Debe Congreso auditar al Poder Judicial: Abogados

Derivado de los actos de corrupción y desvío de recursos que se registró durante la pasada administración en el Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Miguel Ángel Rosete Flores, urgió al Congreso local, la realización de una auditoría para que antes de autorizar el presupuesto del 2022 se conozca la situación real en la que se encuentra el poder Judicial. 

Aseguró Rosete Flores que es urgente y necesario se investigue y se practique una auditoría para conocer la situación financiera en cómo heredó María del Carmen Verónica López Cuevas la administración del Poder Judicial a Rubén Jasso Díaz, dado que hay muchas dudas de malos manos y actos de corrupción que se tienen que investigar y castigue a los probables responsables, todavía que los actuales magistrados han sido omisos y cómplices al tapar todas las irregularidades económicas en esa institución.

Reiteró que primero se debe de conocer la situación financiera que les dejaron porque hasta el momento, solo se ha evidenciado omisión y complicidad con la herencia de María del Carmen Verónica López Cuevas, denunció Miguel Ángel Rosete Flores, al recordar que para el próximo año el poder Judicial de Morelos a través de su presidente, solicitó en su anteproyecto mil 500 millones de pesos, lo que significa tres veces más de lo que les dieron en este 2021 que fue por 449 millones de pesos.
El litigante sostuvo que los actos de corrupción en el TSJ jamás fueron atacados y por esa razón no hay ningún responsable de los malos manejos económicos a pesar de que durante la administración de María del Carmen Verónica López Cuevas, se detectó un faltante de 82 millones en el Fondo Auxiliar y del que se supo, una parte fue utilizado para pagar aguinaldos sin importar que ese concepto ya estaba presupuestado para tal fin.
Además, mencionó que en el año 2019 también se detectó por parte de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del poder Judicial del Estado de Morelos  un presunto desvío de recursos de casi 85 millones de pesos del Fondo Auxiliar, por lo que procedió a dar parte a la Entidad de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y la Contraloría Interna, para que se realizaran las investigaciones necesarias y determinaran las probables responsabilidades. Hasta la fecha, lamentablemente dijo, no se sabe nada del proceso.
Por esta razón y otras más, el presidente de la Barra de Abogados consideró que por ello es urgente la auditoria para saber los tipos de irregularidades y malos manejos financieros para que se castigue a los responsables y los magistrados eviten ser omisos y cómplices de actos ilícitos.
Dentro del Poder Judicial, consideró, debe haber orden y la implementación de auditorías con la finalidad de detectar, como encontró al Tribunal Superior de Justicia en materia financiera y clarificar todos los actos de corrupción y malos manejos financieros, porque tal parece, habrá impunidad y ahora solo se limitan a pedir más dinero sin ir más lejos y exigir respuesta a la falta de dinero público que se aplicó de manera irresponsable durante la pasada administración.