Observador político - La ambición económica del TSJ: un ataque a la justicia y población
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes
En Morelos, parece que la ambición económica ha permeado en la clase política, generando graves consecuencias para el estado; las recientes declaraciones del titular del poder Ejecutivo revelan la oferta de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia a cambio de sumas exorbitantes, un reflejo claro de cómo el dinero se ha convertido en el objetivo principal de los políticos.
FALTA DE ÉTICA EN LOS DIPUTADOS.- Mientras tanto, los parlamentarios actuales se desvían de sus responsabilidades para buscar otros cargos de representación popular, dejando de lado los problemas más apremiantes de la sociedad. Este desenfreno y desprecio por la justicia y el bienestar ciudadano se manifiesta en el manejo arbitrario de los recursos y en la aprobación de reformas que benefician únicamente a los políticos en detrimento del pueblo.
El Congreso local, cuyo control político, administrativo y económico está conformado por un grupo de 15 legisladores, se ha convertido en un festín de dinero, con un control absoluto sobre un presupuesto de 480 millones de pesos.
Además de sus generosas dietas y apoyos económicos de comisiones, los diputados están guardando dinero para futuras campañas electorales, sin importarles las necesidades de los ciudadanos que deberían representar. Y desde esos espacios ahora han beneficiado a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia lo que resulta para la población en general como algo preocupante, ya que se prioriza el interés personal de los diputados sobre los procesos democráticos y la impartición de justicia.
La falta de ética de algunos legisladores queda evidenciada en sus ansias de poder y su traición a los principios partidistas. Figuras como Pancho Sánchez Zavala del PAN, Agustín Alonso de Nueva Alianza y Julio César Solís Serrano de Movimiento Ciudadano, solo por mencionar algunos, ya tienen la vista puesta en la gubernatura de Morelos. Incluso Tania Valentina Rodríguez Ruiz del Partido del Trabajo, a pesar de haber traicionado a la Cuarta Transformación, confía en que su alianza con Morena y Andrés Manuel López Obrador le garantizará un puesto. Es lamentable que los políticos estén más interesados en sus propias ambiciones que en el bienestar de la población.
PENSIONES DE ORO EN EL TSJ.- Mientras los diputados se enriquecen, deciden aprobar una reforma que garantiza jubilaciones vitalicias para los magistrados, superando los 100,000 pesos mensuales. Estos recursos ofensivos y onerosos no solo benefician a los magistrados en vida, sino que también pasarán a sus familiares una vez fallecidos. Mientras tanto, la pobreza aumenta y los salarios paupérrimos persisten, sin que los políticos muestren interés en mejorar la situación de quienes menos tienen.
El presidente del Poder Judicial de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, ha demostrado una clara falta de responsabilidad en la administración de los recursos. En lugar de destinarlos a la capacitación y mejora de la justicia, gasta en lujos y comidas suntuosas, incluso pagando viajes para las reuniones de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia como el que hicieron en Acapulco en compañía de sus esposos y esposas con factura al pueblo de Morelos.
Estos excesos y abusos son inaceptables, especialmente cuando Morelos ha sido calificado como uno de los peores estados en términos de justicia; organismos internacionales han señalado las deficiencias en la procuración de justicia, pero los políticos locales parecen más interesados en capturar puestos y hacer negocios que en resolver los problemas que afectan a la población.
Resulta alarmante la falta de transparencia y rendición de cuentas en el Tribunal Superior de Justicia, sobre todo, cuando exmagistrados como Ricardo Rosas Pérez (15 mdp), Virginia Popoca González (6 mdp), Ezequiel Honorato (4 mdp), además de Miguel Ángel Falcon, Valentín González y Rocío Bahena que han decidido seguir los pasos de sus compañeros para obtener sumas millonarias a través de juicios o arreglos que aprovechan las lagunas jurídicas existentes. Mientras tanto, el presupuesto del tribunal se ve desviado hacia gastos innecesarios y suntuosos, como los viajes al puerto de Acapulco con todos los gastos pagados por el erario.
CORRUPCION E IMPUNIDAD.- Por un lado, la clase política de Morelos se enriquece, la pobreza se agudiza y los salarios dignos son una utopía para muchos ciudadanos. Mientras tanto, la corrupción y la impunidad parecen ser el modus operandi de los políticos, quienes protegen sus intereses y aseguran privilegios millonarios antes y después de sus encargos como servidores públicos.
Es imperativo que se revise urgentemente la reforma del Poder Judicial y se vete por el Ejecutivo, ya que las modificaciones actuales solo perpetúan los privilegios y beneficios económicos de los políticos en lugar de mejorar la justicia y garantizar el bienestar de la sociedad. Las instituciones deben asumir su responsabilidad y los ciudadanos deben ejercer presión social, política y jurídica para poner fin a estos abusos en Morelos.
La ambición económica de la clase política de Morelos ha llevado a una situación alarmante en la que el dinero y el beneficio personal prevalecen sobre el bienestar de la sociedad y la justicia; los diputados y magistrados se enriquecen mientras los salarios paupérrimos y la pobreza se mantienen entre la población. De ahí que la falta de ética y la impunidad son moneda corriente en el estado, mientras las instituciones encargadas de garantizar la justicia y el bienestar ciudadano se ven deterioradas por intereses políticos y económicos.
Es hora de que los ciudadanos exijan transparencia, rendición de cuentas y una verdadera representación política que priorice el bienestar de la sociedad, por lo tanto, la reforma del Poder Judicial debe ser revisada para eliminar las pensiones doradas y garantizar la elección de magistrados basada en la honestidad y el prestigio en el ámbito jurídico; solo así se podrán sentar las bases para una Morelos más justo y equitativo, donde la política deje de ser un medio de enriquecimiento personal y se convierta en un instrumento para el bien común.
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