Todas contra la impunidad
En opinión de Lorena Elizabeth Castillo
Lorena Elizabeth Castillo Castillo 
En el propósito de dar la batalla por una vida libre de violencia y respeto de los derechos humanos de las mujeres, nuestra convicción es que debemos siempre ir más allá de las propuestas y declaraciones. La persistencia de abusos y agresiones obliga a emprender acciones efectivas, así sea a contracorriente de la negligencia que prevalece en muchas instancias de procuración e impartición de justicia.
De lo anterior, las estadísticas son evidentes: el índice de impunidad en casos de feminicidios y violencia contra las mujeres en México es alarmante, de acuerdo al informe presentado por el organismo Impunidad Cero en homicidio doloso y feminicidio 2022, sólo 1 de cada 10 homicidios dolosos ha sido esclarecido en los últimos 6 años.
En feminicidios, la situación es similar: en 2021, solo el 27% de las muertes violentas de mujeres fueron clasificadas como feminicidio, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio.
Otros datos sobre la materia apuntan que en los últimos diez años se han registrado 7 mil 246 feminicidios en México, pero solo el 23.32% de estos casos han terminado en una sentencia condenatoria. Estas cifras revelan una grave situación de impunidad en México, que perpetúa la violencia contra las mujeres y niega justicia a las víctimas y sus familias.
Ante tal panorama es urgente es modernizar y fortalecer el sistema de justicia para garantizar que los casos de violencia de género y feminicidios sean investigados y juzgados de manera efectiva y eficiente; en principio, mediante la capacitación a las y los agentes de los ministerios públicos de las fiscalías, incluyendo policías, fiscales y jueces, sobre la violencia de género y los feminicidios en las entidades federativas.
Nuestra experiencia en la atención a casos de abuso nos indica la necesidad de que las víctimas de violencia de género y feminicidios tengan no sólo accedan a servicios de apoyo, asesoramiento psicológico y asistencia legal, sino de contar con albergues o refugios en los que se garantice la aplicación de medidas cautelares ante el acoso de sus agresores.
A la par de lo anterior, urge implementar medidas para proteger a las víctimas y testigos de violencia de género y feminicidios, con programas de protección de testigos y medidas de seguridad, además de la todavía inexistente, salvo muy contados casos, de compensación y reparación de daño a mujeres atacadas y a sus hijos e hijas.
No se agota aquí la enumeración de carencias en la materia, por lo que desde el Instituto de la Mujer de Cuernavaca (IMC), la estrategia seguirá siendo establecer alianzas, no sólo para campañas y promoción para la erradicación de la violencia.
Buscaremos también aquellos acuerdos con sectores progresistas del ámbito jurídico y legal, dentro y fuera del sistema oficial, con visión de perspectiva de género para ganar una a una las batallas por una vida sin violencia para niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores.
