Observador político - Margarita González y sus promesas; entre la esperanza y realidad
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes
Morelos, históricamente conocido por su riqueza cultural y su belleza natural, atraviesa actualmente una etapa tumultuosa, sobre todo, por la falta de crecimiento económico, la escasa generación de empleos y la alarmante cifra de homicidios, incluidos los femicidios que van en aumento, y que son solo algunas de las realidades que enfrenta esta entidad.
ASUME MARGARITA COMO GOBERNADORA.- En este contexto de crisis, la elección de Margarita González Saravia como gobernadora electa ha despertado esperanzas entre los morelenses, más cuando se prometieron cambios significativos y que desde el primer día de su victoria en las urnas, ha iniciado una serie de visitas a municipios y encuentros con diversos sectores políticos, económicos y sociales. Este esfuerzo inicial parece indicar un compromiso genuino por parte de la nueva administración para abordar los problemas de manera integral.
Uno de los puntos destacados de su agenda ha sido la atracción de inversión extranjera, como se comprobó con la reunión con inversionistas en la que, González Saravia expresó su intención de transformar a Morelos en un destino atractivo para el comercio internacional, citando ejemplos como la fábrica de bicicletas eléctricas BIMEX. Esta empresa, bajo el liderazgo de Bao Ronglin, ha sido presentada como un modelo de éxito económico regional, empleando a cientos de morelenses y generando impacto positivo en la economía local.
Sin embargo, es crucial cuestionar deben llegar más empresas a Morelos que puedan ofrecer empleos y crecimiento económico en las que se aseguren condiciones laborales dignas y sostenibles, pero que al mismo tiempo tenga un impacto importante en la comunidad local y también, en el medio ambiente.
Además, la promesa de acabar con la delincuencia organizada, que ha sembrado el terror en la región, plantea desafíos significativos, más porque la impunidad y la corrupción arraigadas en las estructuras gubernamentales y policiales son obstáculos serios que no se resuelven simplemente con discursos optimistas y encuentros diplomáticos.
El Plan Morelos, mencionado por González Saravia, debe ser analizado con detenimiento. ¿Incluye medidas concretas para enfrentar la desigualdad social, mejorar los servicios públicos y fortalecer la seguridad ciudadana de manera integral?
Así pues, mientras la llegada de Margarita González genera expectativas positivas, es fundamental que los ciudadanos y los observadores críticos estén atentos a cómo se traducen estas promesas en acciones concretas, más porque el cambio real no se logra únicamente con discursos esperanzadores, sino con políticas públicas efectivas que prioricen el bienestar de todos los morelenses, especialmente de los más vulnerables.
ALCALDES, ESTÁN EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS.- En un Estado de derecho, la responsabilidad y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para el funcionamiento adecuado de la administración pública, de ahí que resulta lamentable que, en el estado de Morelos, la reciente situación con algunos presidentes municipales pone de relieve una preocupante falta de cumplimiento con las decisiones judiciales y, por ende, con las obligaciones inherentes a sus cargos.
Y es qué, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ha emitido sentencias claras respecto al pago de despidos injustificados y pensiones por orfandad y viudez, ordenando a los presidentes municipales de Tlaquiltenango, Jonacatepec, Ocuituco y Zacatepec cumplir con estas obligaciones legales, empero, la respuesta de estos ediles ha sido de desdén, ignorando las resoluciones judiciales y dejando en el aire los derechos de los afectados.
De ahí que están en el banquillo de los acusados y por tanto, la inacción de estos presidentes municipales no solo representa un desacato a la autoridad judicial, sino también una afrenta a la confianza pública depositada en ellos.
Por tanto, los zánganos diputados locales tienen ahora la responsabilidad de actuar en consecuencia y destituir a estos funcionarios que han mostrado una flagrante falta de compromiso con el bienestar de sus comunidades.
Además de ofensivo es alarmante que, en un lapso de seis meses, estos presidentes municipales podrían ser destituidos si los diputados locales así lo deciden, aunque, esta ventana de oportunidad también plantea un dilema ético y moral para la legislatura saliente: ¿serán capaces de tomar las decisiones necesarias para salvaguardar los intereses de la ciudadanía afectada?
Más aún, la futura legislatura se enfrentará a la tarea de sancionar con inhabilitaciones a aquellos presidentes municipales que concluyan su administración sin haber cumplido con las obligaciones judiciales pendientes; esta medida preventiva busca evitar que individuos negligentes en sus responsabilidades puedan aspirar nuevamente a cargos públicos, protegiendo así la integridad de las instituciones y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
URGENTE APLICAR CON FIRMEZA LA LEY.- El desafío que enfrenta Morelos no es solo administrativo o legal, sino también moral y ético, por tanto, los presidentes municipales son elegidos para servir y proteger los intereses de sus comunidades, y cuando fallan en cumplir con sus obligaciones, socavan la confianza pública en el sistema democrático.
La falta de cumplimiento con las sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa no solo afecta a los afectados directos, como los despedidos injustificados y los beneficiarios de pensiones, sino que también mina la credibilidad de las instituciones encargadas de administrar la justicia. Si los presidentes municipales pueden eludir las decisiones judiciales sin consecuencias significativas, se establece un precedente peligroso que fomenta la impunidad y el irrespeto por el estado de derecho.
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