Escala de Grises - Visión panorámica

A pesar de que ya pasaron más de tres años desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que ninguna mujer podría ir a la cárcel por abortar, hasta el momento sólo son 19 estados en México los que han reformado sus códigos penales para garantizar que el decreto se cumpla.

En los últimos días, Chiapas y el Estado de México se sumaron a la lista de entidades en las que se permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Los avances son significativos e históricos, claro, ¿pero qué hay de las 13 entidades restantes que no han realizado las modificaciones pertinentes?

¿Se necesitan más de tres años para establecer un derecho avalado por la justicia? Los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, a pesar de la decisión de la SCJN, han sido lentos por cuestiones que poco tienen que ver con lo constitucional o la justicia.

En gran parte de los estados que aún no se colorean de verde, las creencias religiosas por parte de los grupos a favor del parto (no así de la vida) o el temor de profesionales de la salud a ser criminalizados en caso de participar en los procedimientos son parte de los impedimentos que nos han dejado en una espera que no termina.

¿Son necesarias las órdenes judiciales particulares (como ocurrió en Chiapas) para que los gobiernos estatales dejen de ignorar una necesidad por parte de la población a nivel nacional? ¿Será que la determinación de la Suprema Corte fue únicamente interpretada como sugerencia?

Es indispensable considerar que estas decisiones nos acercan poco a poco al reconocimiento de los derechos de las mujeres y personas gestantes y que, al mismo tiempo, son una forma de visibilizar sus necesidades para poder atenderlas de la manera correcta.

No se trata nada más de argumentar desde las creencias personales o que los legisladores emitan un voto con base en su religión o las ideas particulares que tengan sobre el embarazo. Aunque resulta casi obvio, parece imperativo recalcar que las personas detrás del poder legislativo requieren una visión panorámica de la realidad que vaya más allá de su persona o sus filias y fobias.

Es urgente considerar que hay otras posibilidades para la interrupción del embarazo que no se limitan a un peligro de vida para la madre, alteraciones genéticas o en caso de abuso sexual. ¿Qué hay de las otras tantas razones por las que una mujer o persona con capacidad de gestar decide abortar? ¿Por qué hay 13 entidades que todavía se rehúsan a considerar que la capacidad de tomar una decisión va mucho más allá?

Ahora, como hemos mencionado en este mismo espacio en diferentes ocasiones, la lucha por el aborto legal es sólo el principio. A pesar de las modificaciones en los códigos penales, los obstáculos a los que se enfrenta la población con capacidad de gestar al momento de abortar continúan.

Desde la burocracia que se realiza en los centros médicos hasta la nula disposición del personal médico para realizar el procedimiento, la criminalización de quienes deciden realizar un aborto o incluso la violencia obstétrica de la que son víctimas las mujeres que acuden a ejercer su derecho.

Aunado al reconocimiento de la interrupción legal del aborto, también deben considerarse las condiciones bajo las que se garantizará el acceso al procedimiento por parte del Estado. El camino es largo, pero estos primeros pasos son fundamentales para continuar luchando por un aborto gratuito y seguro.  La petición es la misma de siempre, hasta que se cumpla.

Educación sexual para decidir, aborto legal para no morir:
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