Escala de Grises - Ejército impune

A pesar del cambio de gobierno, la ruptura del techo de cristal y los múltiples festejos y discursos de bienvenida para Claudia Sheinbaum, la ola de violencia en nuestro país parece no detenerse ni reducirse. El pasado fin de semana no fue la excepción a la regla de enfrentamientos. Específicamente en Tamaulipas, se registraron persecuciones por parte del Ejército que terminaron en una tragedia.

Mientras elementos de la Guardia Nacional y militares intentaban atrapar a presuntos delincuentes, se desataron un par de balaceras en las que tres personas perdieron la vida. Lidia Iris, una niña de ocho años, Yuricie Rivera, una enfermera de 46 años, y Diego Alfredo, un joven de 18 años, se encontraban en las calles de Nuevo Laredo, dentro de vehículos particulares, cuando quedaron en medio de los dos operativos que se realizaron.

De acuerdo con diferentes testimonios, los elementos comenzaron a disparar a su alrededor sin considerar que había familias conformadas por civiles; el resultado fueron tres personas más asesinadas a manos de las Fuerzas Armadas. A pesar de que las familias de las víctimas solicitaron ayuda por parte del personal de seguridad, huyeron sin dar explicación alguna.

Por supuesto, tampoco regresaron para hacerse responsables de las heridas que ocasionaron. Después de tres días, el gobierno local y la Fiscalía del estado permanecían en silencio absoluto respecto a lo sucedido; lo que incrementó la indignación por parte de la población a nivel nacional.

Ante la gravedad de la situación el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo se reunió con las víctimas y ha exigido a Claudia Sheinbaum una investigación inmediata para identificar a los militares responsables de los asesinatos. No fue hasta la conferencia matutina del 15 de octubre que la presidenta se posicionó al respecto.

De acuerdo con ella, la Fiscalía General de la República ya investiga los acontecimientos. Sin embargo, aseguró que el personal respondió a los disparos lanzados por los presuntos delincuentes, lo que podría indicar que los asesinatos fueron producto de un “fuego cruzado”.

Sin embargo, sostuvo que cualquier elemento involucrado que incurriera en un mal comportamiento sería debidamente “sancionado”. Tras reunirse con Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa Nacional, Sheinbaum Pardo confirmó que, efectivamente, fueron dos los eventos ocurridos durante el fin de semana: uno con el Ejército y otro con la Guardia Nacional.

¿Esa es la estrategia de seguridad que planea seguirse a lo largo de este sexenio? ¿Realmente la militarización del país está funcionando para reducir la inseguridad y la violencia? ¿El Estado está dispuesto a asumir las consecuencias de las múltiples violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por elementos de las Fuerzas Armadas?

¿Cómo podemos hablar de protocolos de seguridad efectivos? ¿Cuál es la confianza que podemos depositar en las autoridades? ¿Cada operativo tendrá un mínimo de civiles asesinados? ¿Ese será el costo? ¿Por qué las autoridades tardaron tanto en posicionarse al respecto?

¿Por qué no había representantes de ningún nivel de gobierno hablando sobre lo ocurrido? La presidenta habla de sanciones, pero realmente ¿cuáles serán las consecuencias para los responsables? ¿Serán identificados o el Ejecutivo optará por mantener el silencio y pedir una disculpa décadas después, igual que ocurrió con Ayotzinapa o Tlatlaya?

A pesar de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas (mismos que han sido documentados y denunciados por periodistas y organizaciones de la sociedad civil), la impunidad continúa dentro del sistema, incluso luego de múltiples solicitudes por parte de organismos nacionales e internacionales.

Si el objetivo de la nueva administración es seguir transformando al país y continuar del “lado correcto de la historia”, tal vez se podrían empezar a corregir los errores que siguen causando heridas incurables (incluso después de las disculpas y las condenas enérgicas). Tan sólo durante las últimas semanas, se han registrado 15 asesinatos de civiles, presuntamente a manos de las Fuerzas Armadas.

La crisis de inseguridad necesita mucho más que aplicar medidas superficiales que sólo agravan la situación e incrementan el riesgo de la población, que reducen un operativo a la suerte de sobrevivir o no, incluso para personas inocentes, incluso para una niña de ocho años que sólo iba a la papelería.

Es indispensable que se diseñen estrategias integrales en las que se contemplen todos los riesgos posibles y, además, se prevengan (en la medida de lo posible). Se necesita un enfoque que no sólo considere las detonaciones y persecuciones, sino que considere las necesidades de la población, especialmente en los estados con mayores índices de violencia.

La solución a un problema estructural tan determinante para la realidad a la que se enfrentan los gobiernos y la ciudadanía no puede ser simple, no debería. No podemos pretender reducir situaciones tan complejas únicamente con más elementos de las Fuerzas Armadas o más presupuesto o más poder. Eso es lo que no termina de quedar claro.

Necesitamos ver más allá:

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