Observador político - Los conflictos de interés del diputado Julio César Solís

Tras la decisión del fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez quien reconoció, admitió y tragó saliva para reconocer que en efecto, sí le otorgó el famoso criterio de “oportunidad” a Karina Arteaga, ex consejera del Instituto Estatal Electoral y esposa del diputado y presidente del Partido Movimiento Ciudadano, Julio César Solís Serrano, para lograr el desistimiento de la denuncia por obtener una “pensión dorada” de forma ilegal, ningún diputado se ha querido quemar ni meter en este asunto tan espinoso por ser simplemente el involucrado uno de sus iguales.

KARINA ARTEAGA.- Sería necesario que el Congreso del estado y los coordinadores de los grupos parlamentarios fijarán una posición en torno a esta situación porque Julio César, no puede hablar de honestidad, ética ni principios cuando está embarrado en un asunto grave, delicado y en el que su esposa estaba propensa a ser vinculada a proceso por un delito de falsificación de documentos oficiales.

Incluso, Julio César, el diputado naranja, tiene la obligación moral y ética de subir a tribuna y tal como presentó a la iniciativa para desaparecer la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, hable del tema de su esposa donde está metido en el conflicto de intereses. Debe, por ser un representante popular por la vía plurinominal aunque no por los votos que la gente le haya otorgado de manera directa a él, de ofrecer una explicación minuciosa, clara y a fondo ante sus homólogos de porque quedó libre de toda culpa su señora esposa tan pronto se convirtió en integrante de la Legislatura LV.

Es decir, estamos hablando de un tráfico de influencias por parte del diputado naranja Julio César Solís quien en todo momento ha mantenido un silencio de ultratumba queriendo hacer que nada ha sucedido cuando todo mundo está enterado de la protección que le brindó Juan Salazar Núñez, el fiscal anticorrupción a su señora esposa Karina Arteaga.

Dice el viejo refrán que “el que nada debe nada teme”, por lo tanto, su actuación ha dejado mucho que desear porque hasta el momento su caso no ha sido claro y mucho menos transparente y quizá por ello, está empeñado en ser el portavoz, es más, se ha convertido en el vocero de Agustín Alonso Gutiérrez y Francisco Sánchez Zavala, al presentar la iniciativa de desaparecer la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización para olvidar los errores del pasado en los municipios y evitar situaciones financieras que tendrían que esclarecer al igual que otros diputados que hoy tienen una curul en el Congreso local. Son muchas dudas, muchas incongruencias que no han sido esclarecidas y que intentan a toda costa de eliminar lo que les afecta para mantener el control total y absoluto de una nueva institución. Es decir, poner a una dependencia con actos de corrupción, que no sirve para tratar de crear otra que sería la máxima dependencia pero que estaría a su servicio, controlando las auditorías y olvidando insisto, el pasado.

Si en verdad quisieran hacer las cosas bien, tendrían que darle autonomía constitucional para garantizar que ellos no tendrían ninguna injerencia en el control económico ni político con las auditorías que se harían al libre albedrió de sus dirigentes… y de quienes los pongan en el cargo. Los diputados que se sacaron la lotería hoy están aprendiendo y buscan beneficiarse al máximo, primero para dejar de lado cualquier tipo de vinculación a delito que sus parientes –y no pobres- están metidos y segundo, para mantener el control económico y político en los años venideros de cara al proceso del 2024.

¿INGOBERNABILIDAD EN MUNICIPIOS? En días pasados se reunieron un grupo de alcaldes electos de los diferentes partidos políticos que exigen el regreso del cinco por ciento de recursos federales que les quitó Graco Ramírez para la construcción del famoso “Morebús”, al final no lograrán ese objetivo porque el Ejecutivo y el Legislativo únicamente les otorgarán el 2.5 por ciento. Dicen que algo es algo y es mejor que nada. En ese tienen razón. Sin embargo, se pudo notar con tristeza y desagrado la no presencia de José Luis Urióstegui Salgado, edil que tomará protesta el uno de diciembre del 2022. No se supo de su ausencia y sus homólogos evitaron siquiera mencionar su nombre. Bueno o malo, no participó en esa petición de sus iguales.  

Sin embargo, pese a que no les darán el 5% tampoco habrá ingobernabilidad si no se les otorga a los 36 alcaldes electos y reelectos los 600 millones de pesos que exigen de los casi tres mil millones de pesos de incremento que se tendrá para Morelos en el 2022.

Aunque, como van las cosas, las diferencias y la falta de consenso entre los 20 diputados con el titular del poder Ejecutivo, hacen ver que habrá jaloneos y estirones por el presupuesto del próximo. Incluso, la decisión de mandamás en el gobierno del estado de que si no le aprueban su presupuesto como lo mandó se estaría utilizando en el siguiente año el del 2021 tiene más que preocupados a los parlamentarios. Por un lado, no quieren negociar y por el otro, los representantes populares tienen varios rubros y millones de pesos que quieren modificar y manejar a su antojo. Dos posturas en las que no han logrado la unificación de criterios. Se viene un tremendo jaloneo difícil de pronosticar que concluirá antes del 15 de diciembre y que no será otro que la aprobación del presupuesto. Una pelea o lucha de poder a poder.

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