Breves de Abogados y Políticos

Patear el bote es lo de hoy.

A partir de las reformas a la Ley del Servicio Civil que “toparon” a seis meses los salarios caídos de trabajadores que demanden despido injustificado, gradualmente se acabarán los laudos millonarios que sangraban al erario, principalmente el de los municipios.

Pero las cosas se han ido al otro extremo, pues ahora los ex trabajadores de ayuntamientos que quieren ejecutar sus laudos, se enfrentan a la estrategia seguida por los ediles de no acatar las condenas, prefiriendo ser multados e incluso prestarse a simular el arresto y así evitar el pago de laudos, dejando la carga a la siguiente administración municipal que llegará a hacer lo mismo. La otra opción que tienen los ex empleados, es “negociar” con algún regidor o funcionarios influyentes de los ayuntamientos, que piden jugosos moches de hasta el 40 por ciento del monto del laudo, aplicando aquello de que según el sapo es la pedrada.

Sin embargo, esto de patear el bote también se hace extensivo en el caso de los decretos de pensiones y jubilaciones (excepción hecha de las “doradas”, donde los amigos de Graco y su pandilla, sin merecerlo, salieron favorecidos de un día para otro). El Tribunal Superior de Justicia, desde los tiempos de la presidencia de Carmen Cuevas y hasta el día de hoy, opta por controvertir la mayoría de los decretos, alegando falta de presupuesto para asumir la carga, por lo que los mismos demoran años en cumplirse.

Ahora, la fórmula ha sido aprendida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Allí ha comenzado la “moda” de controvertir los primeros decretos de jubilación, como el que tiene por número 316 de 2022, misma impugnación que ya fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la controversia 179/2022, presentada por el fiscal.

No es por falta de presupuesto para pagar, sino porque Uriel Carmona no quiere que sea la Fiscalía la que cargue con las pensiones. El asunto es así: hace poco más de tres años, una trabajadora de la Fiscalía decidió jubilarse e ingresó los documentos necesarios a la Comisión del Trabajo del Congreso del Estado, donde se hicieron como que “el muerto les hablaba” y no avanzó para nada el trámite.

Por ello, la empleada recurrió al juicio de amparo (número 1553/2021 del Juzgado Sexto de Distrito), por la omisión del Congreso del Estado de emitir su dictamen de pensión, concluyendo el asunto con fallo favorable. Por ello, los diputados aprobaron el dictamen, mismo que el ejecutivo publicó en el Periódico Oficial y así pensionaron a la trabajadora…con cargo al presupuesto de la Fiscalía General (por ser el último lugar donde laboró).

Y entonces apareció Uriel y dijo: no se metan con mi cucu, digo con mi lana y que se va a la controversia…hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre.

Ni duda cabe que al final, la trabajadora recibirá su pensión, pero será algo así como después de cinco años en que inició los trámites para obtener la misma… y eso si es que para entonces todavía vive.