Observador político - Los señalados…
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes
En los próximos días y semanas, conforme vinculen a proceso a algunos de los ex servidores públicos de la pasada administración, se estará cumpliendo parte de los acuerdos y compromisos que hizo el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo durante su campaña política electoral. Hoy, se encuentra en el banquillo de los acusados Alejandro "N", quien fuera titular de la dirección de Administración del Sistema DIF Morelos y hombre fuerte y de todas las confianzas de Elena Cepeda de León, esposa de Graco Luis Ramírez.
LUCHAR CONTRA CORRIENTE.- El inicio del procedimiento en contra de Alejandro "N" por enriquecimiento ilícito, es junto con Denya "N", esposa de un ex diputado del sol azteca, beneficiada por tráfico de influencias y presuntamente por incurrir en delitos para alcanzar su pensión “dorada”, quienes están en el banquillo de los acusados por parte de la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Juan Salazar Núñez, luego de que a esta última se le vinculó a proceso por los delitos de fraude procesal y uso de documento falso. Y pese a la resistencia que pudiera existir por parte de algunos funcionarios y servidores públicos de las fiscalías general y anticorrupción, se tendrán que hacer los esfuerzos necesarios para seguir investigando y aportar todos los elementos que sean necesarios y no solo para continuar con este proceso. Hoy, lo que la gente exige y demanda, es que se logre que se les castigue penalmente a quienes se les compruebe que incurrieron en acciones al margen de la ley con la única finalidad de beneficiarse económicamente. Es necesario dar un golpe en la mesa y poner orden, dejar de lado los criterios de que no hay elementos jurídicos suficientes para ello y dar golpes de autoridad de parte de estas instituciones que hoy están siendo cuestionadas por la cercana relación que tuvieron –o tienen- sus titulares con el ex gobernador Graco Ramírez.
Para nadie es un secreto que hay funcionarios hoy en día que ocupan cargos de vital importancia para definir el destino jurídico de quienes hoy están siendo investigados, y por esa razón, se debe de quedar en el olvido frases y acciones de que al final imperará la impunidad y que los imputados no serán vinculados a proceso y con ello, jamás serán inquilinos del penal de Atlacholoaya por los argumentos jurídicos que pudieran presentar para librarla. Incluso, hay servidores públicos de la presente administración que reconocen que difícilmente se les procesará por todos los argumentos legaloides que se tienen para echar abajo los señalamientos de que pudieran ser objeto.
POLÍTICOS SEÑALADOS POR CORRUPCIÓN.- Los actuales diputados que llevan un año aprendiendo a legislar y eso sí, disfrutando de sus jugosos salarios de casi 200 mil pesos mensuales, a finales del año pasado acudieron en medio de todo un show político a las instalaciones de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción para presentar una denuncia penal por los delitos de ejercicio indebido de las funciones, peculado y desviación de recursos en contra de los ex presidentes de la Mesa Directiva, la Junta Política y de Gobierno (JPyG), y de la Comisión de Vigilancia en la LIII Legislatura. Los representantes populares que llamaron a la prensa para que constataran su denuncia y tratar de recuperar la confianza y credibilidad que no tienen, fueron: Tania Valentina Rodríguez Ruiz, José Casas, Dalila Morales, entre otros.
Sin embargo, ha trascurrido más de seis meses y hasta el momento no hay nada de la denuncia presentada en contra de las y los ex diputados:
Hortencia Figueroa Peralta, y Beatriz Vícera Alatriste, así como del priista Francisco Moreno Merino, Silvia Irra Marín, y Julio Espín Navarrete, a quienes se les ha señalado de haber permitido la malversación de los fondos del Poder Legislativo. Solo recordar, que el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, anunció en su momento que las diligencias se realizarían y de existir elementos de los delitos denunciados, se tendría que reclasificar si fuese necesario.
SINOPSIS.- LOS AMIGOS DEL GOBIERNO ANTERIOR.- Es obvio que en la pasada administración se conformó “un círculo de amigos” que gozó de la confianza del entonces gobernador perredista que se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Obvio, las denuncias penales correspondientes ya están presentadas y por lo tanto, se empiezan a acercar los días en los que pueden varios, ser sujetos de vinculación a proceso en caso de que se encuentren los elementos jurídicos suficientes de lo que se les acusa, en su mayoría por el delito de peculado. Para quienes presentaron las denuncias y que hoy forman parte del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, los tiempos se están acercando y por tanto, quien en pocos años lograron amasar cuantiosas fortunas con recursos del erario, a través de realizar obras súper elevadas en sus costos y de empresas fantasmas poco a poco se irán dando a conocer en los respectivos juzgados, por ello, muchos perredistas y ex diputados están con el Jesús en la boca ante la posibilidad de que empiecen a ser señalados por supuestos actos de corrupción ahora que ya se cuentan con muchos elementos para proceder legalmente.
Los personajes hoy señalados gozaron del respaldo y protección que les brindó ser amigos del titular del poder Ejecutivo y su hijo, Rodrigo Gayosso, pero hoy que ya no están, las cosas son diferentes y pese al blindaje que se hizo en el poder Judicial, la Fiscalía, el Congreso y la CDHM en algunos casos tendrán que proceder porque ello permitirá, recuperar la confianza perdida y al mismo tiempo, que los verdaderos peces gordos se salgan con la suya, que pudiera ser una estrategia para evitar que personajes como Graco sigan gozando de la impunidad de este sistema de gobierno y judicial.
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