Escala de Grises - El periodismo en México

El martes 24 de agosto, la organización Artículo 19 publicó el informe respecto a la violencia contra la prensa en México durante los primeros seis meses del 2021. La premisa es alarmante: Cada 12 horas se registra una agresión contra la prensa, lo que implica un ataque directo a la libertad de expresión. De enero a junio de este año se registraron 362.

El pasado veinteveinte quedó registrado en la historia como el año con más agresiones a periodistas y medios de comunicación desde el 2009, cuando se inició la documentación de dichos ataques en México. Sin embargo, si comparamos los datos con el mismo periodo del año pasado, parece que el honor (sic.) de ser “el año más violento” se lo quedará el 2021.

A pesar de que el discurso que se emite desde Palacio Nacional constantemente es el de una libertad absoluta, un derecho de réplica y un gobierno cero autoritario, Artículo 19 tiene otros datos. Durante el primer año de gobierno de López Obrador se registraron 609 agresiones, el segundo 692 y la mitad del tercero 362.

El término “agresiones” podría sonar un tanto ambiguo, pero para no dejar ninguna duda al respecto, la organización decidió clasificar cada uno de estos ataques: 113 fueron de intimidación y hostigamiento en contra de periodistas. 54 fueron amenazas, 35 ataques físicos, 32 bloqueo o alteración de contenido, 20 remoción de contenidos, 16 privación de la libertad y cinco fueron homicidios, la agresión más grave.

Como si no fuera suficiente, Artículo 19 también registró que el Estado mexicano es el principal agresor de la prensa, pues las personas que se dedican a la función pública están directamente vinculadas con 83 de estos casos, seguidos de las fuerzas civiles con 46 y las fuerzas armadas con cinco. Por supuesto que otros actores figuran en la lista, pero no se llevan el primer lugar.

De acuerdo con Leopoldo Maldonado, quien se desempeña como director de Artículo 19 en México, el Gobierno Federal ha debilitado presupuestalmente instituciones como la Comisión Especial de Atención de Víctimas (CEAPP) o el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, mismo que tiene la “misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor”.

México continúa como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, situación que se combina con la impunidad y termina por ser catastrófica para la libertad de expresión. Aún más cuando el presidente de México realiza ataques directos y constantes para todos aquellos medios de comunicación que decidan contradecirlo en lo más mínimo, lo que representa oxígeno para que el fuego siga creciendo.

Adjetivos como “neoliberales”, “mafia del poder” o “hipócritas” son usados constantemente por Andrés Manuel López Obrador para descalificar las críticas realizadas por periodistas o medios de comunicación. Aunque estos berrinches podrían parecer algo típico del mandatario, el efecto que esto produce en la sociedad no debe tomarse a la ligera.

La descalificación a las investigaciones que no le convienen o a la prensa que lo critica podría implicar que López Obrador está a favor de los ataques, algo que ya insinuó en más de una ocasión, lo que deja aún más vulnerable a este sector tan importante de la sociedad y de la política per se, si nos ponemos exigentes con la teoría. Maldonado afirma que hay otra cuestión importante: cuando Andrés Manuel externa críticas polémicas o con palabras específicas contra la prensa, desvía la atención hacia él, se convierte en la nota y el tema central por el que ocurrió el conflicto se dispersa y se olvida.

Ahora, otra de las cuestiones más graves (¿hay más?) es que la estrategia implementada por López Obrador está funcionando a tal grado que se replica en otras entidades, a nivel estatal o municipal, donde la protección es mucho menor y el peligro se vuelve casi tangible. Esta actitud “pasivo-agresiva” (más agresiva que nada) por parte de AMLO se ha convertido en una puerta de entrada para que las personas que conforman en Estado no encuentren ningún tipo de culpa en perpetrar otra serie de agresiones que no se quedan únicamente en el uso de adjetivos rebuscados.

Las palabras importan, pero también importa de dónde vengan. Si el mismo presidente de la República se escuda en el “derecho de réplica” para condenar, estigmatizar y descalificar a la prensa y a las personas especialistas en periodismo, ¿qué se espera que haga alguien más? Si un Estado que no protege a sus periodistas no puede proteger a nadie, como le he repetido en diferentes ocasiones, ¿qué nos espera?

Si esta serie de agresiones y ataques en contra de la libertad de expresión y las personas que han decidido luchar por ella se combina con un sistema de justicia quebrantado en el que la palabra impunidad crece como hiedra, ¿qué tipo de protección puede brindarse para periodistas o para personas defensoras de los derechos humanos? ¿Quién es, entonces, la entidad responsable de darles la seguridad que les falta para realizar su trabajo con tranquilidad?

El periodismo en México es una profesión despreciada por muchos sectores, especialmente por el político, como nos ha quedado claro durante los últimos años. Sin embargo, la combinación de todos estos problemas con la precariedad laboral a la que se enfrentan algunos medios de comunicación ha transformado un escenario desequilibrado en uno insostenible.

Comprender el papel de las personas que ejercen el periodismo va mucho más allá del “talento” o del “ojo periodístico”, de las notas de espectáculos y de las tendencias en Twitter. Los medios de comunicación diversos, sólidos y bien estructurados son un pilar de la realidad a la que nos enfrentamos cada día. Ya va siendo hora de que las personas que ejercen el periodismo deban hacer uso de una valentía extraordinaria para poder contárnosla.

No se mata la verdad matando periodistas:

arendy.avalos@gmail.com

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