Critican que FGE no acepte que se torturó a un activista
Cuautla, Mor.- Según el abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT), Juan Caros Flores Ortiz la Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de tortura del defensor del territorio de la Región Oriente, Jaime Domínguez durante una manifestación en la presidencia municipal del Jantetelco en 2013.
Entre los argumentos que señala la FGE figura que “esta institución de procuración de justicia emitió un rechazo total a la misma, al determinar que no se encontraba debidamente fundada ni motivada, aunado a que de las constancias que obraban dentro expediente al rubro citado, así como del contenido de la resolución emitida por ese organismo garante de derechos humanos, no se advirtió algún señalamiento directo en contra de servidores públicos adscritos a esta Fiscalía General”.
El organismo defensor de los derechos humanos a nivel nacional solicitó a la FGE, dotar de todo lo necesario recursos financieros, herramienta y personal, a la Unidad Especializada en Delitos de Tortura y crear una línea telefónica o medios eficiente de denuncia de delito de tortura. Al respecto, mediante el Oficio FGE/SE/DGCSYTI/DDH/03/1776/2023-09, la FGE respondió: “se emite el rechazo total a la recomendación formulada al fiscal General del Estado, así corno al fiscal Regional Zona Oriente, respectivamente”, detalló el abogado.
Según el informante, la Fiscalía se niega a investigar el delito de tortura de Jaime, argumentando que su personal no participó los actos. A pesar de esto, se destaca que la función principal de la Fiscalía es investigar hechos de tortura, tarea que aún no ha llevado a cabo.
Flores Ortiz abogado de Jaime, denunció que “la Fiscalía rechazó los cuatro puntos recomendatorios, alegando que ya existe un proceso en marcha y destacando la necesidad de esperar la aprobación de reformas legislativas”.
Comunicó que el Frente de Pueblos impugnará la decisión, llevando el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con ese instrumento, los quejosos buscarán una revisión más detallada de la respuesta de la Fiscalía y la intervención de instancias superiores para asegurar una investigación exhaustiva del caso. Porque existió la tortura en contra del activista y ya quedó demostrado fehacientemente.