Observador político - Incertidumbre financiera

El panorama que se vislumbra en materia financiera en Morelos es muy complicado, sobre todo por los actos de corrupción, los malos usos de los recursos, la poca transparencia en las diversas instituciones de los tres niveles de gobierno y  las deudas multimillonarias que se multiplicarán por el confinamiento por los más de tres meses y con ello, el cierre de empresas y la pérdida de fuentes de empleo. Una situación verdaderamente caótica que requiere de acciones y programas urgentes que se implementen para frenar los grandes problemas que se vislumbren e iniciar la verdadera reactivación económica que agobió al estado la pandemia del covid-19.

EXCESOS EN JUBILACIONES Y PENSIONES.-  Por principio de cuentas, hoy en día hay funcionarios que perciben salarios onerosos en los tres niveles de gobierno y ahí es donde se tendrían que abrochar el cinturón, sin embargo, es casi imposible que una solución económica pase por implementar medidas de esta naturaleza para proteger a los que perciben salarios mucho menores. Lo cierto, es que entre las primeras acciones que sí se pueden implementar desde el Congreso es frenar con leyes firmes y contundentes las denominadas “pensiones y jubilaciones doradas”, porque mientras miles de trabajadores perciben beneficios económicos cuando concluyeron periodos de casi tres décadas de servicio laboral, sus emolumentos son de escasos dos a tres mil pesos. A diferencia de la clase política que sigue recibiendo ingresos ofensivos, groseros, que rallan en lo absurdo y que ponen en riesgo la estabilidad financiera de diversas instituciones como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Ayuntamientos y demás dependencias que perciben recursos económicos como el IMPEPAC, IEBEM, UAEM, TEE, IMIPE, entre otros.

Y a manera de ejemplo, solo comentar los casos del Tribunal Superior de Justicia, como lo denuncia Morelos Rinde Cuentas, donde señala a ex magistrados, jueces y funcionarios diversos incluso activos que perciben hoy pensiones ofensivas que rayan en lo absurdo en una época de crisis económica a todo lo que da. Entre ellos ponemos a continuación a los siguientes personajes con lo que reciben mensualmente y por siempre: Ricardo Rosas Pérez: 136 mil 576 pesos; Wilfrido López Luna:111 mil 520; Samuel Sotelo Salgado:105 mil 543; Jesús  Vallejo Jiménez: 102 mil 025; Virginia Popoca González: 97 mil672; Ezequiel Honorato Valdez:97 mil 540; Aurora Maura Linares Serrano: 93 mil 634; Ramón García Jacome: 90 mil 211; Jesús Guadalupe Dávila Hernández: 90 mil 211; Juan Manuel Díaz Popoca: 90 mil 211; Rodolfo de Jesús Cuevas Salazar: 89 mil 440; Leticia Robles Santoyo, 88 mil 473; Jesús Antonio Taballas Ortega: 87 mil 301; Juan Manuel Jiménez Alegre: 83 mil 653; Roberto Pérez Guerrero:78 mil 391; María Emilia Acosta Urdapilleta: 67 mil166;  María Guadalupe López Román: 64 mil 028; Maurilia Rosina Domínguez Valdez: 64 mil 028; Florencio Altamirano Chávez: 64 mil 028; Isabel Bello Sotelo: 64 mil 028;  Ladislao Gutiérrez Rendón: 59 mil 479; y Salvador Vargas Rangel con 57,857; Guillermo Ortega Ocampo: 48 mil 620 pesos; Francisco Javier Lara Manrique: 47 mil 697; María Dolores Páez Vidales: 47 mil 615;  Raymundo Arcibar Lazo: 47 mil 572; José de Jesús Arturo Castillo Córdova: 46 mil143; Gabriel Armando Malpica Vides: 46 mil 101; Guadalupe Delfina Arredondo García: 45 mil 308; Ángela Navarro Montes con 44 mil 523 pesos… Por esta razón, no hay dinero que alcance en el Poder Judicial.

¿Y LAS DENUNCIAS POR PENSIONES DORADAS? Un ejemplo de ello, es que mediante acciones legaloides ex funcionarios y políticos que han cometido diversos delitos al presentar documentación apócrifa para cobrar altos salarios, con fechas inexactas y con muchas inconsistencias jurídico legales y no
pasa nada, por el contrario, han logrado evadir a la justicia y pese a la cascada de denuncias que presentaron los diputados de la actual legislatura, han literalmente ganado y por ello, siguen cobrando esos salarios tan ofensivos por unos años que laboraron en la administración pública a costa de los intereses ciudadanos.

Por ello urge, que los parlamentarios realicen los análisis correspondientes para evitar que cada vez más y más gente con unos cuantos años de servicio laboral en la administración pública estatal o municipal, perciban onerosos y groseros salarios de por vida, ahogando cada vez más las débiles y lastimadas finanzas de las diferentes instituciones que empiezan a pagar ya más a jubilados y pensionados que a trabajadores en activo. Un problema mayúsculo que se avecina y que requiere de una cirugía mayor para evitar que se colapsen las finanzas de la mayoría de las dependencias que año con año sufren por la cada vez más grave situación económica.

Solo a manera de ejemplo, enumeramos la lista que Morelos Rinde Cuentas ha ofrecido como parte de una investigación de quienes son las personas que cobran por concepto de jubilaciones tanto en el poder Legislativo como en el Judicial del estado.

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