Advierten una matanza en penal de Atlacholoaya
Urgente que gobierno atienda recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Juan Lagunas
Si el gobierno del estado no pone en práctica las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el sentido de establecer un control “más rígido” en los penales (sobre todo, en el de Atlacholoaya), se podría avecinar otra “matanza”.
Lo anterior fue expuesto por Marco Aurelio Palma Apodaca, coordinador jurídico de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, quien recalcó que existe un déficit en torno a las tareas de reinserción social -que no han servido-.
Asimismo, comentó que es “lamentable” que persista esta “situación de inseguridad al interior” de esos espacios; “no es la primera ocasión que ocurre”, refiriéndose al suicidio de un reo (que se suscitó la semana pasada). Se han registrado, a su vez, amotinamientos, lo cual es a causa de la ausencia de “un plan” de monitoreo: “… ha faltado esa parte”.
Adujo que las autoridades deben estar al tanto de lo que ocurre en dichos centros; los informes que ha emitido el órgano garante de salvaguardar los derechos humanos denotan que privan diversas deficiencias”. Cada año se recomiendan medidas (del órgano estatal también) y acciones, “para que mejoren las condiciones de los internos”; empero, “hay bastante omisión por parte de los directores”.
Agregó que esos descuidos han traído consigo “consecuencias” y, al mismo tiempo, propician que los internos se organicen, lo que desemboca en el llamado “autogobierno”. En suma, no existen planes: los presos no poseen “condiciones dignas”; al contrario, “hay explotación laboral, extorsión (que emerge de los custodios)…”.
Precisó que algunos internos han encabezado “riñas y pleitos, por el control”. Incluso, los operativos (o filtros) no resuelven el tráfico de armas punzocortantes. “¿Cómo ingresan esos objetos?”. Son los mismos custodios, quienes se integran a la corrupción, a efecto de avalar el acceso de adminículos prohibidos.
Cabe recordar que la persona que se quitó la vida (de acuerdo a un comunicado de la Comisión Estatal de Seguridad) fue identificada como Cesar "N"; y, luego, se activaron los protocolos de actuación para atender el caso.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha informado que las acciones para evitar la filtración de armas no dan resultado.
