Debe darse transparencia en Instituto de las Mujeres
Son demandas de Andrea Acevedo del colectivo Divulvadoras
Gerardo Suarez Dorantes 
Andrea Acevedo, vocera del colectivo Divulvadoras, destacó los avances logrados por el Instituto de la Mujer en los últimos años, señalando que estos no son mérito exclusivo de una sola administración, sino resultado del trabajo colectivo de muchas mujeres, tanto desde el interior de las instituciones como desde la sociedad civil.
“En los últimos años, el Instituto ha tenido muchos avances, no solo por quienes lo han dirigido recientemente, sino por todas las mujeres que hemos impulsado su existencia y permanencia”, señaló Acevedo. Agregó que, en materia de atención a personas víctimas de violencia, se perfeccionaron muchos procesos: “Se afinó y se perfeccionó la atención a mujeres víctimas de violencia desde el Instituto. Claro que hay cosas por mejorar, pero sin temor a equivocarme, creo que tenía una de las mejores atenciones, al menos en el papel, en los programas y en muchas de las mujeres que yo derivé”, afirmó.
Acevedo también subrayó la importancia de la transparencia como obligación institucional: “Hasta donde tengo entendido, todas las instituciones deben tener publicada su nómina de manera accesible para el público. Esa información es pública y no tendría por qué considerarse una amenaza a la integridad de nadie”.
Asimismo, hizo un llamado a evitar las descalificaciones personales, especialmente aquellas con un sesgo de género. “Es fundamental que el debate se mantenga en un nivel de respeto. Podemos disentir, pero siempre desde el respeto a los derechos humanos. Los ataques misóginos o intentos de desprestigio no deberían tener lugar en una sociedad democrática”.
Para Acevedo y las colectivas con las que colabora, este es un momento clave para consolidar políticas públicas con perspectiva de género, alejadas de intereses personales o partidistas. Reiteró que el desempeño de una persona funcionaria pública debe evaluarse por sus logros, no por ataques mediáticos: “Hacer públicos los salarios no es un delito. Lo importante es distinguir entre el derecho a la transparencia y la intención de dañar la imagen de alguien”.
Finalmente, llamó a no criminalizar ni politizar el trabajo de quienes encabezan instituciones públicas, especialmente cuando se trata de mujeres, y a seguir exigiendo políticas públicas efectivas y con enfoque de derechos humanos.
