicción.

Porque no basta con indignarse cuando tocan a una presidenta; hay que hacerlo también cuando callan frente a una mujer común.

LA CONVIVENCIA ENTRE EL PODER POLÍTICO Y LA DELINCUENCIA.- En Morelos, los escándalos ya no sorprenden, sólo confirman lo que la ciudadanía lleva años gritando: que el poder político y la delincuencia organizada conviven sin rubor, protegidos por la impunidad estructural que domina al Estado. Los casos de los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro, respectivamente, son apenas la punta del iceberg de una red de complicidades que ha corrompido a las instituciones locales.

Ambos ediles fueron exhibidos en videos reuniéndose con presuntos integrantes del crimen organizado, y aunque la Fiscalía General de la República habría iniciado investigaciones, el silencio y la inacción se imponen. Nada nuevo bajo el sol: en Morelos los cargos públicos caducan antes que los resultados de las investigaciones, y los funcionarios suelen salir por la puerta grande, aun con sospechas encima. La impunidad es la madre de todos los delitos, y aquí sigue pariendo poderosos.

A este panorama se suma un nuevo síntoma de descomposición: tres alcaldes del estado cuentan con seguridad personal permanente, aunque se desconoce quiénes son ni por qué la reciben. El Congreso local, a través del diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, ha pedido transparencia y equidad en la asignación de escoltas, recordando que la seguridad no debe ser privilegio de unos cuantos. Tiene razón: mientras los poderosos se rodean de guaruras pagados con recursos públicos, miles de ciudadanos enfrentan solos las amenazas del crimen, el desempleo y la violencia cotidiana.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

X: @gerardosuarez73