Serpientes y escaleras - Y puede volver a pasar

Lo ocurrido en el penal de alta seguridad de Atlacholoaya fue muy grave…

Y puede volver a pasar

La crisis que se desató esta semana en el penal de alta seguridad de Atlacholoaya exhibió una vez más el profundo problema que viven todas las cárceles del país, incluyendo las que se encuentran en el Estado de Morelos. Siete muertos, una evidente manifestación de fuerza y la existencia de un autogobierno solapado por las autoridades penitenciarías fue el saldo de dos días de amotinamiento y actos violentos entre reos. Lo que pasa al interior de ese centro penitenciario está mal, pero no es diferente a lo que ocurre en otros presidios mexicanos.

Hay distintas maneras de analizar lo que sucedió en Atlacholoaya y en todas, la conclusión es una: las cárceles no sirven para la reinserción social, no funcionan de acuerdo con la norma, tienen autogobiernos, potencializan la criminalidad de los internos y sirven como centro de operaciones de distintos grupos delictivos. Vamos por partes:

El Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya Morelos fue concebido como una cárcel federal de alta seguridad para 1 mil 800 reos, sin embargo, actualmente alberga a más de 2 mil 600; la seguridad del lugar está a cargo de 80 custodios que operan dentro y fuera del penal, es decir, los que conviven directamente con los internos y los que se ubican en el exterior realizando labores de patrullaje y revisión de autos.

El problema que enfrenta Atlacholoayano es solo la sobrepoblación que hay, sino que a la vuelta de algunos años (ese penal comenzó a operar en el año dos mil con 1,670 reclusos) la población ha crecido exponencialmente y los conflictos generados en casi dos décadas han mostrado graves y constantes fallas de operación y de seguridad.

El hacinamiento criminal y la falta de cumplimiento de las normas de control y vigilancia han derivado en lo que actualmente vemos: sobrepoblación, carencias y falta de capacitación y de personal; en paralelo se han creado redes de corrupción y un autogobierno que desde hace años ha convertido al centro penitenciario en una escuela para delincuentes, en un centro de operación de grupos criminales y un permanente dolor de cabeza para el gobierno estatal.

Desde ningún ángulo la cárcel de Atlacholoaya ha logrado cumplir con su objetivo, porque a pesar de que en teoría se trata de una cárcel de alta seguridad con (según) los más altos niveles de equipamiento tecnológico y programas de reinserción, en distintas ocasiones se han registrado motines, asesinatos dentro de las instalaciones y fuga de reos, sin contar con que desde dentro se planean actos delictivos y se dirigen grupos criminales.

Las imágenes de lo que ocurrió durante el motín fueron grabadas y compartidas en redes sociales por los propios reclusos, lo cual confirmó lo que ya era sabido: además de armas, los internos tienen teléfonos celulares y permanente conexión a internet; desde la cárcel los reclusos están enterados de todo lo que sucede en el exterior, pero también tienen acceso a instrumentos que les permiten seguir actuando y colaborando con grupos criminales, cometiendo extorsiones y ordenando actos violentos.

Lo que pasa en la cárcel de Atlacholoaya en Morelos no es distinto a lo que ocurre en otros centros penitenciarios de México; igual que en casi todos los demás, el de Morelos no sirve como un canal de reinserción social, más bien funciona como una escuela del crimen en donde muchos de quienes ingresan por un delito menor se transforman en delincuentes profesionales o en muchos casos son reclutados por grupos delictivos.

Todo lo anterior no es ajeno a los ojos de las autoridades, por el contrario, en muchas ocasiones son los propios directivos de las cárceles los que promueven este tipo de situaciones, los que validan la operación de los autogobiernos y por supuesto los que se benefician de los recursos económicos que deja este tipo de hechos.

Lo que vimos el miércoles en el penal de Atlacholoaya fue muy grave desde todos los ángulos: por la muerte de siete personas, pero también por la forma como durante dos días consecutivos las autoridades penitenciarias fueron rebasadas por los reclusos. Una y otra vez los internos tomaron el control del presidio, persiguieron, golpearon, decapitaron y asesinaron a quienes quisieron y regresaron el control al gobierno en el momento en que lograron sus objetivos. Así como lo hicieron esta semana, en cualquier momento lo pueden y lo volverán a hacer.

El motín en la cárcel de alta seguridad de Morelos fue nota nacional por las imágenes que compartieron los propios reclusos, por la manera como reaccionó la autoridad y sobre todo por la forma tan violenta como terminaron las cosas. El tercer día nuevamente hubo tensión en el penal, aunque en esa ocasión se trató del reclamo de los custodios que se negaban a regresar a trabajar por el temor de sufrir represalias y por los bajos salarios y prestaciones que reciben.

Si alguna lección debe dejar a la administración de Cuauhtémoc Blanco lo ocurrido esta semana en la cárcel más grande del estado, es la necesidad de revisar a fondo la manera como están operando los reclusorios de la entidad y la vulnerabilidad de la seguridad en todos y cada uno de ellos. Lo que paso en Atlacholoaya se puede repetir en cualquier penitenciaría en cualquier momento, por el simple hecho de que en ninguna se cumplen los protocolos de seguridad, porque hay una evidente colusión entre autoridades y criminales y porque no se cuenta con el personal necesario (en cantidad y capacidad) para garantizar el correcto funcionamiento de esos lugares.

Si en verdad este gobierno quiere actuar de manera correcta, lo primero que debería hacer el gobernador es analizar la permanencia del titular del sistema penitenciario de Morelos (con antecedentes laborales en el Veracruz de Javier Duarte, por cierto), para tener la certeza de que un área tan delicada, peligrosa y vulnerable, se encuentra en las manos correctas.

Si no hacen nada y dejan las cosas como están, en algún tiempo volveremos a ver una crisis igual o mayor.

• posdata

Hace un par de días el ex rector de la UAEM Alejandro Vera Jiménez solicitó y obtuvo protección de la justicia federal para evitar ser detenido por cualquier autoridad en el caso de la denominada Estafa Maestra.

Desde hace años Vera Jiménez está en la mira de autoridades locales y federales, enfrenta varios procesos judiciales y luego del encarcelamiento de Rosario Robles se abrió de par en par la posibilidad de que sea llamado a cuentas y privado de su libertad, de ahí su urgencia por ampararse.

Lo ocurrido en la Universidad de Morelos en la trama de la Estafa Maestra es muy complejo e involucra a varios personajes, empezando por el también exrector Gerardo Ávila y Wistano Luis Orozco García; este último fue el encargado de los procesos de licitación, adjudicación y contratación que se hicieron con las empresas subcontratadas para suministrar utilitarios para Cruzada Contra el Hambre.

Hoy el ex rector de la máxima casa de estudios de Morelos se encuentra en calidad de indiciado en la acusación que recae en contra de la UAEM por la presunta participación en el desvío de más de 22 millones de pesos, en el año 2014.

“Estoy en calidad de indiciado por lo que he aportado y sigo aportando las pruebas que tenemos por parte de la Sedesol, en el sentido que se cumplió cabalmente con los contratos. Estoy presentando la información, toda vez que en los convenios que yo firme quedó claramente estipulado que era la Sedesol la que se haría cargo de la supervisión de los trabajos y del cumplimiento, ellos tenían que reportar para que se tomaran las medidas conducentes” dijo hace algunas semanas el entonces titular del Consejo de Ciencia y Tecnología del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

A pesar del amparo obtenido para no ser encarcelado, la probabilidad de que las cosas se le compliquen a Vera Jiménez es muy alta debido a que en esa investigación hay ya varios exfuncionarios sujetos a proceso y acciones muy avanzadas de parte del gobierno federal en su contra. Eso y que entre los acusados existe la idea de que Alejandro Vera se quiere lavar la cara con ellos, que evade sus responsabilidades y quiere echar la culpa a sus subalternos.

“Yo les otorgue poderes y me sorprende mucho que Gerardo Ávila haya firmado los contratos con las empresas, no tenía porqué haberlos firmado porque el licenciado Wistano Orozco fue el que llevó a cabo todo los procesos licitatorios y el que se encargó, como responsable técnico, del cumplimiento de estos contratos”

Pero más allá de deslindes y justificaciones, lo que el Gobierno de México realiza en este tema va mucho más allá de lo que personalmente piensa el exrector Vera; si la lógica que se ha aplicado en otras instancias investigadas por el mismo tema prevalece, en la Universidad de Morelos habrá sanciones muy fuertes para todos los que participaron en el tema, desde aquellos que se encargaron de llevar a cabo los procesos de licitación, de adjudicación y de contratación, hasta quienes estuvieron al frente de las instituciones que se prestaron a blanquear el dinero.

La situación de Vera Jiménez en el caso de la Estafa Maestra es muy frágil, porque como titular de la UAEM conoció de principio a fin el tema y estaba obligado a supervisar los procesos y a reportar cualquier anomalía; además fue él quien creo una oficina especial para sacar este tema y también fue él quien personalmente nombró a Wistano Orozco como encargado de todos los procesos.

El exrector sabe que su situación ya es muy complicada y por eso ayer renunció al cargo que tenía en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. En el gabinete estatal ya se sentían incómodos con la presencia de Alejandro Vera porque saben que el caso de la Estafa Maestra lo va a alcanzar y no quieren que cuando la bomba explote siga formando parte de esta administración.

Vienen momentos muy complicados para el exrector.

• nota

No todo fue malo en la crisis que se desató con el motín registrado en el penal de Atlacholoaya; más allá del momento y los lamentables hechos en los que siete personas perdieron la vida, llamó la atención la inmediata reacción del gabinete de seguridad y el respaldo total del gobierno federal.

Morelos igual que Veracruz y la Ciudad de México forman parte de un plan piloto de seguridad que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto en marcha para después implementarlo a nivel nacional, de ahí el inmediato respaldo y presencia de fuerzas federales en el motin de Atlacholoaya.

Algo es claro ahora: al Gobierno de México sí le interesa lo que pasa en Morelos y sí va a meter el brazo para que la situación de seguridad mejore.

Ojo: la apuesta es por recuperar la paz, no para apoyar al gobernador. 

• post it

Con la dimisión de Alejandro Vera Jiménez, se sigue desgranando la mazorca política en el gabinete estatal. Uno a uno los funcionarios afines a José Manuel Sanz han ido saliendo de la administración y ya son muy pocos los que quedan y siguen de su lado.

Es hora de que Gerardo Becerra, el principal asesor, amigo y aliado político del ibérico funcionario haga gala de su sapiencia y lo ayude a salir delante de la crisis que enfrenta.

Si no lo hace, llegará el momento en el que lo acompañe a la salida y ambos cerrarán la puerta por fuera.

• redes sociales

¿Lobo estás ahí?

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