Observador político - ¿Derecho de veto del Ejecutivo al presupuesto 2021?
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes
A diferencia de sus antecesores tanto de la54 como de la 53 Legislatura local, la actual la 55 anda muy activa que se ha intensificado derivado de los análisis en vísperas de la aprobación del presupuesto del estado para el próximo año 2022. Sin embargo, podría darse un veto al presupuesto si así lo considera el titular del poder Ejecutivo estatal, Cuauhtémoc Blanco Bravo y ejercer el de este año 2021. Y eso ya lo saben los diputados quienes consideran que es una de las posibilidades vigentes.
YA HUBO UN INTENTO EN EL 2019.- Hace dos años, el mandatario Cuauhtémoc Blanco hizo el primer intento por ejercer el derecho de veto al presupuesto de ese año, luego de las diferencias existentes con los legisladores, sobre todo por la disparidad ideológica y política de cómo destinar el dinero del pueblo que no coincidían entre ambos poderes.
Destacar que en aquella ocasión, quien levantó la voz fue el Consejero Jurídico del Gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado quien reconoció – en a finales del 2019- que no descartaba la posibilidad y la promoción de implementar recursos legales, cuya finalidad no era otra que tener las condiciones jurídicas para poder ejercer el derecho de veto al paquete económico de ese año.
Hace dos años el argumento fue que los diputados habían aprobado un presupuesto con diversas modificaciones, es decir, cambios que le hicieron a la propuesta que mandó al Congreso el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y por tanto, no había coincidencia entre lo se había enviado con lo que al final aprobaron los parlamentarios en aquél entonces integrados en el autodenominado G15.
No fue extraño que para el profesionista del derecho, Samuel Sotelo Salgado buscan todas las vías para vetar el presupuesto aprobado por el Congreso e incluso, en aquél tiempo señaló que estarían remitiendo todas y cada una de las observaciones qué se habían hecho al poder Legislativo pero dejó algo bien claro. En caso de que no fueran atendidas las observaciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco en automático estarían decidiendo llegar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar su publicación en el Diario Oficial “Tierra y Libertad”, significando con ello su entrada en vigor del veto.
EL PRESUPUESTO, EN EL CAMPO DEL CONGRESO.- Con el tema tan trillado de que: “El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone”, los parlamentarios están enfocados en lograr un presupuesto que vaya más acorde con la realidad, es decir, verificar aquellas dependencias del gobierno del estado que no argumente ni los convenza de para y en qué destinarían el dinero público solicitado, en automático se lo disminuirán.
La idea, a decir de los representantes populares es generar las condiciones para lograr un presupuesto que beneficie a la mayoría de la sociedad y fortalecer áreas como la prevención y procuración de la justicia, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, educación, salud, el campo, entre otros rubros vitales para el progreso y desarrollo de la entidad, sobre todo los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública quienes se han percatado de que cientos de millones de pesos, a pesar de estar aprobados y etiquetados se destinan a rubros de los que se desconocen el cómo y para qué se desviaron.
La decisión de reasignar recursos económicos del presupuesto no es ilegal en razón de que es parte de las facultades del Ejecutivo, sin embargo, lo que no se ha visto es la rendición y transparencia de los recursos económicos sobre todo y de manera particular, de los titulares de las áreas como por ejemplo de Salud y Educación, donde han tenido que batear las preguntas que difícilmente tienen respuesta de cómo descarada y de una forma grosera utilizan a diestra y siniestra el recurso sin importar afectar a miles de ciudadanos con sus torpes e idiotas decisiones en materia financiera.
Y es por estos errores y excesos cometidos por algunos –no todos- funcionarios del gabinete que ahora los legisladores amenazaron con quitarle “la cláusula de libre dispersión”, para frenar lo que han llamado como excesos. Lo que hace falta, es que además, coincidan en un presupuesto que verdaderamente beneficio a los morelenses y que atienda a los problemas sociales dejando de lado las cuestiones e intereses políticos partidistas.
DERECHO DE VETO.- Esta figura es la posibilidad y facultad que tienen todos los jefes de Estado para oponerse a una ley o decreto que el Congreso le envía para su promulgación. Por lo tanto, la viabilidad de que se haga realidad por el gobernador Cuauhtémoc Blanco no es descabellada si se amplían las diferencias entre el proyecto presupuestal que envío al Legislativo y las modificaciones que pretenden hacerle al mismo.
Es decir, estaría en posibilidades el Ejecutivo local de vetarlo, lo que significa que estaría rechazando el presupuesto del 2022 que tuvo un incremento de casi tres mil millones de pesos como medida de presión hacia los diputados que andan desatados tratando de lograr cambios importantes en el recurso que se tendrá para el año entrante.
La finalidad del veto no sería otra que aquella que tienen algunos jefes de Estado para oponerse a una ley o decreto, que el Congreso envía para su promulgación; es decir, es un acto en el que el Ejecutivo participa en la función legislativa en razón de que son los diputados los únicos que están facultades de manera exclusiva para aprobar el presupuesto anual.
Por lo pronto, aún hay mucha historia en este tema de cómo se dará la aprobación del presupuesto 2022.
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