Graco R., emplazado para su juicio político
El acto se hizo desde la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso local
La misma diligencia tuvo verificativo ante el exsecretario de Hacienda, Jorge Michel
Juan Lagunas
Desde la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso local, se formalizó la notificación de comparecencia a “juicio político” para el exgobernador, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.
En ese sentido, se informó que, desde este momento, comienza a “correr” el plazo de 15 días hábiles para dar “formal” contestación a este documento.
Se dio cuenta de que, en caso de evadir la respuesta, “… se perderá el derecho a la presentación de pruebas a su favor”.
De igual forma, se hizo el mismo procedimiento hacia el exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna.
En el caso de Adriana Flores Garza, extitular de la Contraloría del estado, se hizo constar que el domicilio en que fue localizada, el pasado 18 de agosto, “difirió”, por lo cual se “hará la corrección necesaria”, para que el procedimiento siga su curso.
En conferencia de prensa, en la sede del recinto, se transmitió una imagen, en la que se observa al personal acreditado (en específico, el secretario técnico de la comisión) en el instante en que está llevando a cabo las diligencias antes descritas. Se divisa cuando tocan la puerta de la vivienda del exmandatario y entregan el papel respectivo. Con esto, trascendió, “se siguió el avance y el cauce legal del juicio político en contra de estos tres exservidores” públicos”.
Este miércoles, se dio análisis de estos temas dentro de ese organismo. El orden del día fue el siguiente (obviando los primeros puntos): 4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo sobre la solicitud de Revocación de Mandato de autoridades del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, promovido por el ciudadano Valentín Pobedano Arce. 5.- Informe sobre las actuaciones realizadas dentro de los Juicios Políticos, marcados con número de expediente LIV/JPyG/001/2019 y LIV/JPyG/002/2019. 6.- Asuntos generales.
Cabe decir que, en febrero de este año, se calificaron como “procedentes” estas acciones; entonces, los votos se tornaron de la siguiente manera: seis a favor y tres abstenciones.
De modo preciso, se hizo notar que los juicios se justifican por una “presumible” omisión en la ministración de recursos -en el año 2018- hacia la Fiscalía General del Estado (por 120 millones 826 mil y cuatro centavos), así como al Impepac: dos millones 566 mil 670 pesos, en la que estuvieron involucrados los antes mencionados.
