Escala de Grises - Buenas intenciones

Después de que se dieran a conocer los hallazgos dentro del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado la implementación de una serie de medidas que tienen como objetivo fortalecer la lucha contra las desapariciones forzadas en el país.

La presente administración ha planteado la posibilidad de fortalecer los registros administrativos y forenses para agilizar la identificación de personas desaparecidas. Según las declaraciones realizadas a mediados de marzo, esta tarea involucrará no sólo a las fiscalías y servicios forenses del país, sino también a un grupo de personas especializadas en ciencia y tecnología.

Y es que, lamentablemente, la crisis de desapariciones forzadas no se reduce a lo ocurrido en Jalisco. El rancho es tan sólo un porcentaje de las 116 mil personas que no lograron regresar a casa y cuyo paradero aún es desconocido. A pesar de la gravedad de la situación, desde hace 63 años, los esfuerzos por reducir la cifra y encontrar respuestas ha sido mínima.

Sin embargo, gracias a la labor de las madres buscadoras, los avances en el rastreo y seguimiento de pistas para localizar cuerpos o fosas clandestinas, ha compensado (de algún modo) la negligencia del Estado; pero sus esfuerzos —sin apoyos gubernamentales y con constantes amenazas por parte de organizaciones criminales— siguen sin ser suficientes para atender el horror que se distribuye a lo largo de todo el país.

Aparentemente consciente de ese panorama, Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno está enfocado en el respeto a los derechos humanos y que su gabinete empatiza con las familias de personas desaparecidas. Entre sus planes se encuentra la apertura inmediata de carpetas de investigación y el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda para ampliar sus capacidades.

A pesar de lo que podrían parecer buenas intenciones para atender la crisis de desapariciones, los esfuerzos esporádicos y dispersos funcionarán de poco o nada si no se presta la suficiente atención al funcionamiento de las instituciones y el sistema de justicia de manera general.

¿El personal en las fiscalías está realmente capacitado para atender un caso de desaparición de manera inmediata? ¿Hay una sensibilización para atender a las víctimas? ¿Los ministerios públicos cuentan con los recursos necesarios en todo el país para encargarse de las demandas pasadas y actuales?

¿Qué hay de la identificación de cuerpos, de la preparación de personas especialistas en ciencia forense con la suficiente experiencia para hacerle frente a un problema que se extiende por décadas en todos los rincones de México? Si no hay una coordinación de las dependencias, ¿cuál debería ser el primer paso?

Las familias no tienen certeza, no hay respuestas, todo es impunidad. La propuesta de reforma a la Ley General en materia de desapariciones, además de contemplar la obligación para compartir datos biométricos, también debe considerar las problemáticas que podrían derivarse de este tipo de órdenes por parte de las autoridades. Ahora, ¿los datos se compartirán siempre que se requiera o sólo a conveniencia?

Para hacerle frente a una crisis que lleva más de cinco décadas ocurriendo es necesaria una asesoría con las familias de las víctimas para contemplar sus necesidades, sus peticiones y sus observaciones respecto al sistema de justicia. Sólo entonces, se podrán hacer los cambios necesarios a nivel estructural y no sólo en papel y tinta.

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