Celebran abogados y activistas detención del fiscal del Oriente
Jorge Rafael Sánchez 
Cuautla, Mor.- Luego de conocer que el pasado jueves elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Marina y de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) arrestaron a Alejandro Chávez Carmona, fiscal Regional del Oriente de Morelos y Daniel Solís, jefe de Ministerios Públicos (MPs) por presuntos delitos de delincuencia organizada, organizaciones civiles, sociales y de abogados se pronunciaron por que investiguen a fondo las denuncias presentadas por litigantes, activistas, ciudadanos y colectivos de mujeres, entre otros, las cuales no han tenido respuesta.
“La escalada de violencia que se registra en gran parte se debe a las deficiencias y omisiones que se cometen por parte de la Fiscalía Regional, que protege y solapa a agentes del Ministerio Público que incurren en procedimientos irregulares para favorecer a delincuentes dedicados al robo de autos, a la extorsión y demás delitos del fuero común”, aseveró el activista Alfonso de la Torre García
Expuso que desde hace poco más de un año, por parte del Ejecutivo estatal se había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigara lo que pasa en esa Fiscalía Regional.
Recordó que desde hace más de un año se anunció el cese de Alejandro Chávez Carmona por la negligencia de esa fiscalía para atender las denuncias de Margarita Ceceña Martínez, quien a las dos semanas fue asesinada al rociarle gasolina y prenderle fuego. Sin embargo, abundó que el funcionario y sus agentes del Ministerio Publico no fueron tocados; a ese caso se sumaron otros feminicidios, los cuales no se han esclarecido por negligencia.
Con De la Torre García, algunas organizaciones civiles coinciden en que la grave ola de violencia e inseguridad que se registra en Cuautla y la región, que se traduce en ataques armados, asesinatos, robo de vehículos y extorsiones, entre otros delitos, tienen su origen en una red de complicidades de los Ministerios Públicos con bandas delincuenciales.
También en los meses siguientes se dio a conocer el involucramiento de una agente del Ministerio Publico con una banda de robacoches, quien facilitaba las cosas a los delincuentes para que no fueran detenidos, ni se continuara con la investigación del robo de vehículos.
Las organizaciones sociales y algunos activistas precisaron que no solo los funcionarios enfrentan numerosas denuncias por diversos delitos que presuntamente han cometido al amparo de su cargo sino también los MPs, a los que se les debe de aplicar la ley.
