Muy conveniente, IA para automatizar procesos en impartición de justicia

El jurista y catedrático morelense Antonio Sorela Castillo impartió en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) la conferencia La impartición de justicia con enfoque de Derechos Humanos, donde afirmó que la justicia en México está limitada para algunos grupos sociales vulnerables y que no es tan eficaz como debería ser.

Ante docentes y estudiantes de las licenciaturas de Derecho, Seguridad Ciudadana y Ciencias Políticas, el expositor habló de la necesidad de que los jueces en nuestro país apliquen la interculturalidad, la perspectiva de género y la cosmovisión de los pueblos indígenas en la impartición de justicia, ya que no conocen estos protocolos internacionales para juzgar.

“Respecto a niñas, niños y adolescentes, a veces ni siquiera entendemos los derechos que tiene este grupo históricamente discriminado. Ni los protocolos para abordar el tema de personas migrantes y sujetas a protección internacional por lo que respecta a mujeres”, dijo.

En este sentido, anunció que redacta una propuesta de ley para regular la Inteligencia Artificial en México y utilizarla para mejorar el acceso a la justicia, como por ejemplo, a través de asistentes virtuales que puedan ayudar a las personas a elaborar denuncias o a encontrar información sobre sus derechos, y vincular los asistentes virtuales con las fiscalías para que agilicen los procedimientos de investigación.

Sorela Castillo argumentó que en América, vamos muy lentos en la aplicación de la Inteligencia Artificial en juzgados, tribunales y hasta en asesorías de los abogados para automatizar sus procedimientos y revisión de sus trabajos.

Reconoció a la Inteligencia Artificial como una herramienta útil, pero con la supervisión humana para evitar que se tomen decisiones que atenten contra los derechos humanos y por los errores que podría presentar e insistió en la necesidad de darle incluso en las sentencias.

Otra necesidad urgente, dijo, es la actualización y capacitación en materia de IA, como lo recomiendan los organismos internacionales, ya que se avecinan cambios muy importantes en el mercado laboral en todo el mundo, al grado de que desaparecerán algunas profesiones, aunque la de abogado no esté frente a ese panorama todavía.

Acompañaron esta conferencia la directora de la FDyCS, Gloria Vergara Salinas y el profesor investigador Ricardo Tapia Vega, así como estudiantes y docentes de dicha unidad académica.

La inteligencia artificial (IA) está transformando la impartición de justicia en múltiples aspectos, ofreciendo herramientas que agilizan procesos y mejoran la eficiencia en sistemas judiciales sobrecargados. Algoritmos de aprendizaje automático permiten analizar grandes volúmenes de datos legales, identificar patrones en casos anteriores y predecir posibles resoluciones, lo que facilita la toma de decisiones informadas. Por ejemplo, en tareas repetitivas como la revisión de documentos o la clasificación de demandas, la automatización reduce tiempos y costos. Sin embargo, su implementación plantea desafíos éticos, como la transparencia en la toma de decisiones algorítmicas y el riesgo de replicar sesgos históricos presentes en los datos utilizados para entrenar los modelos, lo que podría perpetuar desigualdades.

Un área clave de impacto es la llamada "justicia predictiva", donde sistemas de IA analizan jurisprudencia para sugerir fallos o evaluar riesgos, como en procesos de libertad condicional o fijación de fianzas. Aunque esto promete mayor coherencia en las sentencias, también genera debates sobre la pérdida de discreción humana y la responsabilidad ante errores. En algunos países, herramientas como COMPAS en Estados Unidos han sido criticadas por mostrar sesgos raciales al calcular la probabilidad de reincidencia, evidenciando la necesidad de regulaciones que aseguren equidad y auditorías externas. La justicia requiere no solo eficiencia, sino también sensibilidad a contextos sociales y culturales que los algoritmos, por sí solos, no pueden capturar plenamente.

Por último, la IA está democratizando el acceso a la justicia mediante plataformas que ofrecen asesoría legal básica o ayudan a redactar documentos sin costo, beneficiando a poblaciones con recursos limitados. No obstante, persisten brechas tecnológicas y educativas que limitan su alcance, especialmente en comunidades marginadas. El equilibrio entre innovación y derechos fundamentales exige marcos normativos claros, formación especializada para operadores judiciales y mecanismos de supervisión que garanticen que la tecnología sirva como complemento, no como sustituto, del juicio humano. La justicia del futuro dependerá de cómo integremos estas herramientas sin sacrificar los principios de imparcialidad y dignidad que la sustentan.