Observador político - ¿Los de Tepoztlán, son incendios provocados?

Cada año, con la llegada de la temporada de calor, el país se convierte en escenario de una tragedia anunciada: los incendios forestales arrasan bosques, selvas y áreas naturales que son patrimonio de todas y todos. Y, sin embargo, detrás de las llamas no hay solo causas naturales o accidentes inevitables: hay manos humanas, intereses privados y, lo más indignante, una impunidad sistemática que permite que esto ocurra año tras año.

ARDE TEPOZTLÁN.- Lo que sucede hoy en “Valle Sagrado” de Tepoztlán, no es nuevo; lo que hoy está ocurriendo es el reflejo de una crisis ambiental y social pero que tristemente, el fuego, en muchos de estos casos, no es producto del azar ni de la negligencia, sino una herramienta más del despojo, decir, zonas verdes que misteriosamente arden para, después, convertirse en desarrollos inmobiliarios, hoteles boutique o carreteras para conectar “destinos turísticos sostenibles”. Y de esas áreas boscosas consideradas como reserva ecológica, han surgido imponentes zonas residenciales. ¿Sostenibles para quién?

La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó actualmente 114 incendios activos en el país, con más de 39 mil hectáreas ya consumidas por el fuego, de los cuáles, al menos 20 ocurren en Áreas Naturales Protegidas, lo que debería alarmarnos a todos. Y por ejemplo, en Morelos, se reportan 10 incendios activos, cuatro de ellos en Tepoztlán, uno de los pueblos con mayor resistencia organizada en defensa del territorio. Lo que evidentemente, no es ninguna casualidad.

Frente a esta realidad, hay que reconocer la diferencia entre gobiernos que actúan con responsabilidad y compromiso, y aquellos que, en el pasado, prefirieron mirar hacia otro lado. Mientras el exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo convertía los días santos en vacaciones permanentes y mostraba un desprecio absoluto por los problemas del estado, hoy se ve una actitud diferente.

Y es que la gobernadora Margarita González Saravia, pese a los días festivos, se ha mantenido al pie del cañón, en el territorio, coordinando esfuerzos, dando la cara y trabajando de la mano con las comunidades; lo mismo ha hecho el gobierno federal, desplegando más de 3,900 brigadistas, junto con personal de la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional.

Empero, la reacción ante el fuego no basta, por lo que es urgente legislar con fuerza para penalizar de manera ejemplar a quienes provocan incendios con fines especulativos. Porque no hablamos solo de árboles o paisaje: hablamos de agua, de aire limpio, de alimentos, de vida. La devastación ambiental también es violencia, y esa violencia tiene responsables concretos.

El fuego tiene dueño. Y mientras no haya consecuencias reales para quienes lo utilizan como arma de despojo, seguiremos contando hectáreas quemadas en lugar de proteger la vida.

TRATO DISCRIMINATORIO A ADULTOS MAYORES EN EL TRANSPORTE.- El reciente conflicto en torno al trato hacia los adultos mayores en el transporte público colectivo de nuestra ciudad ha puesto en evidencia, una vez más, la fragilidad de los derechos que deberían garantizarles un trato digno en su vida diaria.

La polémica surgió tras un incidente en el que un operador de la Ruta 7 se negó a aplicar el descuento del 50 % a una mujer de la tercera edad, quien, al ser rechazada, grabó la situación y la difundió en redes sociales; este acto de discriminación ha puesto en el centro del debate la calidad del servicio público y las responsabilidades de aquellos que lo operan.

Jorge Alberto Barrera Toledo, Coordinador General de Movilidad y Transporte, salió a desmentir el supuesto “límite” de cuatro personas por unidad para aplicar el descuento a los adultos mayores, afirmando que todas las personas con la credencial del Inapam tienen derecho al mismo.

En respuesta a la denuncia, el funcionario también anunció una sanción económica de más de tres mil pesos para el operador involucrado y advirtió que, de persistir una actitud similar, el trabajador podría perder su gafete que lo autoriza como operador de transporte público.

URGE MANO FIRME PARA FRENAR ABUSOS.- Aunque el gesto punitivo puede parecer un acto de justicia a primera vista, el problema radica en algo más profundo: ¿cómo es posible que este tipo de situaciones ocurran con la frecuencia que se ha demostrado, cuando los derechos de las personas de la tercera edad deberían ser una prioridad en cualquier política pública?

En una ciudad que se dice moderna y que se precia de promover la inclusión, los abusos de este tipo deberían ser una excepción, no la regla por lo que Barrera Toledo se ha empeñado en dar el mensaje de que esta administración está comprometida con la defensa de los derechos de los adultos mayores.

Sin embargo, lo que más resalta en sus declaraciones es que, hasta la fecha, "esta es la única queja" recibida por su Coordinación. Si realmente es así, nos gustaría cuestionar si este tipo de abuso no es más un reflejo de una cultura laboral que minimiza los derechos humanos, o si, por el contrario, las quejas no han sido presentadas por un sistema que, si bien parece estar dispuesto a tomar medidas en casos específicos, carece de una verdadera estrategia preventiva.

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