Escala de Grises - Incontenible

La mañana del martes 20 de mayo, poco después de las siete de la mañana, Ximena Guzmán (secretaria particular de Clara Brugada) y José Muñoz (asesor del gobierno local) circulaban sobre Calzada de Tlalpan cuando su automóvil fue interceptado por un hombre armado.

Precisamente en el cruce de la Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, de acuerdo con la versión oficial, los funcionarios de la Ciudad de México fueron asesinados. La información se dio a conocer a través de un comunicado difundido en plataformas digitales, donde la jefa de Gobierno compartió una tarjeta informativa.

Hasta el momento en que se escribió esta columna, la única información disponible sobre el caso era que los atacantes (en plural) huyeron en una moto después del crimen. Sin embargo, las autoridades correspondientes aseguran que ya están investigando los hechos y revisando las cámaras de seguridad para identificar a las personas responsables.

Poco antes del mediodía, Clara Brugada se presentó en una conferencia de prensa para asegurar que “los responsables serán detenidos y tendrán que enfrentar a la justicia”. Del mismo modo, informó que su gobierno continuará con los esfuerzos para frenar la impunidad y combatir la inseguridad.

Por su parte, Claudia Sheinbaum aseguró que su sucesora en el gobierno capitalino obtendrá el apoyo de autoridades federales, como el Centro Nacional de Inteligencia, para llegar al fondo de la situación. Y es que, definitivamente, ambas mandatarias se enfrentan a uno de los ataques más importantes a funcionarios de mayor perfil en la CDMX desde hace cinco años.

Lejos de filias y fobias partidistas, es necesario aceptar que el asesinato de los dos funcionarios es una tragedia en todo sentido. Es una muestra de que la capital del país tampoco se escapa de la ola de violencia que se ha registrado a nivel nacional y que, contrario a lo que se pudiera pensar, quienes forman parte del gobierno no siempre están impunes.

También es una muestra de la facilidad con la que pueden cometerse un delito, a plena luz del día; un ejemplo de la vulnerabilidad y una forma de sembrar el miedo no sólo en la ciudadanía, sino también en quienes la gobiernan. Lo ocurrido ayer no puede pensarse como un caso aislado, porque el mensaje es claro.

Es probable que, dada la importancia de los funcionarios, este crimen no forme parte de las cifras de impunidad que aumentan cada día a nivel local y nacional. Entonces, también se convertirá en una evidencia de que la justicia sólo llega mientras más cerca se encuentren las víctimas del poder.

Lo anterior, además de ser un problema grave, es una confirmación de que la violencia es cada vez más incontenible; es un espejo que muestra las deficiencias del sistema de justicia en México, de la negligencia de las autoridades, de la falta de recursos, del nulo funcionamiento de la estrategia de seguridad.

El gobierno de la Ciudad de México no sólo tiene la obligación de resolver el caso y encontrar justicia para las víctimas; sino también de implementar las medidas necesarias para que un crimen así no vuelva a ocurrir. Ahora, además de cumplir sus promesas de campaña y todos los objetivos que se planteó, tendrá que convertir la resolución de este crimen como una prioridad.

Lo más alarmante de este crimen no es sólo su brutalidad, sino lo rápido que podría volverse parte del olvido. Porque en un país donde la violencia ha dejado de ser noticia, la memoria también es víctima. Si no somos capaces de sostener la mirada, exigir respuestas y romper con la resignación, entonces seguiremos habitando una democracia sitiada: una donde el miedo dicta las reglas y el silencio se vuelve política de Estado.

Si el gobierno no puede protegerse a sí mismo, ¿entonces quién puede?
arendy.avalos@gmail.com
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