60 años de prisión contra estos 2 por robo de vehículo y secuestro
Redacción
La Fiscalía Regional Metropolitana venció el principio de inocencia al demostrar de manera plena la responsabilidad de Juan Daniel “N” y Santos “N”, en los delitos de robo de vehículo automotor y secuestro exprés agravado cometido en el municipio de Huitzilac.
La tarde del 14 abril del año 2019, la persona víctima llegó al poblado de Tres Marías, municipio de Huitzilac a bordo de un vehículo marca Volkswagen tipo Jetta, el cual dejó estacionado en el tianguis de comida de la localidad, para posteriormente dirigirse a la ciclopista ubicada en el poblado.
A la altura del kilómetro 48 fue interceptado por cinco masculinos, entre ellos los dos sentenciados, quienes lo despojaron de su mochila que contenía diversos objetos personales, entre ellos la llave del vehículo, preguntándole los sujetos en dónde lo había dejado estacionado, y posteriormente dejaron a la víctima entre los matorrales, y al pasar el tiempo regresó donde dejó el automotor sin encontrarlo.
Al integrarse la carpeta de investigación, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, realizaron actos de investigación en el municipio de Huitzilac, y fue en el mismo mes de abril de 2019 cuando detectaron un vehículo tipo Jetta que circulaba sobre la avenida Tres Marías, de la colonia La Cruz, y al marcarle el alto los ocupantes intentaron evadir a los agentes.
Al cerrarles el paso fueron asegurados Juan Daniel “N” de 21 años y Santos “N” de 20 años de edad, y al consultar las bases de datos nacionales se conoció que el vehículo en el que se transportaban contaba con reporte de robo. Al continuar con las investigaciones, la víctima reconoció a los detenidos como integrantes del grupo de personas que lo habían retenido y robado el vehículo.
Al agotarse las etapas procesales, en audiencia de juicio oral se les encontró penalmente responsables de los delitos de robo de vehículo automotor y secuestro exprés agravado, impugnando su defensa el resolutivo, y es el Tribunal de Primera Instancia quien confirma la sentencia condenatoria en su contra, imponiéndose a cada uno de ellos 60 años de prisión y al pago de multa y la reparación del daño moral a favor de la víctima.
