Escala de Grises - Confidencial

La noche del 29 de septiembre, a través de medios de comunicación tradicionales y plataformas digitales, se dio a conocer que la seguridad digital de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había sido vulnerada. “Guacamaya”, como se hace llamar el grupo de piratas informáticos, fue responsable de filtrar cuatro millones de documentos en los que se demuestra la presencia del ejército en todo el país.

Aunque la información que llamó más la atención (al menos durante las primeras horas) fue la salud de Andrés Manuel López Obrador, también se dieron a conocer detalles sobre operaciones militares, vigilancia y diferentes operaciones por parte del ejército mexicano que van desde el 2010 hasta septiembre del año pasado.

Según las declaraciones del presidente de la República, la filtración fue posible gracias a un “cambio del sistema informático” que la Sedena ya está investigando. A pesar de lo ocurrido, AMLO aseguró que  “no tiene nada que esconder”, lo que resulta difícil de creer si consideramos el significado de la palabra confidencial, categoría bajo la que se clasificaban dichos documentos.

Sin embargo, aunque el historial médico del presidente parezca la filtración más relevante, las investigaciones periodísticas realizadas a partir del pasado jueves han demostrado lo contrario. Un ejemplo claro es el trabajo realizado por El País, diario en el que se revisaron más de mil archivos en los que se registran decenas de abusos sexuales en la ¿honorable? institución.

De acuerdo con lo difundido por El País, los casos de abuso sexual son cometidos “por parte de cargos superiores a subalternas y a civiles, a veces en grupo, otras con prácticas de tortura”. A lo largo de los últimos años, la Sedena ha registrado los delitos, pero no ha hecho lo suficiente para enfrentarlos.

A pesar de las denuncias realizadas en contra de 42 militares, un mínimo porcentaje ha recibido sentencias condenatorias o se encuentran en proceso. La mayor parte de los abusadores ha encontrado refugio por parte de la Sedena, misma que ha optado por archivar las denuncias sin la mínima intención de atenderlas.

Como si esa negligencia no fuera suficiente, son las víctimas quienes se enfrentan a la revictimización y el peligro por alzar la voz, por exigir justicia; además de ser ignoradas por parte de la institución, son perseguidas, amenazadas de muerte, se les prohíbe el acceso a las zonas de trabajo y son rechazadas.

Lo anterior, contradice lo estipulado en papel por la misma Sedena. Y es que, aparentemente, la Secretaría sí cuenta con las medidas suficientes para afrontar las denuncias por abuso sexual que implican acciones diferentes a un simple traslado para “neutralizar” lo ocurrido.

Las acciones con perspectiva de género en la Sedena incluyen protocolos para respetar los derechos de las víctimas, cartas firmadas por soldados y sus superiores donde se comprometen a no cometer actos que puedan considerarse abuso sexual y hasta talleres de sensibilización, pero (como siempre) la realidad es abismalmente distinta.

Las víctimas, además de enfrentarse al abuso, también deben sortear obstáculos que van desde la intimidación y el soborno hasta las amenazas de muerte o, incluso,  el descaro por parte de aquellos que conocen de primera mano la posibilidad de evadir la justicia si están cerquita del poder.

Por supuesto, hay que considerar que éste problema no tiene quince ni veinte años de antigüedad. Del mismo modo, no es un problema exclusivo del ejército, pues en este mismo espacio se ha retomado un porcentaje [mínimo] de aquellos delitos de género que también quedan impunes en la sociedad civil.

¿Qué implica todo esto? Primero, reitera que la violencia de género, independientemente de la forma en la que se ejerza, siempre es un problema sistemático; está presente en todas las esferas que conforman al país y no puede (ni debe) reducirse a una situación aislada o espontánea.

Después, al ser un tema de carácter estructural, también es indispensable contemplar nuevas formas de prevenirla y erradicarla. Tan solo si contemplamos lo que ocurre en la Sedena, no bastan cartas de compromiso ni talleres de género si las voces de las víctimas son silenciadas.

Lo mismo ocurre con la impunidad. Las deficiencias en el sistema de justicia también están presentes en una institución que se presume intachable (como sabemos, la historia, los testimonios y las denuncias indican todo lo contrario). La ley y la justicia no deberían distinguir si el abusador tiene rango militar o no.

Ahora, no perdamos de vista que la filtración masiva de documentos confidenciales llega en un momento clave. La militarización —las cosas por su nombre— del país ha sido uno de los temas más importantes durante las últimas semanas y, aunque desde arriba se plantea como una estrategia efectiva de protección, con la información difundida comprobamos (una vez más) que ejército no es sinónimo de seguridad.

Los campos semánticos no aplican en el campo militar:

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