Escala de Grises - Crisis de transporte

El pasado 12 de enero, Uber obtuvo un amparo que le permite circular de forma libre en Cancún, Quintana Roo, el destino turístico más importante en México. Sin embargo, la noticia no generó una respuesta positiva para los taxistas; quienes han expresado su descontento con caos en dicha ciudad.

Desde autopistas cortadas hasta violencia en contra de los conductores y los pasajeros que prefieren utilizar la aplicación de transporte, los actos violentos del sector han captado la atención por parte de las autoridades a nivel internacional. Países como Estados Unidos, por ejemplo, han optado por emitir alertas de seguridad para advertir a su población los acontecimientos actuales y prevenir posibles agresiones.

Por un lado, el argumento de los taxistas es que las operaciones de plataformas como Uber vulneran sus ingresos. Por otro lado, la decisión de los tribunales representa una alternativa para turistas y locales que opten por no pagar las cuentas exorbitantes que implica cualquier trayecto dentro del territorio cancunense.

De acuerdo con las fuentes locales, los cuerpos de seguridad han intentado mantener la calma… Aunque, de acuerdo con lo documentado en plataformas digitales por algunos internautas, no han tenido suficiente éxito. Al respecto, Mara Lezama, gobernadora del estado, ha asegurado que ella y su gabinete están trabajando para solucionar la situación de la forma más efectiva posible y “garantizar el cuidado” de las personas que visiten la ciudad.

Respecto a las alertas de seguridad emitidas por gobiernos como el estadounidense, la funcionaria informó que es algo temporal. Y puede que así sea. Sin embargo, las consecuencias derivadas de esta disputa entre los taxistas y conductores de la plataforma en cuestión no deja de representar un impacto negativo para el turismo en la ciudad.

A pesar de que el conflicto actual en Cancún no representa una novedad para México (incluso después de cinco años) o para el mundo, en general, sí revela problemáticas que no se reducen únicamente al destino turístico ni a las relaciones diplomáticas entre México y su vecino del norte.

Las condiciones actuales en la ciudad quintanarroense ponen sobre la mesa la crisis a la que se enfrenta el territorio nacional entero, desde hace décadas, en materia de movilidad. En lo que respecta al transporte público, por ejemplo, hay una baja calidad y una alta demanda que no puede satisfacerse de forma correcta, a pesar de las estrategias implementadas para que así sea.

Desde vehículos contaminantes hasta problemas estructurales como la inseguridad y la violencia de género, el transporte público en México, como concepto, está envuelto en una serie de conflictos que no se han solucionado desde la raíz. La movilidad digna no se reduce a aplanar las calles o a mantener las cuotas en niveles accesibles para la población, va mucho más allá.

Ahora, en lo que concierne a los servicios privados, como en el caso de las aplicaciones o los mismos taxis, la disputa principal son las tarifas. La idea es bastante sencilla: si el objetivo es llegar a mi destino con el menor gasto posible, elegiré la opción más conveniente para mi economía. ¿Cuál es la mejor opción?

En el caso particular de Quintana Roo, el sector de taxistas se rehúsa a la llegada de las aplicaciones porque representa la imposibilidad de seguir con las altas tarifas que manejan en la región. ¿Cuál es la solución, entonces? ¿Implementar medidas para ofrecer un servicio de calidad a precios justos o violentar a aquellas personas que opten por la opción más conveniente? ¿La solución por parte de las autoridades también será enviar a la Guardia Nacional o eso solo aplica para cierta funcionaria en campaña?

Pecando de centralismo…

Tal como mencioné anteriormente, aunque la situación ocurra en un extremo del país, el problema de transporte y movilidad aplica en cualquier estado de México, incluida la Ciudad de México. En la capital del país, tras múltiples accidentes en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la decisión por parte de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, y el presidente mismo fue desplegar a elementos de la Guardia Nacional en las estaciones y los talleres.

Tal vez, en lugar de militarizar el país, los tres niveles de gobierno actuales (independientemente del partido político al que pertenezcan) podrían empezar por invertir recursos —no solo económicos— en mejorar los servicios de transporte. Las carencias en este sector no son resultado de los últimos cuatro o cinco años, me queda claro;  sin embargo, quedarse de brazos cruzados tampoco es la mejor forma de proceder.

¿Qué se hará para garantizar una movilidad digna y segura? ¿Se tomarán en cuenta las demandas de la población o se optará por hacer lo mismo de siempre? ¿Hay suficientes elementos de la Guardia Nacional como para prevenir, atender y solucionar todos los problemas derivados de los servicios de transporte?

Lo que queda por comprender es que todas las personas tienen derecho de poder transportarse de forma segura, con la certeza de que podrán llegar a sus destinos sin ningún problema, independientemente del vehículo en que decidan viajar o la ciudad en la que se encuentren.

¿A dónde vamos?

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