Escala de Grises - Objeción de conciencia

De acuerdo con el décimo artículo de la Ley General de Salud, el personal médico o profesional de la salud podrá ejercer la “objeción de conciencia” y excusarse de participar en la prestación de algunos de los servicios establecidos en el mismo texto. Sin embargo, esto solo podrá aplicarse ante algunas excepciones.

Según la ley citada, esta objeción no podrá aplicarse si la vida del paciente en cuestión está en riesgo o se trata de alguna urgencia médica. En el caso de que alguna de las situaciones anteriores ocurriera y el personal no cumpliera con su obligación, el hecho se consideraría como una causal de responsabilidad profesional.

El artículo en cuestión, además de una serie de conflictos, también se ha desarrollado una polémica en particular: la objeción de conciencia en lo que concierne al aborto. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este derecho como inválido. Con 8 votos a favor y 3 en contra, la Suprema Corte resolvió que la objeción de conciencia no representa una violación a la Constitución, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas.

Sin embargo, no fue hasta el 21 de septiembre que se emitió una sentencia concreta. El martes pasado, la SCJN determinó hacer un exhorto al Congreso de la Unión para que legisle nuevamente el derecho de conciencia en materia de salud, mismo que tendrá un efecto de aplicación general para todos los jueces en el país.

La invalidez se declaró debido a que el artículo 10 genera inseguridad jurídica, pues no establece los lineamientos ni límites necesarios para que la objeción de conciencia sea ejercida sin vulnerar los derechos de otras personas. Las leyes en materia de salud y de género continúan analizándose bajo diferentes perspectivas, lo que representa un avance significativo. Sin embargo, como siempre le digo, aún queda mucho camino por recorrer.

Las especificaciones respecto a la objeción de conciencia deben realizarse con base en la Constitución y en los derechos humanos, sin tomar en consideración lo que diga la Iglesia o el mismo Papa. Los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes no pueden contemplar más infierno que los procedimientos que se realizan en tierras mexicanas actualmente.

Hablar sobre las diferentes formas de discriminación y criminalización a las que se enfrentan las personas que desean interrumpir su embarazo es el primer paso para dejar de normalizarlas. A pesar de esto, pretender cambiar un sistema de justicia y de salud atravesado por un sistema de creencias, sin contemplar el panorama de manera objetiva, es equivalente a mirar la luz con los ojos cerrados.

Los demonios que siguen en el Edén

El pasado mes de julio se dio a conocer que la orden de captura emitida en contra de Kamel Nacif había sido cancelada, pues no se encontraban pruebas contundentes (sic.) como alguna instrucción por escrito respecto a la tortura en contra de la periodista Lydia Cacho. A partir de esta decisión, la también activista y la organización Artículo 19, a través de una conferencia de prensa, denunciaron corrupción.

De acuerdo con la información compartida a través de plataformas digitales, desde el pasado mes de octubre, el empresario Kamel Nacif y Mario Marín, exgobernador de Puebla, comenzaron con una operación de corrupción con el Poder Judicial. Esto, influyó en la determinación final emitida por los magistrados.

Sin embargo, parece que no todo está definido. El lunes 20 de septiembre se dio a conocer que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) abrió una indagatoria por posibles irregularidades y corrupción en el tribunal responsable del Caso Lydia Cacho en Quintana Roo. A partir de esto, se realizará una revisión interna de las resoluciones a las que llegó el Tercer Tribunal Colegiado durante el último año.

Dicha investigación, también involucrará la resolución de otorgar un amparo definitivo a Kamel Nacif, lo que lo liberó de la orden de aprehensión, girada el 3 de diciembre, en su contra por el delito de tortura en contra de Lydia Cacho. Cabe recordar que la periodista fue víctima de maltratos físicos y psicológicos luego de que su libro “Los demonios del Edén” se publicara y después fue violentada en repetidas ocasiones de manera “anónima”, situación que también abordó la organización Artículo 19.

Esta decisión, a pesar de llegar dos meses tarde, podría significar que los más de 15 años en los que Lydia Cacho ha peleado por obtener justicia no quedaron [completamente] perdidos. Lo que ahora debemos esperar es que las investigaciones no tarden 15 o 20 años más, que se encuentren las personas responsables de las “irregularidades” en cuestión y que, a partir de eso, se tomen las medidas necesarias para tratar de enmendar los daños ocasionados por la incompetencia de “unas cuantas personas”.

Ahora, también es necesario seguir hablando de los problemas estructurales que nos dejan en el mismo lugar y los que le valieron el exilio a la periodista y activista. Además de la corrupción y la impunidad, otra de las cuestiones que Lydia Cacho expuso son la trata de personas y la pederastia, dos de los “negocios” que han permitido que personas como Kamel Nacif y todos los involucrados continúen con tanto poder entre las manos.

Una de las cuestiones más importantes que debemos tomar en cuenta, es que la corrupción va mucho más allá de sobornar a los policías de tránsito o de pagar para que un trámite se realice en el menor tiempo posible. La corrupción es una daga que atraviesa todos los problemas sociales y que mantiene desahuciado el sistema de justicia en nuestro país.

Lydia Cacho no necesita disculpas públicas por parte de una administración que ha repetido los mismos errores. Lydia Cacho merece poder regresar a su país con la certeza de que puede estar segura, de que puede dormir tranquila. Todas las personas que se dedican a investigar y a exponer la verdad que nadie se atreve a contar también merecen sentirse protegidas por el mismo Estado que no hace más que atacarlas.

La verdad nadie se la roba:

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